El pasado 9 de junio, en la sede de la Fundación Pablo VI, religiosas de las Adoratrices, las Oblatas y de las Terciarias Capuchinas de Nazaret pidieron perdón por su implicación en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución represora y censora contra las mujeres disidentes del franquismo. Sin embargo, estas órdenes siguen recibiendo dinero público para tratar a jóvenes vulnerables. EL TEMPS radiografía los negocios con las administraciones de estas entidades católicas.
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Moisés Pérez, El Temps, 6 de julio de 2025
Sólo tenía ocho años, pero su lengua durante muchos días terminaba áspera como un papel de lija. Las cruces dibujadas en el suelo con su saliva habían sido un viaje al infierno dentro de unas cuatro paredes rodeadas de crucifijos y rosarios . Las manos aún olían por los inodoros limpiados sin guantes y las noches estaban gobernadas por el temor a soltar una gota de pis. El miedo al castigo, a restregarte ortigas por tu vulva, se entremezclaba con una barriga hambrienta, cansada de una dieta cocinada por la representación de Satanás.
Las muñecas estaban cansadas de coser y la boca ansiaba quitarse aquel esparadrapo simbólico, aquella prohibición de habla con el resto de internas. Las directrices marcadas por las adoradoras del santísimo no admitían ninguna interpretación: callar, rezar y trabajar como si se trataran de esclavas era la rutina inalterable de las niñas y chavalas internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, una institución represora engordada durante el franquismo (véase el artículo «L’ull franquista contra les dones dissidents» en el nº 2060 de esta revista) y superviviente durante los primeros años de la reanudación democrática.
Las voces narrando estas vejaciones y torturas psicológicas resonaron el pasado 9 de junio en la sede de la Fundación Pablo VI, que semanas más tarde se erigió en el escenario de una charla que tuvo como protagonistas a Santiago Abascal, líder de la extrema derecha Vox, y Miguel Ángel Quintana Paz, uno de los filósofos de cabecera de la ultra. Los testimonios de las supervivientes se escucharon en el acto de perdón que había organizado la Conferencia Española de Religiosos por su implicación en la administración de los centros del Patronato de Protección a la Mujer.
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Bajo las consignas de «reparación» y «sanación», Carmen Ortega, superiora de las Oblatas del Santísimo Redentor; Matilde Mena, superior de las Terciarias Capuchinas de Nazaret, y Antonia López, superior de las Adoratrices , serían las encargadas de reconocer aquellos internamientos de adolescentes y jóvenes en contra de su voluntad y pedir disculpas en número de sus organizaciones cristianas. La jornada se preveía
solemne e histórica por el carácter inusual de aquella decisión, pero dejó un regusto amargo a buena parte de las supervivientes.
Los gritos de «robos de bebés»[1], «robos de bebés» que inundaron el auditorio fueran la exhibición de un malestar latente en los días previos a la celebración del perdón, donde los chats de WhatsApp de aquellas que sufrieron las leyes de la sotana y la vara del Patronato de Protección a la Mujer mostraban un sentimiento de decepción, de estar mutiladas. Aquellas disculpas públicas, con todo, revivieron mediáticamente un averno que se originó oficialmente en 1941, según expresan las periodistas María Palau y Marta García, autoras de la obra de investigación Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valenciano (Alfonso el Magnánimo, 2023).
«El Patronato de Protección a la Mujer fue una de las tantas herramientas que el franquismo empleó para controlar los comportamientos, actitudes y cuerpos de miles y miles de mujeres», señala Palacio. Erigido bajo la apariencia de regular la prostitución y planificado para reprimir cualquier comportamiento disidente con el modelo de mujer impuesto por la dictadura, fueron internadas niñas, según explica García, «por llevar la falda muy corta, pasear de la mano de un chico por el calle, mostrarse contraria a la dictadura, exhibir una orientación sexual diferente a la heterosexual o ser violada, en muchos casos, por un familiar».
La institución, impulsada por el franquismo, fue gestionada por varias órdenes religiosas. «La dictadura entrega la administración del Patronato a una larga lista de congregaciones católicas, que transforman sus conventos y espacios en centros de este organismo represor. Las monjas serán su personal con la misión de reeducar y adoctrinar a las niñas», acredita Palacio. Las órdenes recibían una compensación económica para pagar el mantenimiento de sus edificios y por cada interna. «Según la documentación de la que disponemos, los abonos variaban: se habla de 2 y 4 pesetas hasta 20 o 25 pesetas en otros casos», específica García.
