Asturias: Educación suscribe un convenio con la Facultad, privada y confesional, Padre Ossó

junio 18, 2019

Rueda de prensa/ Firma convenio Educación -Facultad padre Ossó / Foto Europa press

18 de junio de 2019

El Consejero de Educación en funciones del Principado de Asturias se despide de su cargo permitiendo que una entidad privada y confesional como la Facultad Padre Ossó, (nacida como Facultad de Magisterio de la Iglesia y adscrita a la Universidad de Oviedo), entre con sus terapeutas y educadores sociales en las aulas de la Escuela Pública.  Entre los objetivos de este convenio, además, tal y como señala el Consejero en rueda de prensa, está la Formación Permanente del Profesorado.

¿No existen acaso profesionales públicos que trabajan sobre violencia de género, acoso escolar, xenofobia o inclusión? ¿No existe una Facultad de Formación del Profesorado pública?  ¿Por qué, entonces, el Consejero ve necesario “concertar” con una Facultad confesional privada cuya Junta de Titularidad la componen el Arzobispado y el Seminario de Oviedo y en la que “el Departamento de Pastoral y Voluntariado constituye también una pieza importante del centro y es fiel reflejo de [su] identidad cristiana”?

Difícil avanzar hacia una Escuela Pública y Laica con estos mimbres.

Audio rueda de prensa
Fuente

Noticia en Europa Press,

La Facultad de Formación del Profesorado Padre Ossó de Oviedo ha suscrito un convenio de colaboración con la Consejería de Educación por el cual pondrá a disposición de los centros educativos públicos y concertados asturianos la figura de un terapeuta ocupacional y de un educador social a partir del próximo curso.

La intención de este proyecto es atajar la problemática vinculada a las relaciones entre los alumnos en la educación Infantil y Primaria, y en concreto tratar aspectos como el acoso escolar, el bullying, la violencia, conductas racistas y xenofóbicas o los problemas de inclusión de alumnos con discapacidad.

El consejero de Educación en funciones, Genaro Alonso, y el decano de la facultad, José Prieto, han firmado en una rueda de prensa este convenio, que persigue además ahondar en la formación del profesorado y el desarrollo de programas de innovación e investigación en centros.

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PP y Ciudadanos empiezan a mimar la educación católica en Andalucía

junio 3, 2019

La escuela concertada gana peso en la Comunidad a costa de la pública en el proyecto de presupuesto para este año

De izquierda a derecha: Juan Marín (Cs), Juanma Moreno Bonilla (PP) y Francisco Serrano (Vox) / Fuente

Ya en enero de este año Raúl Bocanegra, apuntaba en un artículo las consecuencias que el cambio político supondría en Andalucía favoreciendo los negocios de las farmacéuticas y los negocios educativos de la iglesia católica. Hoy, son estos últimos, los que centran el análisis del artículo que señala también el amplio margen de maniobra que aún tiene el gobierno andaluz para seguir incrementando el presupuesto de la escuela católica.

Raúl Bocanegra, Público, 3 de junio de 2019

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos ha empezado ya a mimar en Andalucía -aunque por el momento, de manera tímida- la educación concertada, que en su inmensa mayoría gestiona la Iglesia Católica, tal y como pactaron ambos partidos en su Acuerdo de Gobierno, y el PP con Vox en su acuerdo de investidura.

El aumento relativo de la inversión en educación concertada, del 5,2%, que prevé el proyecto de presupuestos para 2019, es mayor que el incremento total del gasto en educación, del 2,4%, y también ligeramente mayor que la subida total del propio presupuesto, del 4,9%.

Por tanto, este año la escuela concertada gana peso a costa de la pública -en concreto, tres décimas- y pasa del 10,7% al 11% del gasto público total en educación, incluyendo las universidades. Lee el resto de esta entrada »


La enseñanza en los debates electorales. Libertad de elección y enseñanza concertada

mayo 23, 2019

Antonio Gómez Movellán, Público, 23 de mayo de 2019

Desde estas páginas ya habíamos denunciado que los partidos políticos, en sus programas electorales, habían abandonado la cuestión del laicismo y particularmente su antigua promesa de denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, algo que es condición indispensable en la hoja de ruta del laicismo en nuestro país. Esta denuncia tuvo cierto eco en los medios de la izquierda y quizás tuvo algún efecto ya que Pablo Iglesias, en el debate de la televisión pública, echó en cara este abandono al PSOE (sorprendente porque en el programa electoral de Podemos también se había obviado) y

Pedro Sánchez, en una entrevista concedida al diario El País, el día 26 de abril, interrogado acerca del abandono de la denuncia del concordato declaró: “Se pueden formular de otras maneras los mismos objetivos. Cuando nosotros hablamos de aprobar una ley de libertad de conciencia estamos hablando de que no hace falta tener acuerdos con terceros países. Por tanto, de facto estamos hablando de denunciar esos acuerdos”.

