PRIVA, organismo creado por la Conferencia Episcopal para reparar a las víctimas de abusos, ha resuelto menos de la mitad de los 89 casos planteados el último año, pero algunas víctimas se quejan de la cantidad de denuncias sin resolver y de la falta de transparencia sobre lo que se abona
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Fuentes: El Diario (Jesús Bastante) / El País (Julio Núñez-Eleonora Giovio),
El pago de indemnizaciones en los casos de pederastia prescritos sigue siendo una de las tareas pendientes en la Iglesia católica española. Más de medio año después de anunciar la creación de una “comisión de arbitraje” para reparar unilateralmente a los afectados, a espaldas del Gobierno y sin contar con las víctimas, el plan con el que los obispos sacan pecho hace agua: de las 2.002 víctimas reconocidas por la Conferencia Episcopal (CEE) en sus informes, poco más del 2% (no llega al medio centenar), han sido reparadas.
De 3.000 a 100.000 euros. Esta es la horquilla que maneja, un año después de su puesta en funcionamiento, la Comisión Asesora del PRIVA, el plan creado por la Conferencia Episcopal y los religiosos españoles para indemnizar a las víctimas de abusos a menores, cuyos casos han quedado prescritos o no han sido juzgados. Un balance que se antoja ínfimo, pues apenas se habla de 89 casos planteados ante la comisión en los últimos 12 meses, de los que apenas se han menos de la mitad: 39 casos.
PRIVA, sin embargo, hace un balance triunfalista del trabajo de la comisión, “con independencia y autonomía propia”, encargada de dictaminar la reparación con criterios jurídicos y terapéuticos. A preguntas de elDiario.es, la comisión aseguró que “buena parte de los casos, el 75%” proviene de la iniciativa de las propias víctimas. Sí señalaron que se han recibido un total de 89 solicitudes de reparación integral, de las que 32 pertenecen a casos en diócesis y 57 a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas. De todos ellos, se han resuelto 39 dictámenes de reparación de los 40 informes completos recibidos. Del resto, nada se sabe, pese a que la organización asegura que el plazo de resolución de las solicitudes de reparación tiene una duración estimada de tres meses.
Desde PRIVA destacan su independencia, se declaran como “una comisión técnica, que dictamina según los informen que llegan” y que solo empiezan a estudiar los casos “cuando llegan los informes”.
“Ha habido una profesionalidad extraordinaria”, recalcan desde la comisión, que aseguran que “en todos los casos, el dictamen se entrega a la diócesis o la institución, que se encarga de reparar”. “En ningún caso”, sostienen, las víctimas han rechazado la propuesta de acuerdo. Algo que no casa con los testimonios de varias víctimas llegados a elDiario.es. Algunas, además, se quejan del vacío en las respuestas recibidas, que ven desde muchos silencios a la respuesta “No es creíble” en algunos casos, que se traduce en ausencia de indemnizaciones.
Malestar de las víctimas
A las pocas indemnizaciones entregadas se le suma el malestar de las víctimas. EL PAÍS ha seguido durante el último año y medio los procesos de reparación de 115 víctimas, y un centenar de ellas desmiente que la institución eclesial esté acogiéndolas, tal y como asegura la jerarquía católica. Es más, muchos de estos procesos para solicitar la reparación se demoran durante meses ―e incluso años― y las ocasiones en las que la Iglesia paga, las cuantías difieren entre unos casos y otros, a pesar de ser similares.
Desde ese periódico se ha recopilado los testimonios de estas víctimas y ha tenido acceso a decenas de mails, documentos oficiales y grabaciones de conversaciones que los afectados han mantenido con las oficinas de atención al menor de la Iglesia. Pese a que cada caso tiene sus particularidades, existen varios patrones que se repiten. El primero es la burocracia para solicitar una reparación.
La mayoría de las víctimas sigue tratando directamente con la orden o diócesis en cuestión, mientras que unas pocas lo hacen a través de la nueva comisión del Priva. Como muchos afectados ya habían reclamado una reparación (como contempla el código canónico) antes de la aprobación del nuevo plan, sus procesos siguen abiertos, en ocasiones después de años. Ante la pasividad, algunos afectados han acudido en busca de una solución al Priva y su petición también se está gestionando por esta vía.
