El Ayuntamiento deniega la prórroga de la licencia y obliga a restituir el solar, mientras la AMPA del Cervantes y la plataforma Abando Habitable celebran un respiro en su lucha por un espacio verde en Abando
El solar de Abando (Bilbao) en el que el Obispado pretendía construir sus nuevas instalaciones y las de Mutualia _________________
Miguel Virizuela, El Salto, 22 de septiembre de 2025
El pelotazo urbanístico del Obispado de Bilbao y Mutualia en la calle Barrainkua del ensanche bilbaíno queda en suspenso. El Ayuntamiento ha denegado la prórroga de la licencia de obra solicitada por la Diócesis y ha declarado su caducidad. Además, da un plazo máximo de tres meses al Obispado para devolver el solar a su estado original. Una resolución que puede ser recurrida, pero que supone un golpe al plan de levantar la nueva sede diocesana y una clínica privada de Mutualia en pleno barrio de Abando.
El viernes de la semana pasada el área de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao comunicaba su decisión: la licencia de obra concedida en diciembre de 2021 al Obispado de Bilbao queda caducada. Los trabajos, apenas iniciados, habían quedado paralizados en abril de 2024 tras la quiebra de la constructora Murias. El Consistorio ha denegado la prórroga solicitada por la Diócesis, argumentando que “no se han ejecutado ni prácticamente iniciado” las obras en el plazo legal. Con ello, se cierra por ahora la puerta a la construcción del edificio proyectado en el número 2 de la calle Barrainkua.
Una gota en el océano de la pederastia clerical. En un año, el plan de reparación a víctimas de la Iglesia católica ha recibido 81 solicitudes de atención, de las que la comisión nombrada para gestionarlas (y en la que las víctimas no tienen voz ni voto) ha solicitado 50 expedientes, resolviendo 24 casos. Otros siete están en estudio.
Son las cifras de balance tras 12 meses del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA) que fue aprobado por unanimidad en una asamblea plenaria extraordinaria, celebrada el 9 de julio de 2024, y que, desde entonces, marca el camino de las reparaciones de víctimas de abusos (en caso de los procesos prescritos) tanto para las diócesis como las congregaciones religiosas.
Hace justo un año, RD publicaba en exclusiva el borrador del Plan PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho), que fue aprobado por unanimidad en una asamblea plenaria extraordinaria, celebrada el 9 de julio, y que, desde entonces, marca el camino de las reparaciones de víctimas de abusos (en caso de los procesos prescritos) tanto para las diócesis como las congregaciones religiosas.
Un paso adelante, que venía a cubrir un hueco que históricamente había dejado la Iglesia católica, que en cuatro años, y especialmente gracias a la presión de los supervivientes y de los medios, pasó de decir que había «pocos casos o ninguno» (como señaló el hoy presidente de la CEE, Luis Argüello) a anunciar una auditoría independiente, encargada al bufete Cremades, que año y medio después de su entrega sigue enterrada en un cajón, como el proyecto que surgió desde la Oficina de Comunicación de la Casa de la Iglesia para sustituirla: ‘Para dar luz’, que desde hace meses se ha convertido en un documento «de estudio interno», tal y como admitió el portavoz episcopal, César García Magán.
Algunas diócesis (por el momento solo Bilbao y Madrid) han organizado actos públicos de reparación, pero la Iglesia ha llegado a asegurar que su trabajo era «un ejemplo» no solo para el resto de episcopados de Europa, sino para la propia sociedad. A lo largo de este año, los obispos han disputado una peculiar carrera con el Gobierno para ver quién reparaba más y mejor, aunque ni el Ejecutivo ha logrado cumplir una sola de sus promesas de reparación u homenaje a las víctimas, ni los obispos han asumido, como prometieron, el informe del Defensor del Pueblo, que no ha visto renovado su mandato de investigación por parte del Congreso.
¿El resultado? 81 solicitudes de atención, de las que la comisión nombrada al efecto (y en la que las víctimas no tienen voz ni voto) ha solicitado 50 expedientes, resolviendo 24 casos. Otros 7 están en estudio. Una gota en el océano de la pederastia clerical. Mientras, la mayoría de las víctimas siguen sintiéndose desamparadas y, en muchos casos, «revictimizadas» al tener que volver a resucitar, negociar, y casi rogar, una reparación que, en la mayoría de los casos, se está centrando en lo económico, pero que dista de esa «reparación integral» que pregonaba el plan PRIVA. Y con muchas víctimas abandonadas.