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«Las internas fueron arrancadas de su hogar por una denuncia de su familia, un médico o, incluso, por las mismas autoridades franquistas. Allí dentro estaban sometidas no sólo a la privación de libertad, sino también a constantes vejaciones, torturas psicológicas, prohibiciones de habla y hacer amistades, y también recibían castigos inhumanos», describe Palacio. Aunque en aquella institución participaron incontables órdenes, «los principales —concreta García— eran las Oblatas y las Adoratrices ». «Eran las que más reformatorios gestionaban y, en la actualidad, tienen una presencia importante en las red financiadas con dinero público que tratan a mujeres en una situación de vulnerabilidad, de explotación sexual o de violencia de género», advierte.
En las imágenes, número de centros del patronato que gestionaros Oblatas y Adoratrices y dinero que han recibido en contratos y subvenciones de dinero público para programas sociales y/o centros concertados
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Un pecado franquista sin penitencia administrativa
En la zona noble de Valencia, a poco menos de un kilómetro de la plaza de toros y del edificio consistorial, una virgen bendice el portal. No es ninguna iglesia moderna, sino la sede de la congregación de las Adoratrices en la capital valenciana y, años atrás, una de las infraestructuras que formaron parte del Patronato de Protección a la Mujer. Las Adoratrices , según los archivos de las investigadoras Marta García y María Palau, contaron con al menos siete centros vinculados a la institución represora en Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano.
Uno de estos espacios situados en Barcelona, concretamente al barrio de la Sagrera, ahora está rellenado con pizarras y pupitres. Se trata del Colegio Virgen María de Roser, que en 2023 obtuvo 2,3 millones de euros por la concertación de sus aulas -de acuerdo con los datos de las cuentas generales de la Generalitat de Cataluña de aquel ejercicio-. Si se toma de referencia esta documentación, la escuela de las Adoratrices recibió 12,8 millones de euros en el periodo 2018-2023. La orden atesora otro centro educativo concertado en Sant Just Desvern (Baix Llobregat). En la etapa 2018-2023, percibió poco más de
siete millones de euros a raíz de su concertación.
En Cataluña, de hecho, las Adoratrices disponen de una de las redes más amplias de atención social. Mediante la entidad Sicar, prestan ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad, ya sea víctimas de explotación o maltratadas. Según ha contabilizado EL TEMPS, este servicio gestionado por la orden religiosa recibió 944.342,66 euros del conjunto de las administraciones públicas del Estado español en el ejercicio 2020. En el 2019, consiguió 959.447,02 euros en ayudas públicas, así como en 2018 la cantidad era inferior, 646.482,39 euros, y en 2017 664.145,96 euros.
Según sus últimas cuentas disponibles, correspondientes a 2020, tuvo unos beneficios de 24.596,95 euros. La memoria del 2023 -menos detallada en el aspecto financiero- señala que esta institución de las Adoratrices fundamentaron sus ingresos en el sector público: el 15,22% provenían de la administración estatal, el 20,59% de fondos municipales, el 23,60% de la Generalitat de Cataluña y el 29,67% del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, participado por el consistorio de la capital catalana y por la Administración nacional principatina.
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Además de antiguos centros ligados al Patronato de Protección de la Mujer, que ahora están ocupados por otras congregaciones de talante ultraconservador que imparten clase y reciben casi cinco millones de euros por la concertación de sus aulas, como es el caso del centro Madre Sacramento de Torrent (Huerta Sur), las Adoratrices cuentan con tentáculos en las Islas Baleares. Vehiculados por la Fundación de Solidaridad Amaranta, de extensión estatal, destacan para ofrecer servicios como por ejemplo Jorbalán, de acogida de mujeres jóvenes desprotegidas, o Caliu, que apoya psicosocial a madres adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Si por la primera iniciativa recibió 755.071,84 euros en 2023, por Caliu percibió 355.785,32 euros. La Fundación Solidaridad Amaranta ingresó 1,7 millones de euros en aquel ejercicio por conciertos, convenios y contratos del conjunto de las administraciones públicas, entre los cuales destacaban los 149.128,42 euros logrados por la concertación de sus servicios en València, los 210.240 euros del Ministerio de Inclusión, o los 38.268,44 euros aportados por el Gobierno de las Islas Baleares. En la etapa 2021-2024, las Adoratrices recibieron 18 millones de euros en subvenciones, según eldiario.es. El 25% eran para proyectos de atención a mujeres víctimas de explotación sexual.