Las resoluciones de la comisión del Priva, además, no son vinculantes. Es decir, después de que emita un veredicto, la diócesis u orden responsable del abusador es la que decide si lo ejecuta o no. Por lo que el pago, al final, siempre dependerá de la voluntad del jerarca en cuestión. Esto explica la diferencia de cuantías en casos similares. Un ejemplo: dos víctimas que sufrieron abusos parecidos (tocamientos), una en un colegio salesiano y otro en los jesuitas, recibieron dos cuantías diferentes. Una recibió 3.000 euros y otra 30.000, respectivamente. Los montos entregados por la Iglesia (y que este periódico ha conocido a través de documentos) oscilan entre los 1.000 y los 90.000 euros aproximadamente.
Cómo se calcula la indemnización
Los baremos utilizados para la indemnización oscilan en función de la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso, además de de reparaciones ‘en especie’ y compromisos por parte de las instituciones. En cuanto al resto de casos no resueltos, se está a la espera de la recepción de los informes de las instituciones religiosas y nuevas aportaciones de los supervivientes de abusos.
Preguntada por esta cuestión, la CEE afirma que no sabe y remite a la comisión del Priva: “Nosotros no somos los portavoces de los baremos ni de por qué se les indemniza o no. Son ellos los que tienen que dar cuenta del trabajo”. Los obispos afirman que no disponen de datos, pero aseguran que dicha comisión los hará públicos. “Sabemos que tenían el compromiso de hacerlo público y de hacer una memoria anual”, dice un portavoz de los prelados españoles.
Aparte de este centenar de víctimas, EL PAÍS habló con otras 124 que denunciaron su caso ante la Iglesia, el Defensor del Pueblo o dieron a conocer su caso en la prensa, pero que han desechado iniciar un proceso de reparación con la Iglesia. Solo confían en que una institución pública lo haga. En este sentido, el Defensor del Pueblo propuso en el informe que le encomendó el Congreso de los Diputados (y que fue publicado en 2023) la creación de un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”.
Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos, pero que se niega a hacerlo. De hecho, este tema ha desatado una guerra entre el Estado y los obispos, que ven la propuesta del Defensor (que el Gobierno apoya) como un ataque directo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advirtió a mediados de este año al presidente de los obispos, Luis Argüello, que el Ejecutivo no consentiría que la jerarquía eclesial indemnizara a través de un proceso unilateral, y presentó un plan de reparación con las mismas líneas que el Defensor. No obstante, el Gobierno no ha puesto en marcha el plan y aún no ha cumplido su palabra de dar justicia a los afectados por la pederastia clerical.
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La Conferencia Episcopal no responde cuando se le pregunta por las víctimas a las que, a pesar de que su abusador es confeso, la Iglesia se niega a reparar. Esto último es lo que le ocurre a Bautista (nombre ficticio), una de las víctimas que denunció en 2017 al sacerdote Ramos Gordón por abusos en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora, diócesis de Astorga). El obispo de entonces ya había juzgado canónicamente a Gordón un año antes ―recibió una pena de un año de ejercicios espirituales, que no cumplió― y, después de que el cura reconociese de nuevo sus delitos, la diócesis decretó su exilio a un monasterio durante 10 años. Bautista no recibió ninguna compensación económica, tan solo una carta de perdón.
Esta víctima ha reclamado varias veces al obispado, sin éxito. Y este año lo ha hecho al Priva y tras varios meses de espera recibió una carta del obispado de Astorga, negándole una indemnización. “La Comisión Asesora interviene en dos supuestos, o bien cuando el denunciado ha fallecido, o bien cuando el hecho denunciado ha prescrito y no se ha desplegado ninguna actividad judicial. Ninguno de los dos supuestos concurre en su caso, pues se realizó la investigación, se juzgó y, actualmente, el reverendo Ramos Gordón sigue cumpliendo la pena canónica a la que fue condenado. Circunstancia esta que impide la intervención de la Comisión Asesora”, aparece en el documento.