En cuanto a las resoluciones, por mucho que se hable de la famosa ‘Comisión Asesora de Reparación Integral’, que se da tres meses para resolver un expediente y hacer una propuesta de reparación a la diócesis o congregación correspondiente, lo cierto es que depende, y mucho, de la buena (o mala) voluntad de los responsables de la institución. Así, según ha podido confirmar RD, las resoluciones son tan dispares que van desde los casi cien mil euros recibidos por una víctima de los jesuitas de Tudela, o los 91.000 (76.000 por daños morales, y otros 15.000 por tratamientos médicos, no mantenidos en el tiempo) en Barcelona, a una propuesta de 27.000 euros ofrecida a Eduardo, víctima de los salesianos de Barakaldo, y que éste se ha negado a aceptar. Otros casos, mucho más extremos, como Tere y Eliseo, una pareja de víctimas del mismo sacerdote (ya fallecido), en varias diócesis distintas, que han visto cómo se les ponían dificultades, incluso, para conseguir una silla de ruedas. ¿La razón? El ‘presunto’ agresor ya había fallecido, y los casos, prescritos: precisamente los requisitos para poder acceder al plan PRIVA.
Los miembros de la comisión asesora del Plan PRIVA / CEE ____________________
Depende de la voluntad
En cuanto a las resoluciones, a pesar de que la denominada Comisión Asesora de Reparación Integral se da tres meses para resolver un expediente y hacer una propuesta de reparación a la diócesis o congregación correspondiente, lo cierto es que depende, y mucho, de la buena (o mala) voluntad de los responsables de la institución.
Así, según ha podido confirmar elDiario.es, las resoluciones son tan dispares que van desde los casi cien mil euros (91.000, 76.000 por daños morales, y otros 15.000 por tratamientos médicos, no mantenidos en el tiempo) recibidos por una víctima en Barcelona, a una propuesta de 27.000 euros recibida por Eduardo, víctima de los salesianos de Barakaldo, y que el mismo se ha negado a aceptar. Otros casos, mucho más extremos, como Tere y Eliseo, una pareja de víctimas del mismo sacerdote (ya fallecido), en varias diócesis distintas, que han visto cómo se les ponían dificultades, incluso, para conseguir una silla de ruedas. ¿La razón? El ‘presunto’ agresor ya había fallecido, y los casos, prescritos: paradójicamente esos son los requisitos para poder acceder al plan PRIVA.
Una vez llegado este aniversario, la mayoría de las víctimas siguen sintiéndose desamparadas y, en muchos casos, “revictimizadas” al tener que volver a resucitar, negociar, y casi rogar, una reparación que, en la mayoría de los casos, se está centrando en lo económico, pero que dista de esa “reparación integral” que pregonaba el plan PRIVA. Y con muchas víctimas abandonadas.
De hecho, la mayoría de las víctimas están buscando soluciones por su parte. Desde ANIR, por ejemplo, se lleva meses trabajando por una demanda civil (y canónica) colectiva, con varias decenas de supervivientes implicadas. «Estamos totalmente en desacuerdo con cómo se está gestionando el plan PRIVA y la atención y reparación de las víctimas, que a día de hoy no nos ofrece ninguna credibilidad», señala su fundador, Juan Cuatrecasas. «Vamos a hacer todo lo posible para que desde el Vaticano les llamen al orden y empiecen a hacer un trabajo serio, cosa que hasta ahora no han hecho».
El obispo de Bilbao plantó un olivo por las víctimas de abusos / Captura de pantalla ____________________
La mayor indemnización, en Barcelona
A. U., una de las víctimas atendidas por el servicio SAVA del Arzobispado de Barcelona, ostenta el ‘récord’ de ser, hasta la fecha, la mayor indemnización reconocida por la Iglesia: un total de 91.000 euros. Tras una vida de abusos, que le llevaron a años de oscuridad de los que no se ha recuperado. A.U. ve algo de luz. «No me devolverán lo que me quitaron, pero al menos he conseguido que parte de la Iglesia reconozca mi dignidad», apunta, diferenciando claramente la actitud de la diócesis, con el cardenal Omella a la cabeza, y la de Ana, «esa mujer es un diez», la persona que trató su caso, de la del comité asesor del Plan PRIVA. «Esos son unos funcionarios, muy opacos, no te dejan participar ni dejan las cosas claras».