En estas elecciones municipales y regionales la cuestión del laicismo se ha abordado de otro modo y aunque no haya sido un elemento de confrontación electoral si ha habido promesas, por parte de algunos candidatos de la izquierda, de desvincular a los ayuntamientos de un simbolismo oficial católico mientras los partidos de derecha han reivindicado la tradición religiosa católica como parte de la nación política.

Pero el debate verdaderamente estrella para la derecha ha sido la enseñanza y la defensa de la libertad de educación. Ha sido uno de los temas de mayor confrontación en los debates electorales municipales y regionales. Cuando en los debates se llega a este asunto, la izquierda, extrañamente, se siente incómoda.  Así, por ejemplo, en el debate televisado para la Comunidad de Madrid, Gabilondo, el candidato del PSOE, se limitó a tranquilizar, una y otra vez, sobre la garantía de la financiación de la escuela concertada mientras los líderes de Ciudadanos, el PP y Vox echaban en cara al PSOE que su llegada al gobierno con los “comunistas” de Podemos podría poner en peligro real un derecho, según ellos, constitucional. Y eso que la candidata de Podemos se mantuvo, en este asunto, en un perfil bajo, desviando toda la atención hacia la privatización de la sanidad, pero también evitando entrar en el debate de la enseñanza concertada ya que en Madrid tiene mucho impacto, representando la misma cerca del 40% de la escolarización. Lee el resto de esta entrada »


#YoElijo / Desmontando el lobby católico de la concertada valenciana

febrero 14, 2019

A cuatro meses de las elecciones valencianas, el lobby católico valenciano ha puesto en marcha una nueva campaña a favor de la enseñanza concertada y privado religioso con el ultraconservador Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, como cabeza visible. EL TIEMPO enumera toda una red de influencia conformada por asociaciones de padres de alumnos vinculadas a movimientos integristas, patronales de colegios propiedad de familias de poder valencianas, universidades privadas ligadas al neoconservadurismo español y diócesis favorables a congregaciones ultracatólicas.

Símbolos de la campaña #YoElijo, impulsada por la concertada y privada religiosa | #YoElijo

Moisés Pérez, El Temps, 14 de febrero de 2019

Con una indumentaria sobria y sin lucir la fastuosa capa roja de los acontecimientos sagrados a su calendario diocesano, el Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares , quería resucitar la batalla de los colegios concertados y privados de carácter religioso contra el Consejo. Conocido en la curia como el pequeño Ratzinger -en referencia a su admiración por el anterior papa, Benedicto XVI – y nacido en el seno de una familia franquista, Cañizares enfundarse el alzacuello más ultraconservador. «En estos momentos, la mayor amenaza de la humanidad es la ley de género, la enseñanza de género, la ideología de género», pronunció en la Facultad de Teología de Valencia . «Donde nos conduce todo esto? Al deterioro de nuestra humanidad. Sin hombres no hay sociedad, no hay convivencia », remataba a modo de respuesta contraria a la igualdad entre hombres y mujeres y al emergencia feminista .

El arzobispo, que en ocasiones anteriores había cargado contra las personas migrantes o el colectivo LGTBI , se enfadaba con las políticas educativas del Gobierno valenciano. Sin especificar a qué ley hacía mención, el prelado tildaba de «liberticida, de corte estalinista, que impone dictatorialmente la ideología de género en todos los niveles de la educación y que penaliza claramente las instituciones y escuelas de diversos cursos» una normativa aprobada por las Cortes Valencianas. «Si la educación depende del Estado, no saldremos de la dictadura», expresaba parafraseando supuestamente el ex presidente español y franquista reconvertido a democristiano Adolfo Suárez.

Aquellas afirmaciones se pronunciaron las hace poco más de una semana en la presentación de la campaña #YoElijo, impulsada por los 730 colegios que se integran a las patronales de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL) ya las escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana.Una iniciativa en defensa del modelo de educación privada y concertada a la que se sumaban la Universidad Católica de Valencia (UCV), la Universidad CEU Cardenal Herrera, las tres diócesis del País Valenciano, la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de alumnos valenciana, la Federación Católica de Padres de alumnos de Valencia y el mismo arzobispado. Toda una red de influencia con conexiones con los movimientos más integristas, familias de poder valencianas y factótums del neoconservadurismo autóctono y español.