Estas líneas chocan, primero, con la promesa que el secretario general de los obispos, César García Magán, lanzó a finales 2023, cuando se le preguntó por los casos de víctimas como Bautista: “La Iglesia va a reparar siempre”. Y segundo, también colisiona con otras actuaciones, como la de los jesuitas. Alfonso Caparrós sufrió una violación de un clérigo de esta orden en el colegio san Estanislao de Kostka de Málaga, en los años cincuenta. Denunció muchos años después y la congregación le pagó 7.500 euros en 2021, una cantidad que le pareció denigrante: “No solo no me sentí reparado, sino humillado e indignado tanto por la calderilla con la que intentaron silenciarme, como por el toreo, el engaño, la espera larguísima con insinuaciones de premio gordo para luego sufrir la vejación ya conocida”.
Este año, Caparrós volvió a reclamar, a pesar de que su caso ya había sido tramitado, y la orden le ha abonado otros 55.000 euros. “Con este propósito [de que la reparación sea justa] se ha revisado su situación y la Compañía de Jesús considera, con el deseo de hacer justicia, que procede a ampliar la cuantía recibida en un total de 62.500 euros”, dice el documento. Caparrós lo explica así: “Después de una lucha larga y por momentos desesperante, dada la diferencia entre mi derecho y su prepotencia e injusticia demostradas, siento el gran orgullo de haber conseguido la máxima indemnización de una gente que valora, por encima de todo, el dinero”.
El 7 de septiembre se cumplieron cinco meses desde que esta víctima solicitara la compensación al Priva. “Me llegó un acuse de recibo y nada más. Nadie me ha contactado. Eché la solicitud sin ninguna esperanza, simplemente para demostrar que este es un procedimiento endogámico y que se quieren proteger entre ellos”, cuenta la víctima.
La guía del Priva, no obstante, establece que el plazo para emitir un dictamen de reparación, una vez iniciados los estudios de la documentación, será de “tres meses”. Durante este tiempo, según la propia guía, “los solicitantes tendrán acceso a una interlocución continua con la comisión”.
El patrón habitual, según indican un centenar de las víctimas consultadas por EL PAÍS, es el silencio: en 77 de los casos la institución no hizo nada después de recibir la denuncia y en el resto, los obispados abrieron un proceso de escucha en el que, salvo en contados casos, aún no ha pagado una indemnización. “Me citó un salesiano en un parque y me pidió perdón en un banco”. “La experiencia de la oficina fue nefasta y dañina. No volvería ni loca a hablar con ellos porque no quieren reparar nada. Preguntas directas y rozando lo morboso”. “Me obligan a firmar un documento sin saber el dinero con el que me quieren reparar”. Estos son algunos de los relatos que El País ha recibido a lo largo de estos meses.
Este camino es el que también sigue una víctima de un agustino que ya fue indemnizada, tras un proceso de casi dos años. El acuerdo de compensación se cerró en 25.000 euros, 20.000 menos de lo que se había firmado meses antes en el preacuerdo, y es una cuantía muy inferior a la que recomienda el papa Francisco, que declaró que 50.000 euros “es una cantidad demasiado baja para víctimas de pederastia”. Eshmá (organismo que hace de intermediación con la iglesia y las víctimas de abusos) que estuvo presente en todo el proceso de investigación y reparación, aconsejó a la víctima recurrir también al Priva. En el acuerdo —en el que a la víctima de pederastia se le identifica como “beneficiario— se especifica que este “no supone ni podrá suponer ninguna limitación o impedimento para que el beneficiario, si lo considera de su interés, pueda acudir al Priva. En el caso de que la cuantía valorada por este posible nuevo órgano fuera superior a la percibida, el beneficiario podrá reclamar la diferencia a la Provincia y esta acepta su pago”. Si fuera inferior, no tiene por qué devolverla.
¿Quién compone PRIVA?
Según la organización, se trata de una decena de miembros, procedentes de distintos ámbitos: un representante de la Conferencia Episcopal Española y uno de CONFER; y otros ocho profesionales independientes (cuatro del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad; y cuatro terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos). Entre ellos, solo hay una víctima, pero que no participa como tal, sino como miembro de una asociación de ayudas. Las víctimas de abusos no pueden formar parte del PRIVA.
Los miembros de la comisión, que ofrecen su servicio de manera voluntaria, “basan su trabajo en la experiencia, la independencia y el respeto a la integridad y la privacidad de la víctima solicitante de reparación, poniendo especial celo para evitar que el proceso genere un mayor sufrimiento a las víctimas”, aseguran desde PRIVA. Algo que muchas víctimas, al menos, ponen en duda.
