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Ana Pardo de Vera, Público, 30 de marzo
Lo he dicho aquí varias veces: no creo en las casualidades en política; mucho menos, en tiempo electoral. El Gobierno anunció este miércoles que los responsables de la Iglesia católica en España comenzarían a pagar al Estado dos impuestos de los que, hasta ahora, estaba exenta por obra y gracia de los acuerdos económicos con la Santa Sede, firmados en enero de 1979. Se trata de los impuestos de Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, responsable de la negociación con la Conferencia Episcopal, ha estimado en unos 16 millones de euros anuales los que recibirá el erario de estos dos tributos.
La valoración de este paso dado por el Gobierno-PSOE es relativa: por un lado, resulta positiva si se tiene en cuenta que inicia la ruptura de la tradicional resistencia de los socialistas a acabar con los privilegios de la Iglesia católica en España y avanzar hacia un Estado laico e, incluso, realmente “aconfesional”, que es lo que recoge la manoseada Constitución de 1978 y que no se ha cumplido jamás en este sentido (ni en otros varios).
Por otro lado, causa sonrojo sacar pecho desde todo un Ejecutivo socialdemócrata por haber logrado recuperar para la caja pública dos impuestos menores y se siga permitiendo a la Iglesia escaquearse de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre sus 34.961 ídem, de los que admitió, a mayores, que cerca de un millar no le correspondían y que los había podido matricular por obra y gracia de una ley del PP de José María Aznar.
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