El Obispado dice que la vivienda está fuera del convenio urbanístico isleño y que quiso llegar a un acuerdo, pero desde el entorno del matrimonio se habla de «información tendenciosa»
Ildefonso Portillo y Carmen Guerreros, el matrimonio que puede ser desahuciado por el Obispado de Cádiz, en la puerta del convento de San Fernando / Fuente foto ________________
Ildefonso y Carmen han sido porteros del convento de las capuchinas desde 1975. Ella sin cobrar, él unos años y sólo el salario mínimo. A cambio, vivían en la casa adjunta. El 18 de abril se enfrentan a la Iglesia en un juzgado por una orden de desalojo que les persigue desde 2017.
En San Fernando, en la actual calle Constructora Naval, una antigua zona de huertas de la ciudad, se levanta este convento. Fue a finales del siglo XIX cuando el edificio se adaptó para acoger aquí a las capuchinas, monjas de clausura que ocuparon el inmueble y su enorme jardín. Las ayudaban vecinos de la ciudad, hasta que la portería se quedó vacía. Los padres de Ildefonso se enteraron y fueron a hablar con las monjas para asumir esa tarea, pero ellas los vieron demasiado mayores. Lo que necesitaban eran manos jóvenes. Y entonces les hablaron de su hijo y su nuera, de Ildefonso y de Carmen, él con poco más de 20 años, y ella recién cumplida la mayoría de edad.
Los terrenos que ocupa el campo santo son propiedad de un particular, al que el obispado se los vendió por casi 10 millones de pesetas, que se jubila a final de mes y que por el momento rechaza las ofertas del Ayuntamiento para hacerse con los terrenos.
Vecinos concentrados a las puertas del camposanto. Al fondo, en el centro, Rubén Andrés, durante su intervención. | L.N.E. / David Orihuela ______________
El cementerio de la localidad de El Entrego (Asturias) presenta una singularidad que lo hace único en España. Es un camposanto privado, pero que no nació bajo esa concepción sino que fue vendido. Los tres mil nichos, en la situación actual, se levantan sobre terrenos de la sociedad La Solana Asturiana S.A., después de que ésta los adquiriese a la Iglesia en 1993, junto con la concesión de explotación del cementerio, por un precio alrededor de diez millones de pesetas (previamente la Iglesia había registrado como suyos –aquello de las inmatriculaciones– los tres terrenos que iba a vender).
El administrador único de la sociedad se jubila y si no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento el cementerio se cerraría. Y ya hay una fecha límite, el próximo 31 de marzo. Quedarían dentro los 3.000 nichos actuales.
Desde el primer momento los vecinos estuvieron en contra de la venta que, además, incrementó el coste de los servicios. La privatización del cementerio tuvo sus consecuencias. Para el vecindario, «Vendían los nichos como si fueran oro» y había que abonar a la empresa una cantidad al año, y para el Ayuntamiento: en 2004, la Solana denunciaba al Ayuntamiento de San Martín por no hacerse responsable de reclamar el impago de los nichos a los vecinos endeudados. Tres años después, el juez condenaba al gobierno local a abonar la cantidad de 104.903 euros, a los que se sumaron mil más de intereses legales.
El juicio por la demanda de desalojo solicitada por la diócesis se dirimirá un año después del anuncio de la compraventa del monasterio de las Capuchinas en San Fernando para construir viviendas y una residencia de mayores.
Carmen Guerrero e Ildefonso Portillo, delante de su vivienda desde hace 49 años, como porteros del convento de las Capuchinas de San Fernando / Cedida a Público ____________
Un matrimonio mayor, de 68 y 72 años, se enfrenta este jueves a un juicio en el que el Obispado de Cádiz y Ceuta pide que sea desahuciado de la vivienda que ocupa desde hace 49 años en el convento de las Capuchinas de San Fernando, un alojamiento del que disfrutaban a cambio de su trabajo como encargados de la portería, limpieza y mantenimiento del edificio. «Es muy triste que te echen así y más si la que lo hace es la Iglesia», han dicho a Público los demandados.
La vista oral del juicio por desahucio se celebrará, además, tras el acuerdo que hace un año anunciaron el obispado, como dueño del convento que las monjas abandonaron en 2017, una promotora inmobiliaria y el Ayuntamiento de San Fernando para construir, en los más de 7.000 metros cuadrados que ocupa el monasterio en el centro de esa localidad gaditana, viviendas de renta libre y de protección, una residencia para personas mayores y zonas verdes, y ceder la capilla al Consejo Local de Hermandades y Cofradías para convertirla en su sede administrativa.
