España, ¿Estado aconfesional? · Antonio Gómez Movellán

noviembre 21, 2025

Todavía hay cosas anacrónicas en nuestro país que resultan intolerables conos la oferta del catecismo católico en todos los niveles de la educación obligatoria o el secuestro por parte de la iglesia católica de una gran parte de nuestro patrimonio histórico mediante el escándalo de las inmatriculaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin. | @ Vatican Media. Vaticano – 11.10.2024
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Antonio Gómez Movellán, Nueva Revolución, 21 de noviembre de 2025

La conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco nos ha servido para revisar históricamente la Transición y el estado de salud de nuestra democracia. No cabe duda que ese periodo fue uno de los de más movilizaciones sociales y huelgas de nuestra historia contemporánea y sin embargo esa fuerza social que expresaba unas aspiraciones democráticas radicales no conllevó una ruptura política histórica con el franquismo ya que se estableció un sistema político y constitucional con muchos déficits democráticos entre ellos la propia Constitución que no fue producto de ningún proceso constituyente ni de ninguna asamblea constituyente sino más bien de unos pactos de mesa camilla con un fondo de amplias movilizaciones sociales. La propia monarquía borbónica restaurada es un vestigio histórico del franquismo como ha señalado el mismísimo Rey Juan Carlos I en sus memorias.

El nacionalcatolicismo fue la ideología específica del fascismo español y eso dejo huella en la Constitución. En su artículo 16 la Constitución no hace una declaración de aconfesionalidad del Estado ni mucho menos de laicidad. En efecto, el articulo 16.3 reza lo siguiente”Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

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Acto de homenaje y reparación personal a setenta víctimas asturianas del franquismo en el Pozu Sotón

noviembre 21, 2025

El Gobierno de España reconoce en Asturias a 70 trabajadoras y trabajadores como víctimas de la Guerra y la dictadura

Foto Ministerio de Política Territorial
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Fuentes: Asturias Laica, Ministerio de Política Territorial, 21 de noviembre de 2025

El Pozu Sotón (San Martín del Rey Aurelio) acogió el jueves, 20 de noviembre, un acto de homenaje y reparación a las víctimas republicanas de la guerra y la dictadura, que organiza el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cita destacada en el calendario del Ejecutivo central, al coincidir con el aniversario de la muerte del dictador y conmemorarse los 50 años de la llegada de la democracia a través del programa «España en libertad», con varios actos por todo el país.

El acto en Sotón, en el que se rendió tributo a 70 represaliados asturianos del franquismo, tiene lugar después de que la Asociación Memorialista de Asturias, presidida José Ramón Fernández Castro, tramitase los expedientes de las víctimas para ser remitidos al Ministerio, con el objetivo de conseguir unos certificados de reconocimiento que fueron validados en marzo del año pasado.

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Una víctima de abusos indemnizada por la Iglesia descubre un fallo en el sistema: luego deberá pagar una parte en impuestos

noviembre 21, 2025

El Defensor del Pueblo, tras recibir una queja, pide a Hacienda que los resarcimientos por pederastia del clero queden exentos de tributación, como los de casos de terrorismo

Los obispos, el día que aprobaron su plan integral para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, 9 de julio de 2024 | Claudio Álvarez
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Eleonora Giovio, El País, 21 de noviembre de 2025

Una víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, ha cobrado por fin 50.000 euros de indemnización de la Iglesia, pero al preguntar si luego le quitarían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros. “Me dijeron que no sabían nada”, relata. Al parecer, nadie en la Iglesia ni en el Gobierno ha pensado en ello, pese a que se pelean por las indemnizaciones de las víctimas desde hace años. Es un fallo en el sistema que se suma a todos los obstáculos que ya encuentran las víctimas para ser compensadas económicamente.

Esta persona lo consultó en Hacienda y con su asesor fiscal y descubrió que este resarcimiento sí debía tener una retención, porque para estar exento de impuestos, según la ley, debería ser resultado de una decisión judicial, y estos casos no lo son. El de esta víctima y todas las demás, que en este momento, según la contabilidad de este diario, son 2.936, aunque la Iglesia hasta ahora solo ha admitido a trámite 99 indemnizaciones, un 2,9%.

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El expolio silencioso: Iglesia e inmatriculaciones en Canarias · Manuel Marrero

noviembre 21, 2025

No se trata solo de templos, sino también de plazas, solares, viviendas y locales que han sido patrimonio comunal durante siglos, construidos y mantenidos con el esfuerzo y el dinero de los vecinos. La inmatriculación no buscaba dar “seguridad jurídica”, sino la capacidad de vender, alquilar o hipotecar unos bienes que, en realidad, son de todos

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Fuente Manuel Marrero Morales, Colectivo Prometeo, 21 de noviembre de 2025

Durante décadas, un proceso legal opaco y profundamente injusto ha permitido a la Iglesia Católica apropiarse de bienes que, por historia, uso y financiación, pertenecen a la ciudadanía. Se trata de las inmatriculaciones, un mecanismo que, amparado por leyes preconstitucionales y un decreto de Aznar en 1998, ha convertido a la Iglesia en la mayor inmobiliaria de España y posiblemente de toda la UE, y también ha dejado una profunda huella en Canarias.

Entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó en nuestro archipiélago 532 propiedades. La cifra, de por sí significativa, es aún más grave cuando se analiza su procedencia: el 76% de estos bienes —es decir, 407— carecían de certificación que acreditara su propiedad. La Iglesia simplemente declaraba, sin mostrar documentos, que esos bienes le pertenecían «desde tiempo inmemorial», y el Registro de la Propiedad lo aceptaba. 

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