El Gobierno de Asturias fía la formación sobre género del profesorado a una facultad de la Iglesia

El consejero de Educación, ya a punto de ceder el cargo, firma un convenio de 4 años con Padre Ossó para formar sobre “diversidad” y “violencia de género”.

Página web de la Facultad Padre Ossó.

Página web de la Facultad Padre Ossó.

Ángel Munárriz, InfoLibre, 19 de julio de 2019

El Gobierno del Principado de Asturias (PSOE) ha confiado a una facultad de la Iglesia católica la formación del profesorado para la “atención a la diversidad” y la prevención de la “violencia de género”. El consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, Genaro Alonso, firmó el 17 de junio un convenio de colaboración con el decano de la Facultad Padre Ossó, José Prieto, para el “desarrollo de actividades educativas de atención a la diversidad en los centros docentes financiados con fondos públicos”, es decir, públicos y concertados.

El convenio establece que ambas instituciones –la consejería y la facultad– trabajarán “por la equidad, la inclusión y la respuesta a la diversidad” mediante la formación del profesorado y los programas de innovación.

CCOO, el Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA), el Movimiento Social Por la Escuela Pública de Asturias (Msepa), Asturias Laica e Izquierda Unida han criticado con dureza la firma del convenio, que tiene una vigencia de cuatro años pese a estar suscrito por un consejero en situación de provisionalidad, con el parlamento autonómico disuelto, ya que las elecciones se celebraron el 26 de mayo. Aún no ha sido elegido el nuevo presidente, que tendrá que formar un nuevo gobierno. Previsiblemente será el socialista Adrián Barbón, en sustitución de su compañero Javier Fernández. El consejero Alonso ha afirmado que no repetirá en el cargo, pese a lo cual ha dejado firmado un convenio para cuatro años. 

“Prioritariamente –señala el convenio– se tratará de programas que aborden alguna o algunas de las siguientes materias: el absentismo, la resolución de conflictos, la educación para la salud, la prevención de conductas xenófobas y racistas, la violencia de género, el acoso escolar y la inclusión de jóvenes con discapacidad”. InfoLibre preguntó a la Consejería de Educación y Cultura por qué no había una referencia expresa en el convenio de las conductas homófobas o, más ampliamente, contra la diversidad sexual. No hubo respuesta.

El arzobispo Jesús Sanz, presidente del patronato de la facultad, es un notorio detractor de la “ideología de género” y considera el matrimonio gay “falsa progresía”

Facultad Padre Ossó

La Facultad Padre Ossó está ideológicamente marcada por su adscripción religiosa. Incluida por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en su listado de “centros de la Iglesia“, nació en 1965 como Escuela de Magisterio de la Iglesia Padre Enrique de Ossó, bajo la gestión de la Institución Teresiana. José Prieto es el primer decano laico en sus 50 años de historia. “La Institución Teresiana permanece ligada al centro en su pertenencia al patronato de la fundación canónica que lo rige, al que también pertenecen los Escolapios, San Vicente de Paúl […], el Seminario Metropolitano de Oviedo y el Arzobispado”, señalaba la diócesis de Oviedo en 2016.

La Facultad Padre Ossó, un centro privado adscrito a la Universidad de Oviedo, hace gala de su ligazón religiosa. “El Departamento de Pastoral y Voluntariado constituye también una pieza importante del centro y es fiel reflejo de nuestra identidad cristiana”, señala en su web. La facultad, aclara un portavoz de la misma, “responde bajo la razón social Fundación Educativa Padre Ossó“, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

El arzobispo y presidente

El presidente del patronato de la facultad es Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, distinguido por su adscripción al sector más duro del episcopado. En 2012 una carta pastoral de Sanz levantó una polémica en la antesala de las elecciones asturianas al pedir el voto para quienes defienden “la vida humana en todos sus tramos desde antes de nacer” o para quienes entiendan “la educación sin imponer ideología”, considerándose como “imposición ideológica” no la formación confesional, sino la conocida como “Educación para la Ciudadanía” o la educación sexual. Sanz llamaba a usar el voto para “proteger la familia en lo legal y lo económico y  defender el matrimonio contra toda violencia, contra toda confusión barata de falsa progresía”, en referencia al matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado durante etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. La facultad cuyo patronato preside este arzobispo es la que va a formar a los profesores en atención a la diversidad.

Sanz mostró su apoyo en 2016 a Antonio Cañizares, cardenal de Valencia, que había llamado a los católicos a desobedecer las leyes basadas en “la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia, que es la ideología de género“.“He seguido por los medios de comunicación –le escribía Sanz a Cañizares– tus declaraciones sobre la ideología de género y otras cuestiones afines. Efectivamente esnociva con todas sus variantes y estrategias, con hondo calado demagógico, político y cultural”. Sanz, enérgico defensor de la educación concertada –bajo la fórmula retórica de la “libertad de los padres”–, ha afirmado que la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar la Lomce supone la vuelta a una “dictadura totalitaria“.