El milagro de los panes y los peces públicos
Las iniciativas de atención a mujeres que han sido marcadas por la explotación sexual también acaparan buena parte de las subvenciones públicas obtenidas por la otra gran orden religiosa que dominó el Patronato de Protección a la Mujer. Las Oblatas contaban, según la investigación de las periodistas María Palau i Marta García, con al menos cuatro espacios vinculados a la institución represora en las Islas Baleares y en el País Valenciano.
Alicante, de hecho, acogía un centro del Patronato que gestionaba esta orden. En la actualidad, se ha reconvertido en un organismo de recuperación integral para mujeres víctimas de violencia machista, pero la titularidad y la administración continúa en manos de esta entidad católica. Ubicado en el barrio de Campoamor, las Oblatas alicantinas disponían de un patrimonio neto de 68.941,89 euros y unos activos cifrados en 132.243,27 euros en 2022, último ejercicio del cual se dispone memoria. Con un resultado negativo de 27.725,32 euros, percibieron 586.306,80 euros públicos de la concertación de sus plazas por parte de la Administración valenciana. En 2024, la Generalitat Valenciana efectuó tres pagos a las Oblatas para su centro alicantino que sumaban 150.143,02 euros.
la fachada del reformatorio de las Oblatas en Alaquàs (Huerta Sur) / Foto archivo personal de María Palau
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Las inyecciones públicas captadas por la congregación en Barcelona por su espacio El Lloc de la Dona, que atiende mujeres víctimas de la prostitución, son algo más gruesas. La memoria económica del 2022, la última consultable, muestra unos activos de 384.096,80 euros y un resultado del ejercicio alejado de las cifras positivas, que se consiguieron en 2021, 28.111,34 euros. El principal financiador público fue el Ayto. de Barcelona con 130.000 euros y la Generalitat de Cataluña con 71.496,34 euros a través de varios departamentos. La Diputación de Barcelona hizo la modesta aportación de 4.178,49 euros.
La entidad marcada por la sombra del Patronato de Protección a la Mujer dispone en Palma de Casal Petit de un convenio público con la Administración balear que reporta un ingreso público de 123.000 euros y la disponibilidad de tres inmuebles. Las Oblatas ofrecen un servicio de acogida a mujeres marcadas por la terrible experiencia de la prostitución con capacidad de ocho plazas fijas y cuatro de emergencia. Según su memoria del 2024, registraron un balance negativo a pesar de recibir 29.184,67 euros de la Administración estatal, 360.553,99 euros de la balear y 79.833,12 del Ayuntamiento de Palma.
Con el 95% de sus ingresos en 2023 procedentes del erario público y con una plantilla de 158 personas en 2022, las Oblatas se han beneficiado de multitud de subvenciones y convenios ligados a la atención de mujeres en situación de exclusión o vulnerabilidad. De acuerdo con la contabilización del TEMPS, en 2023 percibieron 1,8 millones de euros en contratos y convenios, así como 2,2 millones de euros en subvenciones públicas. En 2022, estas subvenciones y/ convenios dados por la Administración pública representaron una inyección de 1,6 millones de euros y las ayudas públicas un total de 2,1 millones de euros. Un auténtico milagro público para unas órdenes con pecados franquistas, pero sin purgatorio administrativo.
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[1] LA SOMBRA DEL ROBO DE BEBÉS
Los gritos de «robo de bebés» en el acto de perdón respondían a episodios que se registraron en entidades colaboradoras del Patronato de Protección a la Mujer, como por ejemplo en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Acusada de haber participado en estas prácticas y señalada por las víctimas por su obstruccionismo hacia las solicitudes de la justicia, es gestionada por la Congregación de las Sirvientas de la Pasión.
