Cristina Pérez sufrió abusos sexuales por parte de un cura marianista en el elitista colegio de El Pilar, en Madrid. Lo denunció a la orden pero la reparación nunca llegó
Foto familiar de Cristina Pérez, en brazos de su abuela, en el centro de la foto, que acusa al sacerdote Juan Carlos González de Suso de abusar de ella en los años setenta en el colegio de el Pilar. A su izquierda está su hermana Ana, que le ha ayudado en todo el proceso de denuncia ante la orden ___________________________
Julio Núñez, Jimena Marcos, El País, 19 de diciembre de 2024
Desde que en 2018 arrancara la investigación de los abusos en la Iglesia, este periódico no ha dejado de romper el muro de silencio que se encontró el periodista Íñigo Domínguez cuando inició las primeras pesquisas.
Hoy la historia con la que queremos recordar que ese trabajo sigue vivo cuenta con las voces de sus protagonistas: Cristina Pérez, víctima de los abusos que sufrió en el elitista colegio de El Pilar en Madrid, y su hermana Ana, que ha sido su protectora y defensora en vida pero también tras su muerte. Pues Cristina falleció este año sin recibir justicia.
…Y si no es en el ámbito de la Justicia, que debería serlo por higiene democrática, que sea a nivel administrativo, reduciendo por el Gobierno el dinero que recibe la Iglesia a través de la jodida X que muchos católicos le ceden a su religión preferida en esa especie de timo del tocomocho eclesiástico. Cuanto antes, mejor.
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Vicente G. Bernaldo de Quirós, Facebook, 11 de diciembre de 2024
Es sumamente despreciable la omisión que la jerarquía de la Iglesia Católica propicia ante su responsabilidad por los casos de pederastia que muchos de sus miembros han perpetrado contra menores que estaban a su cuidado, a pesar de las exigencias y recomendaciones de los sectores más diversos de la sociedad española. Todo con tal de no poner dinero encima de la mesa para reparar sus delitos, a pesar de que disponen de pasta suficiente para hacer frente a sus desmanes. Pero quieren que se los paguemos entre todos, insistiendo en su jeta habitual de morosos con derecho a rédito.
Son ya numerosos los informes del Defensor del Pueblo, de los diferentes medios de comunicación y de otras tantas instancias en los que se pone de manifiesto con pruebas y testigos que la Iglesia Católica consintió por omisión y por responsabilidad in vigilando que muchos sacerdotes agredieran sexualmente a alumnos de sus colegios o a monaguillos de sus parroquias con el fin de saciar sus instintos libidinosos creando a las víctimas una enorme ansiedad que provoca graves quebrantos en su salud mental.
La Conferencia Episcopal evita colaborar con el Estado y sigue aferrada a un plan de reparación propio que se apoya en una comisión nombrada por ellos. «Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas», apunta Miguel Hurtado, un referente entre las víctimas de los abusos en la Iglesia
Las manos del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello / EP _______________________
Álvaro Sánchez Castillo, InfoLibre, 19 de noviembre de 2024
«Las víctimas ya no pueden esperar más». Así de contundente se mostró el pasado otoño el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una abarrotada sala del Congreso. Durante la presentación de la primera gran investigación oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que recogió centenares de testimonios, el exministro avisó de que íbamos tarde en la reparación a quienes habían sufrido en sus propias carnes esta lacra. E hizo una serie de recomendaciones para intentar cerrar una herida que lleva décadas abierta. Pero un año después, sin embargo, las víctimas siguen esperando. La Conferencia Episcopal insiste en su propio mecanismo de reparación. Un plan que aún no se ha concretado y que no cuenta con el respaldo de los afectados.
El Alto Comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas planteó como «opción más deseable» para compensar a las víctimas el establecimiento de un «modelo mixto» entre Iglesia y Estado. En este sentido, proponía la puesta en marcha de un «órgano especial de carácter temporal» que tenga como finalidad la reparación en aquellos casos en que, por prescripción o por defunción del victimario, no se hubiese podido seguir un procedimiento penal. La propuesta se inspira en el Centro de Arbitraje belga, del que la Iglesia asumió dos tercios de sus costes –además de las indemnizaciones acordadas por el órgano–.
La Fiscalía del país latinoamericano también señala a otros dos altos cargos de la orden, entre los que se encuentra un español, por ocultar las agresiones sexuales del arzobispo de La Paz, el español Alejandro Mestre, durante los años sesenta
Bernardo Mercado, provincial de la Compañía de Jesús de Bolivia y uno de los imputados, en mayo, en su domicilio en La Paz / Manuel Seoane ______________________
La Fiscalía General de Bolivia ha imputado formalmente a tres altos cargos de la Compañía de Jesús por encubrir los abusos a menores del arzobispo español de La Paz, Alejandro Mestre, fallecido en 1988 y que violó en dos ocasiones a un menor en 1961. Entre los imputados se encuentra Bernardo Mercado, de 43 años y actual provincial de la Compañía, el puesto de mayor responsabilidad de los jesuitas en el país latinoamericano. Los otros dos acusados de encubrimientos son el boliviano Osvaldo Chirveches, de 52 años, y el octogenario español Ignacio Suñol, que también desempeñaron el cargo de provincial entre 2014 y 2018 en el primer caso, y entre 2019 y 2022 en el segundo. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco.
