Dos víctimas cuentan a ‘Público’ las razones por las que acuden a esta nueva vía: «Espero por lo menos algo más de justicia y algo más de reparación». Esta vía de reparación estará abierta durante un año, prorrogable por otro más, tras un acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de España.
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Raúl Bocanegra, Público, 19 de abril de 2026
Las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia han comenzado a acudir esta semana al Ministerio de Justicia, que los derivará al Defensor del Pueblo para obtener una reparación por los abusos sexuales a los que fueron sometidos en su infancia. «Hemos recibido infinidad de llamadas», afirma a Público Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR). Esta vía de reparación estará abierta durante un año, prorrogable por otro más, tras un acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de España.
Una de ellas es Marisol Zamora, quien sufrió agresiones sexuales durante años -estas terminaron cuando ella tenía 13 años-, según denuncia, del fraile Patxi Ezkiaga -hoy fallecido- en el colegio La Salle, de Donosti. «La primera vez que yo fui al psicólogo tenía 20 años porque no sabía qué me pasaba. Se me se empezaron a abrir los dedos de las manos como si me rajaran con un cuchillo», afirma en conversación telefónica con Público.
«Joder. Se me hacían heridas. Entonces fui a un médico, que me dijo: No, tú no tienes nada, o sea, te están saliendo los nervios por las manos. Empecé entonces en un psicólogo. Estuve dos años, pero no fui capaz de decirlo», añade. Zamora lo llevó dentro durante décadas, sin contárselo a nadie, y, nadie es nadie, asegura, hasta que tras la pandemia, se decidió a hablar. «Tengo ahora 57 años. Me he silenciado durante 44 años», asegura.
Por similar situación ha pasado Fernando García Salmones, quien también estuvo años sin poder hablar de los abusos que sufrió, denuncia, de mano del sacerdote José María Pita da Veiga, quien falleció en 2009 sin haber sido juzgado por ello, en el colegio Claret de Madrid, cuando era un adolescente. Fue en terapia cuando logró recordar, sacarlo y librarse «un poco» de ello.
«Voy a ir al Defensor del Pueblo porque creo que hay una parte de los daños que he recibido en mi vida que tienen que tener una compensación. He hecho mucha terapia y tengo una vida buena, capaz, pero hay muchos daños personales, [vinculados] con las capacidades de relación, las afectivas y emocionales, en fin, una serie de cosas que me han dañado y que me han dejado marcado. Incluso formas de inseguridad y de desconfianza a partir de una determinada edad hacia tus propios padres», afirma García Salmones a este periódico.
«Pasé una mala pandemia y ahí empezaron a brotarme cosas. Empecé un tratamiento psicológico y ahí me empezó a llegar esto al cerebro. Yo lo tenía como escondido en él. Existía, pero no podía sacarlo y ahí ya empecé», afirma Zamora. El diario El País recogió su testimonio en mayo del año 2024 dentro de las investigaciones que mantiene abiertas sobre abusos sexuales. También el de García Salmones, antes, en el año 2018.
No es posible saber en este momento cuántas personas acudirán a esta vía del Defensor para obtener una reparación. El Defensor del Pueblo ya hizo público en 2023 un informe demoledor sobre la pederastia en la Iglesia. En ese trabajo, que fue actualizado a finales del año 2024, se encuentran recopilados 681 testimonios, entre directos e indirectos, de abusos a menores (el 83% de sexo masculino), según se puede consultar aquí, en la última actualización hecha pública por el Defensor. 362 se produjeron cuando la víctima tenía entre seis y 12 años, otros 305 cuando contaba entre 12 y 18 años y otros 14 antes de que cumpliera los seis.
El diario El País tiene contabilizados más de 1.500 sacerdotes acusados y el informe encargado por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, entre críticas de la Iglesia, documentó 1.383 denuncias y 2.056 víctimas de abusos —pero no determinó un número de abusadores— desde el año 1905 hasta hoy. La Conferencia Episcopal reconoció en 2023, en un estudio, que hay al menos 2.056 víctimas.
Sin embargo, estas cifras «no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida», según recogió el informe del Defensor del Pueblo de 2023. El Defensor apuntó entonces, mediante una encuesta basada en 8.013 entrevistas que fue criticada por la jerarquía católica, que un 1,13% de la población adulta actual había sufrido abusos en el ámbito religioso, lo que equivale a 440.000 personas.
«Es un disparate que las personas que están reprimidas sexualmente [en referencia al celibato de los sacerdote católicos] tengan acceso a los niños, que las personas que viven una forma de vida completamente antinatural se encarguen de la educación de los niños», afirma García Salmones.
En el nombre de otras
Tanto García Salmones como Zamora hablan, entre otras razones, porque otras no quieren o no pueden hacerlo. «Muchas víctimas han visto su vida destruida, no han conseguido continuar con unos estudios o no han tenido la capacidad, la autoestima o la fuerza para salir adelante. Otras víctimas han visto su vida destrozada. También habrá muchas víctimas que no sean capaces de contarlo», afirma García Salmones.
Las secuelas que dejan los abusos sexuales en la infancia son terribles: el 83,65% de las víctimas que contaron su caso a la Oficina del Defensor desarrollaron problemas emocionales y de conducta; el 54,69%, de relación; el 47,99%, funcionales (los relacionados con el sueño y el abuso de sustancias); el 40,48%, sexuales y el 17,96%, cognitivos, según se puede leer en el estudio.