«Fue un proceso muy largo, revictimizante», señala, algo que corroboran otras víctimas, pese a que uno de los objetivos del PRIVA era, precisamente, evitar mayor dolor a las víctimas de casos ya prescritos por la vía civil. «Tienes que recopilar datos, informes, todo eso te hace revivir… Además, sientes que no participas del proceso. Después, te llega una cifra y ya. Nosotros llegamos a pedir 353.000 euros. Pero el dinero no es lo importante, yo quería un plan de reparación completo». Con todo, admite que «yo estaba enfadado con toda la Iglesia, pero hay mucha gente dentro que hace bien las cosas, a las que les duele esto«.
Petición de perdón a Eduardo __________________________
Eduardo dijo no
Eduardo Torralbo, víctima de los salesianos de Barakaldo, no ha logrado llegar a un acuerdo con la congregación. Tras el paso de su caso por el PRIVA, se le ofreció una indemnización de 27.000 euros que no aceptó, esperando el compromiso de reparación del Gobierno que, «ahora, con todo lo que está pasando, no sé si llegará». La oferta, en todo caso, seguirá abierta, o eso le dijeron en la última reunión. «El trato fue bueno, pero me dio la sensación de que estaba todo hecho», explica. En 2022, los salesianos le pidieron perdón en una carta tras comprobar la veracidad de los abusos efectuados por Wenceslao Ortega, ya fallecido.
«La Comisión dijo tener en cuenta la gravedad de los hechos, las circunstancias, la edad, la duración... y me ofreció 10.000 euros por los gastos generados en las consultas de psiquiatrías, y una compensación de 17.600 euros por el daño moral sufrido», así como el «acompañamiento restaurativo» con profesionales sufragados por los salesianos. «Me dejaban siempre claro que era un compromiso moral que no había ninguna obligación legal, porque todo estaba prescrito». Eduardo no firmó el convenio, pocos días después de la muerte del Papa Francisco.
Que la reparación depende mucho de la institución lo demuestra el hecho de que tanto Barcelona como los jesuitas sean las instituciones que más están reparando, y más rápidamente, en los últimos tiempos. De hecho, una de las cuantías más grandes viene los jesuitas de Tudela, que han abonado a una de las vícitmas una cantidad cercana a los cien mil euros. Ni la víctima ni la Compañía han querido hacer declaraciones, más allá de confirmar el hecho. Los jesuitas continúan trabajando en procesos de reparación integral, y esperan en los próximos meses poder dar cuenta de sus casos, y cómo se han evaluado, más allá del plan PRIVA. Porque lo cierto es que el papel de la Comisión Asesora de Reparación es el de ofrecer un baremo, que posteriormente la diócesis o instituto puede modificar, siempre con el acuerdo de la víctima. Una especie de ‘seguro’ por si los victimarios no quieren reparar, en cuyo caso -al menos sobre el papel- la Conferencia Episcopal o la Confer se harían cargo de los emolumentos.
Abusados Navarra __________________________
Otra de las diócesis donde se está trabajando codo con codo con las víctimas -algo que echan en falta las asociaciones a nivel estatal- es Pamplona, donde el mercedario Florencio Roselló ha tomado la delantera en la colaboración con las autoridades civiles, y también con los representantes de los supervivientes. En algún caso, tal y como apunta Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Navarra, «ha habido reparaciones que superaban casi en un 50% la que nos habían indicado» desde el órgano de la Conferencia Episcopal. «Pero lo cierto es que la mayoría de las víctimas estamos sufriendo, a nuestra edad (Zudaire tiene 71 años), con la tardanza y el oscurantismo del Plan PRIVA».
«Mientras sigan pensando que no están obligados, y que no lo harán bien sin que las víctimas tengamos voz y voto, no habrá solución global, más allá de la buena voluntad y el compromiso real de algunos obispos o responsables eclesiales. Así no se arreglan las cosas. Seguimos siendo víctimas. De nuevo, por parte de algunos miembros de la Iglesia»
«No estamos obligados»
Que la reparación depende mucho de la institución lo demuestra el hecho de que tanto Barcelona como los jesuitas sean las instituciones que más están reparando, y más rápidamente, en los últimos tiempos. De hecho, una de las cuantías más grandes viene los jesuitas de Tudela, que han abonado a una de las víctimas una cantidad que ronda los 60.000 euros. Los jesuitas, que no quieren hablar de cifras, continúan trabajando en procesos de reparación integral, y esperan en los próximos meses poder dar cuenta de sus casos, y cómo se han evaluado, más allá del plan PRIVA.
Porque lo cierto es que el papel de la Comisión Asesora de Reparación es el de ofrecer un baremo, que posteriormente la diócesis o instituto puede modificar, siempre con el acuerdo de la víctima. Una especie de ‘seguro’ por si los victimarios no quieren reparar, en cuyo caso –al menos sobre el papel– la Conferencia Episcopal o la Confer se harían cargo de los emolumentos.
