Desde la Coordinadora Estatal Recuperando indican “que el gobierno -de Pedro Sánchez- podría haber pactado en secreto la impunidad de las decenas de miles de inmatriculaciones de los obispos – 100.000 bienes- como moneda de cambio en sus negociaciones con el Vaticano”.

Visita de Pedro Sánchez al Vaticano / AraInfo
A. Moreno, Público, 10 de diciembre de 2020
La asociación Recuperando ha solicitado desde 2018 tres reuniones con los ministros de Justicia y Vicepresidencia, pero ha recibido la callada por respuesta mientras pacta una solución con los obispos. Todo indica que el listado de bienes inscritos será entregado al Congreso en las próximas semanas.
Todo apunta a que el inventario con casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica podría ser enviado al Congreso de los Diputados en breve. De confirmarse ese extremo, el listado llegará con dos años de retraso y sin que el Gobierno haya aclarado hasta el momento qué solución piensa arbitrar ante la controvertida inscripción de decenas de miles de fincas y edificios por parte de los obispos, incluido el inmenso patrimonio cultural de todo el país.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abordado la espinosa cuestión de las inmatriculaciones con la Conferencia Episcopal en el más absoluto hermetismo. Y lo poco que ha trascendido hasta ahora resulta intranquilizador para la veintena de colectivos patrimonialistas, integrados en la coordinadora Recuperando, que llevan años reclamando la nulidad de las inscripciones eclesiásticas por presunta inconstitucionalidad del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que equiparaba a los prelados con fedatarios públicos y a la Iglesia con el Estado.
Recuperando acaba de hacer público su profunda preocupación por lo que considera una negociación “en secreto” entre el Gobierno y la Iglesia que en la práctica podría conducir a la “impunidad” de la mayoría de los bienes inmatriculados por los obispos sin haber aportado título escrito de propiedad. El hecho cierto es que el Ejecutivo solo ha mirado a la Conferencia Episcopal como interlocutora y ha ignorado a los colectivos ciudadanos que sacaron el escándalo a la luz hace ya más de una década. Read the rest of this entry »