A pesar de la sombra que sobrevuela sobre su pasado, la superior Sor Aurora Gallego fue distinguida en 2011 como hija adoptiva por el Ayuntamiento de Valencia de la popular Rita Barberá. El consistorio consideró como mérito «su defensa de la vida». Meses atrás, la saludó efusivamente el presidente de la Generalidad Valenciana, el popular Carlos Mazón, atrapado por su gestión de la Dana. En 2023, el entonces consellera de Justicia por Vox, Elisa Núñez, planteó que se tenía que premiar a la entidad por su
tarea a favor de la igualdad.
El centro valenciano de las Sirvientas dispone de una escuela privada infantil y ofrece servicios de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. A raíz de esta actividad de asistencia social, ha sido convenientemente regada por la Generalitat Valenciana: percibió dos inyecciones por un total de 478.147,38 euros en 2023 y tres pagos que sumaban 130.411,65 euros en 2024. La Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, encabezada por la zaplanista Susana Camarero, concertó con la entidad católica sus servicios de atención a mujeres víctimas de violencia. Para el periodo 2025-2027, recibirá 2,5 millones de euros de las arcas públicas. La Diputación de València contribuyó en la Casa Cuna
Santa Isabel con 50.000 euros en las cuentas del 2024 y 2025.
Las Sirvientas no solo colaboraron con el Patronato de Protección a la Mujer en el País Valenciano, sino también lo hicieron en Cataluña mediante el LLar Santa Isabel. A través de la Fundación Privada Teresa Gallifa, la congregación ha impulsado el programa integral materno Llar Santa Isabel en Barcelona, que presta asistencia a mujeres en situaciones vulnerables. La memoria de 2023 de esta Fundación recoge unos ingresos por subvenciones de 100.010,04 euros con un resultado del ejercicio positivo de 33.134 euros. Estas religiosas disponen de la Guardería Madre Teresa, en San Hipólito de Voltregà (Osona), y de la residencia juvenil Madre Gallifa.
La Congregación de nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor fue otro de los órdenes implicados en el Patronato con dos centros en Cataluña, según las investigadoras Marta García y María Palau. Uno de los espacios vinculados a la institución represora es actualmente un centro residencial de acción educativa (CRAE), dependiendo de la Dirección General de Atención a la Infancia y en la Adolescencia, salpicadura por supuestas irregularidades por adjudicaciones entre 2016 y 2020. La congregación gestiona el CRAE Cerro Azul, que recibió una inyección pública de 501.181,50 euros en 2021. Del Patronato, también participaron las Claretianas, con centros educativos en Carcaixent (Ribera Alta) y Tremp (Pallars Jussà).
Las Trinitarias gestionaron centros del Patronato en Cataluña y, actualmente, disponen de los colegios El Temple y Santísima Trinidad en Palma, la Santísima Trinidad de Ibiza, la Santísima Trinidad de Badalona (Barcelonès) —beneficiaria de un concierto de 1,4 millones en 2023— y la Santísima Trinidad de Barcelona, regado con poco más de 2 millones de euros en 2023 por la concertación de sus aulas.
Administradoras del Santo Celo, un espacio colaborador del Patronato y marcado por la sombra del robo de bebés, las Mercedarias amplían la nómina de congregaciones con tentáculos educativos. Son poseedoras de una decena de centros en todo el Estado español.
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Notas Asturias Laica
-Original en catalán (traducción Softcatalà)
-Enlaces del texto no existentes en el original salvo el inicial en el párrafo 1
-María Palau en el blog de Asturias Laica:
* Las congregaciones religiosas al cargo de las ‘cárceles’ franquistas para chicas pedirán perdón a las mujeres internadas Artículo de María Palau
* La realidad del franquista Patronato de Protección a la Mujer · «Domingos Laicos»
Entrevista a María Palau y Marta García Carbonell sobre el patronato y su libro Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valenciano
-Subvenciones a las Adoratrices, publicadas en El Diario y recogidas en el blog:
Monjas Adoratrices: de reprimir a las jóvenes en el franquismo a recibir subvenciones en programas para mujeres
-Robo de bebés: sobre Congregación de las Sirvientas de la Pasión, en el blog:
La Generalitat Valenciana propone para un premio de igualdad a una entidad implicada en bebés robados