Críticas de la izquierda

Sobre la firma del convenio, que la Consejería de Educación no ha hecho público pero del que sí ha entregado una copia a este periódico, han llovido críticas. Suatea –sindicato de profesores–, el Movimiento Social Por la Escuela Pública de Asturias y Asturias Laica denuncian que el consejero “tenga la osadía de firmar un convenio de cuatro años que deberá administrar quien le suceda”, y de hacerlo además con “oscurantismo”.

“Es sorprendente que el consejero recurra a una entidad privada y confesionalpara que le proporcione profesionales que ayuden a atajar los problemas de relaciones del alumnado. En la enseñanza pública hay profesorado formado y experto,algunos de ellos referentes a nivel de todo el Estado, en el tratamiento de este tipo de problemáticas, especialmente en igualdad de género, xenofobia y homofobia. […] La consejería debería contar con este profesorado que ya está formado y poner en marcha un plan o programa institucional que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, que prevenga la homofobia, el acoso, la xenofobia, y desde luego no delegar esta responsabilidad en una entidad privada que va a aportar unos profesionales ajenos al ámbito educativo”, señalan estos tres colectivos, que añaden que, “si realmente consideran necesario que los centros cuenten con terapeutas ocupacionales y educadores sociales, la consejería debería crear estas plazas y sacarlas a concurso-oposición”.

“No es de recibo –añaden– que se firme un convenio de formación del profesorado con una entidad privada, que sin duda se lucrará con dinero público, en lugar de reforzar la red de Centros públicos de Formación del Profesorado (CPRs), que son necesarios y muy demandados por el personal docente”.

CCOO ha reclamado la supresión del convenio, al considerar que “su único propósito es privatizar y precarizar el empleo público”. “Con su firma se está favoreciendo a una única institución educativa, privada y de titularidad de la Iglesia católica”,señala el sindicato.

IU considera que el consejero Alonso ha aprovechado el “parón” parlamentariopara firmar el acuerdo in extremis. “Es una vergüenza, primero por el momento que se ha elegido pero, sobre todo, por el fondo del asunto. No es aceptable que cuestiones de tal trascendencia como la lucha contra el acoso escolar se fíe a entidades ajenas al propio sistema público”, señala la diputada electa Ángela Vallina. En un comunicado, IU critica la firma con una entidad “confesional” que choca con el enfoque sobre los temas abordados que debería adoptar “un sistema educativo público, de calidad y laico”. “Lo lógico hubiera sido aprovechar el personal del sistema público experto en violencia de género, acoso escolar, xenofobia o inclusión”, señala Vallina.

Asturias Laica se pregunta: “¿No existen acaso profesionales públicos que trabajan sobre violencia de género, acoso escolar, xenofobia o inclusión?¿No existe una Facultad de Formación del Profesorado pública? ¿Por qué, entonces, el consejero ve necesario concertar con una facultad confesional privada. Difícil avanzar hacia una escuela pública y laica con estos mimbres”.

La Facultad Padre Ossó señala que los profesionales serán seleccionados por su capacidad “y no por su ideología”. “Nuestra identidad no es un tema incluido en el convenio”, incide

La consejería y la facultad

La Consejería de Educación y Cultura recalca, en respuesta por escrito a este periódico, que Alonso “no estaba en funciones cuando suscribió el convenio, el 17 de junio”, replicando así a una extendida crítica a la forma de firmar el acuerdo. “En el Principado, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, el Consejo de Gobierno entra en funciones en el momento en que se constituye el nuevo parlamento (la Junta General) tras unas elecciones. Después de los comicios del 26 de mayo, la nueva Junta General se constituyó el 24 de junio, por lo que el consejero aún no estaba en funciones cuando se firmó el acuerdo”, señala el departamento de Alonso.

Dicha consejería no responde qué justifica firmar un convenio de cuatro años tras las elecciones, ni si el carácter eclesiástico de la facultad determina el enfoque de la formación, ni por qué no se asignan las tareas a trabajadores públicos.

Un portavoz de la Facultad Padre Ossó, en respuesta por escrito a preguntas deinfoLibre, señala que el centro acumula 17 años de experiencia en formación del profesorado. Padre Ossó, según explica, pondrá a disposición de los centros públicos y concertados un terapeuta ocupacional y un educador social seleccionados por ambas instituciones. “No existe ninguna privatización ya que no se utiliza en ningún momento dinero público ni la facultad obtiene ningún rendimiento económico a cambio, por el contrario ‘aportamos’ gratuitamente dos profesionales competentes por su formación y no por su ideología […]. Nuestra identidad no es un tema incluido en el convenio”, señala la institución. Y añade: “Al contrario de lo que pueda parecer, nuestra prioridad es que con este proyecto se evalúe y valore la necesidad del terapeuta ocupacional y del educador social en los centro educativos, como ya pasa en otras comunidades autónomas, y de esta manera se contemple la posibilidad, a corto plazo, de convocar oposiciones públicas para que estos profesionales puedan incorporarse en todos nuestros centros educativos”.

 

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