“De acuerdo a los elementos de convicción colectados por la Fiscalía, en noviembre de 2021, el entonces encargado de Ambientes Sanos de la curia provincial, Osvaldo Chirveches, habría tomado conocimiento del hecho y remitió el caso al jefe provincial de esa gestión, Ignacio Suñol, quién instruyó la apertura de una investigación en el marco del derecho canónico que rige a la Iglesia católica. La investigación fue dirigida por Chirveches, que determinó cerrar el caso y lo puso en conocimiento del actual provincial, Bernardo Mercado, quien luego de revisar los antecedentes, cierra el caso”, señaló este jueves el Ministerio Público en una nota de prensa para informar de las medidas.
De 650.000 niños y adultos vulnerables que estuvieron bajo la tutela del Estado, de acogida y de la Iglesia entre 1950 y 2019 —en un país que hoy tiene una población de 5 millones— casi un tercio sufrió abuso físico, sexual, verbal o psicológico. Muchos más fueron explotados o desatendidos».
Esa la dramática realidad que ofrece un exhaustivo informe presentado el pasado miércoles en el Parlamento de Nueva Zelanda y en donde se destaca el papel que en ese abuso de todo tipo tuvieron las iglesias, en particular a la Iglesia católica, dado que hasta el 42% de las personas que recibieron atención religiosa de todas las confesiones fueron abusadas. «Es una vergüenza nacional», han señalado, conmovidas, las autoridades del país, según revelan las agencias de prensa internacional.
«La escala del abuso fue inimaginable, con unas 200.000 personas abusadas durante siete décadas, muchas de ellas maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda, según el informe. En respuesta a los hallazgos, el gobierno de Nueva Zelanda aceptó por primera vez que el trato que históricamente se dio a algunos niños en un notorio hospital estatal equivalía a tortura, y prometió disculparse con todos aquellos que habían sido abusados en hogares de acogida estatales, religiosos o de cuidado religioso desde 1950″.
La Curia General de la Compañía de Jesús envió un ‘mail’ en 2020 a los responsables en el país latinoamericano donde les ordenó reparar a los afectados y hacer público el nombre del agresor Lucho Roma, pero no revelar sus escritos ni la investigación interna
El jesuita pederasta Lucho Roma, junto con una de sus víctimas en Charagua, Bolivia, en los años noventa. _____________________
La Curia General de la Compañía de Jesús en Roma —máximo órgano de gobierno de la orden— recibió el informe sobre la investigación que los jesuitas bolivianos realizaron en 2019 sobre el caso del pederasta español Lucho Roma, el misionero que abusó entre 1983 y 2002 de más de un centenar de niñas indígenas, las fotografío, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito en su diario. A Roma llegaron tanto los manuscritos del pederasta como las conclusiones de la investigación, que aconsejaban informar a las autoridades civiles bolivianas de los hechos. Con ese material en la mano, Claudio Paul, consejero del superior general de los jesuitas y asistente regional para América Latina del Sur, escribió en febrero de 2020 un mail al provincial Ignacio Suñol, máximo cargo de la congregación en el país latinoamericano, en el que le señalaba los siguientes pasos que tenía que dar tras haber finalizado la investigación contra Lucho Roma: reparar a las víctimas, hacer público el caso “explicitando el nombre de Luis Roma (no solo iniciales)” y ocultar su diario como “información clasificada”. La justicia boliviana también está investigando este caso desde hace un mes.
A los niños y niñas que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia se les robó la infancia y se les silenció. Negar la verdad en una columna periodística es una mentira
Alejandro Palomas, El País, 6 de noviembre de 2023
Asco. Profundo. Hoy es un día especialmente nefasto para la lírica porque la música de la palabra ha sonado fea. Señor Savater, a usted me dirijo. Toca -quiero- responder a su columna de opinión, publicada en este mismo medio hace apenas unas horas(1). Y digo “opinión” porque soy respetuoso y porque, por primera vez, voy a hablar en nombre de todas las víctimas de abuso sexual en la infancia por miembros de la Iglesia católica española, esos —los miembros— que, según usted, cometieron apenas unos “magreos indebidos” que no le quitan el sueño y que a algunos nos dejaron algo de susto pero ningún trauma.
