Ninguno de los cinco expedientes acompañados por Justicia desde 2020 ha prosperado

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Camilo S. Baquero, El País / Regió7, 20 de marzo de 2023
El Ejecutivo catalán fue pionero con la publicación, en 2020, de un listado que ponía luz sobre el fenómeno de las inmatriculaciones eclesiásticas. Se trata de las propiedades inscritas por la iglesia en el Registro de la Propiedad, ofreciendo solo la firma de un obispo como prueba. La lista recogía 3.722 de esas situaciones, con especial énfasis en las producidas entre 1998 y 2015: figuraban no solo templos de culto sino también terrenos rústicos o ermitas que han terminado por tener usos sociales. El Departamento de Justicia anunció entonces la creación de la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones para interlocutar con los obispados. La consejera Gemma Ubasart certificó, a raíz de una pregunta de la CUP en el Parlament en la que la diputada Montserrat Vinyets preguntaba qué pensaba hacer su departamento y el Govern «por acabar con las inmatriculaciones hechas por la Iglesia católica», el fracaso de esta vía, pues en tres años todos los expedientes, cinco, han sido rechazados.
“Dos no pueden mediar si uno no quiere y en este caso, digámoslo claro, la Iglesia no ha querido cooperar con la Oficina”, aceptó Ubasart en el Parlament. En octubre de 2021, ya dos de los cinco casos que habían recurrido a la oficina y abierto el proceso habían sido denegados por el Obispado de Girona. El último balance es con fecha del 24 de febrero de este año: ninguno tuvo éxito. Pese a la buena voluntad, desde un principio fue muy claro que una gran parte de la Iglesia no veía con buenos ojos la decisión de la Generalitat de intervenir. La Conferencia Episcopal Tarraconense consideró en su día que no era necesaria una mediación “si había un error” en las titularidades e insistía en que el registro por certificación eclesiástica era legal.
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