Los patrones de la enseñanza religiosa

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Segregación, cuotas y ventajas fiscales: los limbos legales de la enseñanza concertada

febrero 12, 2019

Público, Eduardo Bayona, 12 de febrero de 2019

La enseñanza concertada flota en un marco legal mutante desde su implantación a mediados de los años 80, cuando, en menos de seis meses, la elección de “centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos” para escolarizar a los niños paso de ser una “capacidad” de los padres a convertirse en un “derecho” )” que unos años después acabaría de perfilar el Supremo al dictaminar que carece de “carácter secundario o accesorio (…) para suplir las carencias de la enseñanza pública”, cuando ese era, precisamente, el motivo por el que se puso en marcha.

Ya desde entonces, el tratamiento legal de la enseñanza concertada en las edades de escolarización obligatoria ha generado numerosas polémicas, algunas de ellas cronificadas mientras otras llevan camino de estarlo.

¿Debe subvencionarse colegios que segregan a los niños por sexo?

La ley dice que sí, que no hay ningún problema por mucho que resulte chirriante en el mismo Estado cuya Constitución consagra la igualdad y veta la discriminación. Treinta y cinco años después, en 2013, la Lomce estableció que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos” y que eso en ningún caso podría conllevar “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos”.

El Tribunal Constitucional y el Supremo han avalado en varias ocasiones esa tesis y han obligado a comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Cantabria a financiar la actividad de colegios segregacionistas, algo que no ocurría antes de la Lomce y que en este curso se da en 87 centros: todos ellos religiosos, buena parte propiedad del Opus Dei y más de la mitad concentrados en Madrid (18), Catalunya (16) y la Comunitat Valenciana (15), que son los tres grandes feudos de una concertada que poco a poco gana terreno a la pública y a la privada.

“Separar a niños y niñas en las aulas solo sería justificable si hubiera que aplicar currículos distintos, pero eso es discriminatorio e injustificable”, sostiene Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza Privada de CCOO, partidario de dejarlos al margen de los conciertos: “no se pueden utilizar fondos públicos para segregar por ningún motivo”.

“Aunque sean cada vez menos, es inadmisible que se sigan subvencionando centros que segregan”, anota Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y madres de Alumnos), mientras Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de UGT, defiende “lacoeducación, donde niños y niñas estudian juntos”, e invita a los centros segregacionistas a abandonar ese modelo.

“La educación es el ámbito ideal para promover cambios que acaben con la discriminación”, añade Ocaña, que reclama destinar los fondos que ahora reciben esos centros “a mejorar la financiación del resto de la concertada”.

¿Cómo se calcula la cuantía de un concierto?

De manera discrecional en cada comunidad a partir de los módulos base que se incluyen cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Eso hace que, por ejemplo, gobiernos como el de Aragón referencie los suyos directamente a esas cifras ante la falta de cuentas propias mientras otro como el de Madrid supera los 54.000 por aula de Infantil, los 55.000 en Primaria y los 70.000 en Secundaria, conun mínimo de 15.000 por encima del nivel estatal en cada una de las etapas.

Ahí, en la valoración de los módulos, se encuentra otro de los limbos legales de la concertada. “Desde 1986 se han ido actualizando en función de las previsiones del IPC, que no siempre acertaban”, señala Ocaña. Tanto él como Gualix recuerdan el incumplimiento de la disposición adicional 29 de la LOE (Ley Orgánica de Educación, de 2006), de crear una comisión con “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”.

“Esa mesa no se ha vuelto a reunir desde 2011, y es muy importante que se componga para determinar la financiación y evitar los vaivenes políticos. Calcular y planificar es la clave para cerrar algunos debates interesados”, anota Gualix, que apunta que “un centro no puede estar esperando cada cuatro años a ver qué pasa”.

¿Cómo se regulan las cuotas-donativo?

Los pagos de las familias a los centros carecen de una regulación específica, aunque tampoco la necesitan. El hecho de que algunos colegios les den el mismo tratamiento fiscal que a los donativos a fundaciones ha llevado a Hacienda a advertir de que se trata de una ilegalidad que obliga a realizar declaraciones complementarias para devolver las deducciones indebidas (el 75% de los primeros 150 euros y el 30% del resto) que las familias se han aplicado en las últimas cuatro declaraciones del IRPF: esa bonificación procede cuando se trata de un donativo sin esperar nada a cambio, pero no cuando corresponde al pago de un servicio, por mucho que se camufle bajo la apariencia de una donación a la fundación de la que depende el centro.