Asco, más profundo aún. Utilizar -¿“magrear”?- al medio millón de víctimas de abuso sexual clerical como arma arrojadiza para vertebrar su crítica a las maniobras de un partido político —”la izquierda”, dice usted— que pretende promulgar “una amnistía” no es sólo irrespetuoso sino perverso. Hemos sido niños y niñas abusados, violados, silenciados, revictimizados una y otra vez por esa siniestra cúpula de encubridores y delincuentes que se expresan como usted, que se burlan de su propia maldad como usted, que nos ridiculizan como usted, que nos acusan de oportunistas, de exagerados, de ser sospechosos de mentir, de inventar… como usted.
El primer informe oficial en España sobre las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes permite trazar el ‘modus operandi’ de los religiosos: se perpetraban de manera repetida y sobre todo en menores de entre 6 y 12 años: “Él iba pasando por las mesas y, al que le apetecía, pues le hacía sus cosas”
Escuela _______________
Sofía Pérez Mendoza, El Diario, 29 de octubre de 2023
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo permite una primera aproximación oficial –e institucional– al modus operandi de los abusadores sexuales dentro de la Iglesia. Y lo hace a través de los testimonios de supervivientes que fueron escuchados por los miembros del grupo de trabajo creado para la investigación.
Después de 15 meses de trabajo y la entrevista pormenorizada a 487 personas que relataron ser víctimas, el análisis de la información recogida revela que lo más habitual eran abusos “episódicos”, es decir, que ocurrían varias veces. También deja claro que el escenario más habitual de las agresiones fueron, con mucha diferencia, los centros de enseñanza (63,2%).
En el 84% de los casos afectaron a varones y casi la mitad tenían entre 6 y 12 años. El segundo grupo más numeroso eran adolescentes o preadolescentes de hasta 18 años. El horrible de los testimonios se refieren a abusos cometidos entre las décadas de 1960 y de 1980, pero se han registrado también episodios más recientes, de la década de 2010.
Fiscalía y juzgados tenían abiertas a cierre de 2022 más de un centenar de diligencias de investigación, un tercio por hechos sucedidos antes de la década de los noventa
Acto de nombramiento de cardenales en la basílica vaticana de San Pedro, a 30 de septiembre de 2023 / Stefano Spaziani | Europa Press ____________________
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 26 de octubre de 2023
Madrid, 17 de octubre de 2018. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pone en marcha en una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los abusos sexuales cometidos en su seno. Lo hace en plena investigación del diario El País sobre la ocultación por parte de la Iglesia durante décadas de estos casos. Y a solo cinco meses de la celebración en el Vaticano de una cumbre antipederastia que nunca convenció a las víctimas. «La Iglesia católica asume el compromiso de […] proteger a todos menores y adultos vulnerables», señala en una nota de prensa. Al frente del grupo el entonces obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, enormemente cuestionado por su actuación en relación con algunos casos de agresiones en el Seminario Menor de La Bañeza (León).
Han pasado ya cinco años de aquello. Y la pederastia en la Iglesia, su pecado original, sigue estando bajo la lupa de investigadores e instituciones. Una de ellas es el Defensor del Pueblo, que el próximo viernes dará a conocer los resultados de su estudio sobre las agresiones a menores por parte de religiosos. Se trata de la primera aproximación oficial a nivel estatal que se hace sobre este asunto,una tarea que ya han llevado a cabo otros países como Australia, Francia, Portugal o Alemania. Una investigación que permitirá dimensionar esta lacra –se espera que se ponga sobre la mesa una cifra de víctimas y victimarios– y que abordará el papel que la jerarquía eclesiástica ha jugado durante décadas en nuestro país a la hora de encubrir o silenciar estos delitos.
Víctimas y juristas reciben con interés la propuesta de la Fiscalía de ahondar en la responsabilidad de la congregaciones y órdenes religiosas, pero siguen reclamando fórmulas de reparación para quienes se quedan fuera de vía penal porque los delitos han prescrito
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Elena Herrera, El Diario, 25 de septiembre de 2023
La Fiscalía General del Estado sigue dando pasos en la búsqueda de nuevas opciones de reparación para los menores que han sido víctimas de abusos y agresiones sexuales en el seno de la Iglesia. Su última propuesta aborda la “necesidad” de afrontar en profundidad la responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por miembros de la institución al “extender la acusación” a los posibles encubridores dentro de las congregaciones u órdenes religiosas y centrarse en las vías para que la institución tenga que afrontar el pago de indemnizaciones a las víctimas.
La iniciativa, recogida en la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al año 2022, es relevante porque hace énfasis en los resarcimientos por parte de la Iglesia por casos de pederastia y apunta directamente a las dinámicas de ocultamiento que han funcionado en muchas congregaciones u órdenes religiosas y que tanto daño ha hecho a los menores y sus entornos. Una mecánica que, hasta ahora, ha sido muy difícil romper en una institución habituada a lavar los trapos sucios de puertas para adentro.
Posted by asturiaslaica 