La Venerable Orden Tercera de San Francisco, propietaria de más de 300 inmuebles en Madrid, sigue sin desconvocar un desalojo previsto para este lunes en Lavapiés, ya detenido en los tribunales. Mariano, el afectado, quiere volver a pagar y también está dispuesto a irse si es con una alternativa habitacional
Mariano (de chaqueta verde y sin chaleco en el centro de la imagen) celebra junto al Sindicato de Inquilinas el desalojo no consumado en noviembre de 2022, cuando ya pesó sobre él una orden de desahucio solicitada por los franciscanos / Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ______________
Guillermo Hormigo, El Diario, 11 de febrero de 2024
A sus 65 años y recién jubilado, Mariano pide solo una cosa: “No quedarme en la calle”. Pese a que ha pasado toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el entorno de Puerta de Toledo y en el barrio de Lavapiés, se conforma con una alternativa habitacional ante la amenaza de desahucio que se cierne sobre él desde hace año y medio. Una opción que la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), rebautizada recientemente como la Orden Franciscana Seglar, tampoco le ofrece. De hecho, este lunes 12 podría haberse materializado su desalojo. Por suerte para él, la asesoría del Sindicato de Inquilinas y el trabajo de su abogado de oficio han culminado en una orden de suspensión del lanzamiento en los tribunales.
“Sigo sin dormir tranquilo”, apostilla Mariano en conversación con Somos Madrid. Pese a la resolución judicial, que posterga la expulsión como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2024, la VOT ya prepara un recurso que le permita intervenir antes. No en vano, la entidad religiosa ni siquiera ha desconvocado oficialmente el desahucio de este lunes. “Y eso que nací aquí y en mi familia llevamos 65 años pagándoles”, protesta
La socimi Colonial destaca entre los impulsores del Club Inmobiliario Esade, con 1.500 miembros y dedicado al ‘networking’ y a la búsqueda de oportunidades para antiguos alumnos. IESE, que hace medio año montó su Real Estate Club, programa actos con jefes de Blackrock y Blackstone. Exalumnos de ambas escuelas copan puestos en las altas esferas del sector.
Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial y presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni / AED _________________
«Estamos en un país con una ley de alquiler tremendamente proteccionista con el inquilino, y con procesos de desahucio largos, desprotegiendo al propietario». La frase es parte de un diagnóstico crítico sobre la regulación de la vivienda en España, sobre todo de la ley aprobada la legislatura pasada y llena de «medidas intervencionistas». Quien así habla es Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial, que justo después cierra su intervención reclamando «un buen diagnóstico sin sesgos ni ideologías». Más tarde, en la misma jornada, moderará la mesa redonda para buscar ese diagnóstico sin ideologías Eduard Mendiluce, un hombre clave de Blackstone en España. En la mesa habrá representantes del PP y de las compañías Testa y Aedas, todos críticos con la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
La jornada, celebrada hace medio año, no la organiza Colonial, ni tampoco Blackstone, ni Testa, ni Aedas. La organiza el Club Inmobiliario Esade Alumni.
La indignación del pueblo zaragozano solo fue un ingrediente más de una operación que hizo escala en Marsella en 1928 para llevar las piedras románicas a Boston
Detalle de las arquivoltas de San Miguel de Uncastillo. Museum of Fine Arts de Boston _____________
José María Sadia, El código románico (josemariasadia blog), 28 de julio de 2023
La historia de la portada de San Miguel de Uncastillo, un pueblo de Zaragoza, contiene algunos elementos clásicos de lo que en El código románico denominamos «autoexpolio». Cierto que los vecinos se rebelaron contra la venta del elemento más valioso del templo —en muchos casos, la desaparición del patrimonio pasaría desapercibida a la población—, pero de nuevo existió una concatenación de factores que dieron con las piedras de Uncastillo en Boston: un templo en ruinas, la Iglesia quiere vender, un anticuario compra y, como por arte de magia, la portada románica aparece en el Museum of Fine Arts de Boston.
Puede que el estado ruinoso de San Miguel procediera, como en muchos otros casos, de los decretos desamortizadores de principios del siglo XIX. El caso es que las piedras de la iglesia llegaron maltrechas a la pasada centuria, cuando el espacio se venía utilizando como almacén del Ayuntamiento de la localidad de la comarca de las Cinco Villas. Hubo un interés por la compra en 1915… y el cura del pueblo, Carlos Quintilla, informó al alcalde de la posible venta del templo. Aunque en realidad, como es habitual, dicha venta ya se había producido. Para compartir el «pecado», Quintilla ofreció al Ayuntamiento quedarse con la mitad de la venta —400 de las 800 pesetas recaudadas—, pero ni el alcalde ni el pueblo estaban a favor de cargar con ese peso.
La Roca investiga un edificio de apartamentos en Benidorm propiedad de la Iglesia, que los alquila a turistas a pesar de que en el catastro figura como un inmueble de uso religioso, por lo que no paga el IBI.
La Roca se desplaza hasta un edificio propiedad de la Iglesia situado en primera línea de playa en Benidorm. Aunque está inscrito para uso religioso, sus apartamentos con vistas al mar en realidad se alquilan a turistas. «Lo alquila el vicario de aquí», confirma a La Roca una huésped, que explica que lleva veraneando allí más de dos décadas. ¿El precio? «Una quincena, 800 euros, julio y agosto más caro», precisa.