“Los centros sostenidos con fondos públicos no pueden cobrar cuotas”, señala Ocaña, para quien “la Administración debería garantizar una enseñanza gratuita. Sin embargo, al no estar actualizados los módulos surgen las cuotas: la financiación inadecuada es la excusa perfecta para que las empresas las cobren y para que las administraciones miren hacia otro lado”. “Las cuotas acaban generando discriminación y segregación del alumnado –añade-; es una forma de escogerlo”.

¿Cuánto dinero suponen las cuotas? Resulta prácticamente imposible determinarlo. Un estudio de Ceapa concluye que su pago solo es voluntario en el 9% de los colegios, frente a la obligatoriedad en otro un 63 % y la exclusión del niño de las actividades a las que está vinculado en otro 21%, y sitúa su media en 159 euros mensuales, lo que vendría a suponer algo más de 3.000 millones de euros y una deducción media de 544 por contribuyente en el IRPF, aunque no todas las familias se la aplican.

“Lo que sí vemos año tras año es que las cuotas van subiendo”, anota Cardenal.

¿Tiene beneficios fiscales la enseñanza concertada?

Los colegios gestionados a través de fundaciones, a menudo vinculadas a instituciones eclesiásticas como órdenes y compañías, disfrutan de la exención de impuestos municipales como el IBI, que arroja cifras millonarias al cabo del año en todo el país.

Sin embargo, eso no ocurre con los que gestionan empresas o cooperativas, que tienen el mismo tratamiento que cualquier otro negocio y que tampoco acceden a las ventajas tributarias de reserva para las fundaciones la Ley de Mecenazgo, que declara exentas del impuesto de Sociedades “las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres años”.

Esa diferencia formal en la dependencia societaria tiene un impacto directo en las cuentas de explotación.

¿Por qué la iglesia accede a conciertos en un Estado aconfesional?

Es uno de los aspectos regulados en los acuerdos jurídicos que el Gobierno de UCD y el Vaticano cerraron en 1979, y que obligan a España al tener la misma consideración que un tratado internacional. Su artículo XIII establece que “los centros de enseñanza de la Iglesia, de cualquier grado y especialidad, y sus alumnos, tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a centros no estatales y a estudiantes de tales centros, de acuerdo con el régimen de igualdad de oportunidades”. Se firmó seis años antes de que la legislación española abriera la puerta a la concertada.

Lagunas en materia de personal

Los sindicalistas consultados llaman la atención sobre algunos aspectos de la enseñanza concertada cuya regulación en susceptible de retoques. Por un lado, la posibilidad de conveniar el Bachiller, que solo se da en alguna comunidad como Catalunya o con centros que en su día fueron delegaciones de institutos de secundaria, así como la eliminación de las diferencias en el pago del salario, que corre a cargo de la Administración para el profesorado mientras el resto del personal cobra del colegio. Y, por otro, la mejora de la transparencia para difundir las ofertas de empleo de esos puestos con salarios públicos y, también, establecer la posibilidad de perder un concierto en caso de despido improcedente de un trabajador.


Sobre el Anteproyecto de la nueva ley educativa entrevista a Antonio Gómez Movellán en la RTPA

diciembre 7, 2018

7 de diciembre de 2018

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica

A propósito de algunas de las modificaciones previstas en el Anteproyecto de Ley que explicaba la Ministra Isabel Celáa en la Comisión de Educación el pasado 28 de noviembre y que afectan a temas como la asignatura de Religión, la segregación escolar o las subvenciones a centros privados, en el informativo de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), del 6 de diciembre, 2º edición, entrevistan al presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán.

Audio

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La Iglesia pelea para no perder influencia en la educación, un negocio de 4.866 millones al año

diciembre 4, 2018

La Iglesia contrata, controla y despide a los profesores de Religión, pero es el Estado quien los paga; cuánto dinero público total se emplea en esta partida se desconoce.

Daniel Sánchez Caballero / Jesús Bustamante. eldiario.es, 4 de diciembre de 2018

La Iglesia atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea (aunque no necesariamente paga) a 102.476 profesionales en los 2.591 centros educativos que controla, la inmensa mayoría a través de la organización Escuelas Católicas. Dicho de otro modo, casi uno de cada cinco jóvenes escolarizados en España en etapas no universitarias (más del 18%, en concreto) acude a un colegio católico concertado

Este porcentaje del alumnado que manejan los centros católicos, junto a los pagos a sus empleados, muchos de los cuales realiza el Estado, se traduce en que la Iglesia Católica recibe cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos. Un bocado considerable al que no está dispuesta a renunciar.

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