Otra de las diócesis donde se está trabajando codo con codo con las víctimas es Pamplona, donde el mercedario Florencio Roselló ha tomado la delantera en la colaboración con las autoridades civiles, y también con los representantes de los supervivientes. En algún caso, tal y como apunta Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Navarra, “ha habido reparaciones que superaban casi en un 50% la que nos habían indicado” desde el órgano de la Conferencia Episcopal. “Pero lo cierto es que la mayoría de las víctimas, estamos sufriendo, a nuestra edad (Zudaire tiene 71 años) con la tardanza y el oscurantismo del Plan PRIVA.
«El nuestro es un compromiso moral de justa reparación que hemos querido asumir de parte de las diócesis y las congregaciones, no es una obligación legal porque se refieren a los casos que no tienen recorrido judicial», repitió en su última rueda de prensa el portavoz de la CEE, César García Magán. «Mientras sigan pensando que no están obligados, y que no lo harán bien sin que las víctimas tengamos voz y voto, no habrá solución global, más allá de la buena voluntad y el compromiso real de algunos obispos o responsables eclesiales. Así no se arreglan las cosas. Seguimos siendo víctimas. De nuevo, por parte de algunos miembros de la Iglesia», resume, a modo de balance, un superviviente de abusos, que se negó a recibir una indemnización por parte de un instituto religioso. «No sólo por la cantidad, que me pareció ridícula. Por la sensación de ser ‘ganado’ al que se compra y se olvida. Y no, señores obispos: esto no solo es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dignidad». Palabra de víctima.
Representantes de Ezker Anitza-IU Bizkaia han mantenido una reunión con el Obispado de Bilbo, a quien ha solicitado que le faciliten la relación de bienes inmatriculados en Bizkaia desde 1946, para completar los listados aportados por el Parlamento de Gasteiz y el Gobierno español.
Ermita de la Antigua de Zumarraga, otro de los miles de bienes inmatriculadospor la Iglesia en Euskal Herria / (Gotzon ARANBURU/FOKU)
«Creemos que debe ser la propia iglesia católica quien, en un ejercicio de transparencia, aporte los datos para conocer toda la verdad sobre las inmatriculaciones que se han realizado en Bizkaia», ha manifestado en un comunicado el coordinador territorial de Bizkaia y concejal en el Ayuntamiento de Bilbo, Xabier Jiménez.
Asimismo, los representantes de la formación de izquierdas aprovecharon la ocasión para pedir explicaciones sobre el caso de inmatriculación «indebida» de una ermita situada en el barrio de Las Barrietas de Sopuerta, denunciado en setiembre de 2021 por el secretario de organización de Ezker Anitza-IU Bizkaia y juntero en las Juntas Generales de Bizkaia, Israel Escalante.
El caso de la iglesia del barrio de Las Barrietas de Sopuerta, rehabilitada como una vivienda privada de lujo que ahora se revende por 1,6 millones de euros, demuestra que el Obispado no se apoderó de este inmueble con la finalidad de recuperarlo para culto o para el beneficio de la comunidad sino de lucrase gracias al pelotazo urbanístico”, ha denunciado Israel Escalante, juntero por Ezker Anitza-IU en Elkarrekin Bizkaia
Iglesia del barrio de Las Barrietas de Sopuerta convertida en vivienda de lujo y a la venta por 1,6 millones
Ezker Anitza-IU Bizkaiaha denunciado el afán lucrativo que esconde la Iglesia Católica con las inmatriculaciones indebidas de inmuebles. Un claro ejemplo de esta denuncia es la iglesia del barrio de Las Barrietas de Sopuerta, uno de estos edificios registrados por el obispado que ha sido reconvertido en una vivienda de lujo.
“Mucho nos tememos que el fin último de la Iglesia con las inmatriculaciones no es recuperar los inmuebles para el culto o para el bien de la comunidad, sino enriquecerse gracias al pelotazo urbanístico” ha lamentado Israel Escalante, responsable de Organización de Ezker Anitza-IU en Bizkaia y juntero en Elkarrekin Bizkaia.
Escalante ha recordado que un conocido estudio de arquitectura ha rehabilitado el templo en ruinas de Sopuerta para reconvertirlo en una vivienda de lujo de carácter privado, que ahora se revende por 1,6 millones de euros. “Está claro que el fin no era restaurarla, sino especular”, ha añadido Escalante.
Posted by asturiaslaica 