Asunción Villaverde, portavoz de la asociación Europa Laica, denuncia que «están haciendo una competencia desleal«. «Hay gente que está de vacaciones y en lugar de pagar el alquiler, lo que paga es una donación«, expone, indicando que «después se la deduce de la declaración de la renta».
Para ahorrarse impuestos, señala, «lo que hacen es poner un altar en una de las habitaciones y con eso ya se registra como vivienda que está dedicada al culto para eximirse de pagar el IBI«. «Es una de las muchas trampas que hace la Iglesia para no pagar impuestos que pagamos todos los demás», asevera.
El Juzgado 28 de Madrid califica provisionalmente los hechos tras años de investigación
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31 de mayo de 2023
Antecedentes
El proceso judicial para investigar las operaciones realizadas por el patronato de varias fundaciones civiles y canónicas vinculadas a la archidiócesis de Madrid sigue su curso, y, según informa Religión Digital, Antonio Chávarri y su cúpula, han sido acusados de «estafa agravada» y «corrupción entre particulares».
Hablamos de una trama inmobiliaria a través de, principalmente, tres fundaciones, tuteladas por el arzobispado, con operaciones inmobiliarias que aglutinan enajenaciones de 18 edificios. Todas pertenecen a fundaciones tuteladas por el arzobispado y juntas han sumado un monto de más de 100 millones de euros. Se trata de la Fundación Fusara, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio y la Fundación Padilla.
El bufete del Grupo Chavarri hizo de intermediario en todas las operaciones de venta de las fundaciones. Y, según los documentos a los que ha accedido El País obtuvo comisiones millonarias por todas las enajenaciones.
El caso se disparó por la denuncia de los vecinos afectados por la venta de 14 bloques ubicados en el centro de la capital con cerca de 200 familias por 74 millones de euros a un entramado de empresas que terminan en el domicilio de la hermana de Alejando Agag; y de la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores gestionada por una fundación religiosa en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, una de las zonas más cotizadas de la capital, en dos procesos opacos y judicializados.
En la trama se ha visto involucrado el cardenal Osoro al que habían demandado, en su calidad de patrono de las fundaciones, por varios de los acusados.
La fundación eclesiástica que gestiona la sede, que casi duplicó su presupuesto inicial y recibió 2,7 millones públicos, oculta las estadísticas de visitantes y el recuento de actividades, entre las que ha habido congresos, cócteles y hasta cumpleaños privados
Poco más que paneles se pueden visitar en el amplio interior del museo de Semana Santa de León ___________
Cualquiera que acuda estos días, en la época de oro por excelencia del turismo en León capital, como es la Semana Santa, al Museo Diocesano proyectado para mayor gloria de la Pasión de cofradías y hermandades en la ciudad, comprobará que se trata de un museo prácticamente vacío. Y no sólo ahora, también la mayor parte del año.
La situación contrasta con eventos bastante multitudinarios que esta sede ha sumado en sus cerca de tres años de vida, desde su inauguración oficial en julio de 2020, tales como entregas de premios y eventos de medios de comunicación, cócteles y vinos españoles de congresos, eventos de comercio electrónico, la festividad nacional de la Guardia Civil (con polémica histórica también de calado nacional incluida) e incluso un lujoso cumpleaños privado de un empresario de la ciudad, como ha podido contrastar ILEÓN.
De un modo u otro el arzobispado de Oviedo está decidido a hacer negocio con un edificio ruinoso.
Infografía presentada por el Arzobispado ________________
Ignacio Fernández del Páramo, Nortes, 8 de enero de 2023
Era el año 2017 cuando la Consejería de Cultura del Principado de Asturias envió un informe demoledor al Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu poniendo fin a las pretensiones del arzobispado de rehabilitar la casa rectoral frente a Santa María del Naranco. La Consejería esgrimía tajantemente que “la casa parroquial compite en presencia con el palacio prerrománico” y por lo tanto se incumplía el artículo 58 de la Ley de Patrimonio Cultural que determina que “en los entornos de protección delimitados, las intervenciones y los usos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área, ni perturbar la contemplación del bien”. El informe iba mucho más allá y alertaba de la posibilidad incluso de la perdida de la catalogación como Patrimonio de la Humanidad que es evaluada cada cinco años por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO y por lo que no cabía la colocación de un edificio a menos de 100 metros del monumento prerrománico, dado que “una alteración en el entorno de estos dos bienes (Santa María y San Miguel) que este comité considere grave podría derivar en la exclusión de los mismos de esta categoría”. Por si esto fuera poco, el informe continuaba recordando que el Plan Especial del Entorno, así como en el Plan General de Ordenación actual, señalaban que el edificio debía de demolerse pues era necesaria la “eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que no cumplen con una función directamente relacionada con el destino o características del bien y supongan un deterioro de ese espacio”, recordando también que se pretendía edificar sobre suelo designado como “zona verde” y por lo tanto no urbanizable.
Posted by asturiaslaica 