«Espero —expone Zamora— por lo menos algo más de justicia y algo más de reparación. También que sea una reparación colectiva de todas las víctimas, porque no todas vamos a ser capaces tampoco de ir al Defensor. Al final hay que dar muchos nombres, hay que dar mucha información y la gente siente que no tiene fuerzas, que no quiere. Yo sé de algunas que todavía no sé ni su nombre, hablo con ellas, pero tienen falseado el nombre».
«Es importantísimo -agrega García Salmones- que no le vuelva a pasar a nadie, que a partir de ahora, cuando un cura se acerque a un niño, el niño sepa que lo que le está pasando es malo, que lo puede denunciar, que puede traer unas consecuencias negativas para la otra persona, que él no es el culpable»
Hacer ruido —afirma Zamora— es muy importante para que no vuelva a suceder, o sea, una de las cosas que nosotras hemos pedido es una una placa, algo que no haga desaparecer a Patxi Ezkiaga Lasa. Patxi Ezkiaga Lasa ha sido un depredador, pero hubo un ecosistema de protección hacia esa persona que hoy en día se sigue manteniendo. Tenemos que romper ese ecosistema. O sea, las víctimas no podemos ser las que nos avergoncemos».
«La Iglesia lleva mucho tiempo dando pasos adelante, pasos atrás, firmamos, no firmamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Una vergüenza», afirma García Salmones. El portavoz de ANIR, Juan Cuatrecasas, tiene claro que todos los retrasos, todos los inconvenientes y la actitud general ha provocado lo que se conoce como revictimización, el proceso a través del que una persona revive una y otra vez el trauma.
La pasada semana, Zamora participó en una convocatoria ciudadana en San Sebastián en apoyo a las víctimas de abusos sexuales por parte de Patxi Ezkiaga Lasa, que contó con el respaldo de las asociaciones ANIR, Justice Initiative, Lulacris y AVA Navarra: «Abrazamos a todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual en la infancia del centro escolar La Salle de Donosti y mostramos una vez más nuestra condena y repulsa ante los graves delitos denunciados que fueron perpetrados en el pasado por Patxi Ezkiaga Lasa, hermano de la congregación y profesor. Nos situamos en el profundo dolor que Ezkiaga procuró a niñas y niños y queremos expresar a estos hermanos y hermanas en la lucha por el reconocimiento, el acompañamiento y la reparación toda nuestra solidaridad, nuestra innegociable empatía y el deseo de que el reciente protocolo firmado por el Defensor del Pueblo, el Estado y la Iglesia pueda aportar un rayo de luz a sus reivindicaciones, comunes a la de nuestras asociaciones».
«Creo que el Defensor -afirma Zamora- en eso va a hacer más justicia para con nosotras de lo que ha hecho la congregación o lo que ha hecho el PRIVA [el plan que abrió la Iglesia para atender a las víctimas de pederastia]». Tanto ella como García Salmones han acudido antes a las iniciativas que diversas instituciones católicas han ido poniendo en marcha para abordar la problemática derivada de los abusos sexuales.
El primero tiene buenas palabras hacia lo que hicieron los claretianos: «En general se han portado muy bien. Generaron un programa dentro de su orden para observar los abusos y se comportaron adecuadamente, pero las cantidades que nos ofrecieron eran bajas. En un momento determinado lo aceptamos porque alguna de las víctimas lo necesitaba más que los demás y bueno, pues se aceptó».
Zamora acudió al PRIVA, al que en su primer año apenas acudieron 89 personas, de las que 39 cobraron una compensación de entre 3.000 y 100.000 euros. Zamora recibió la cantidad de 15.000 euros, afirma a Público, por unos abusos que duraron años. «Si te digo lo que me llevo gastado en psicólogos, psiquiatras y bajas médicas que me quitan el 20% del sueldo….», se limita a decir al respecto. Para Zamora, es importante, insiste, en que no se trata tanto, para ella, de una reparación económica como de una colectiva «para la gente que no ha tenido la necesidad o la valentía o como quieras llamarlo de salir a denunciar»: «Lo hemos explicado a todo el que nos ha querido oír», afirma. «Hay muchas que no van a salir nunca y queremos una reparación para ellas también, para las que se van a morir con esto en el estómago», agrega.
«Nunca ha habido un gobierno tan proclive y tan positivo apoyando una solución para un tema delicado«, reflexiona García Salmones. Además, «está la visita del papa», añade. «Está haciendo una buena gestión con una discreta personalidad. De hecho, a veces, para valorar a las personas hay que reconocer a sus enemigos. Es un buen momento para esto, porque como [León XIV] va a venir a España, me imagino que la Conferencia Episcopal no quiere encontrarse las pancartas y las manifestaciones en los actos del papa. Eso por un lado. Y por otro lado, [esta vía de reparación] es el proceso natural después de todo lo el seguimiento que se ha hecho y después del trabajo encargado al Defensor, ahora hay que darle una continuidad a una gestión y dar pasos hacia lo más próximo a una resolución que nunca es definitiva, porque hay muchas personas muy dañadas».
Algunas dificultades en el arranque
Las primeras percepciones de algunas personas que están rellenando el formulario tienen que ver con dificultades por el sistema, según las asociaciones de víctimas. «A cierta edad, todo esto del [mundo] digital complica las cosas. Hay mucha gente a la que rellenar el formulario les cuesta un esfuerzo y que incluso se ven necesitadas de ayuda», asegura Juan Cuetrecasas, portavoz de ANIR. En esta web se puede acceder al formulario que inicia el proceso.
El ministerio ofrece orientación vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).
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Nota Asturias Laica
Sobre Patxi Ezkiaga en el blog de Asturias Laica
