Nunciatura y Gobierno acuerdan equiparar el estatus al de una ONG. El Ejecutivo espera poder recaudar 16 millones de euros como mínimo por el pago de los gravámenes de Construcciones, Instalaciones y Obras y de Contribuciones Especiales. Desde Europa Laica consideran que el acuerdo es “una cortina de humo totalmente insuficiente que no entra en el fondo del problema”
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Fuentes: Religión Digital (Jesús Bastante) / El País (José Marcos) / La Marea, 29 de marzo de 2023
Era un acuerdo que se estaba fraguando desde hace meses, a la espera de ‘tiempos propicios’ para su publicación. Que, a pocos días de la Semana Santa, y antes del arranque de la campaña electoral, se ha producido. Gobierno e Iglesia católica han acordado que ésta “renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”.
El Gobierno, que destaca que ha puesto fin a su régimen fiscal privilegiado y que desde ahora será idéntico al de cualquier entidad sin ánimo de lucro, ha acordado con la Conferencia Episcopal Española el fin de las exenciones, derivadas de los Acuerdos con el Vaticano, que afectaban al gravamen sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al impuesto por Contribuciones Especiales.
Un acuerdo, que viene a derogar la Orden Ministerial de 2001 que incluía este impuesto dentro de los Acuerdos Iglesia-Estado, pero que no hace referencia alguna al mayor de los impuestos aún pendientes, el IBI, del que no se habla en esta nota conjunta.
“Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos”, señala el texto.
Renuncia a la exención por el ICIO. Y sólo por el ICIO.Y porque la UE fuerza a hacerlo. El IBI no se toca. Ni todo lo demás.
“Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”, se lee en el comunicado.
“El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”, señala la nota, que apunta que el acuerdo se hace hoy efectivo “mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica“.
La cuantía superará, según los cálculos del Gobierno, los 16 millones de euros.La eliminación de estos privilegios fiscales de los que se beneficiaba la Iglesia Católica supondrá que los ayuntamientos podrán recaudarlos y disponer de unos ingresos públicos con los que hasta ahora no contaban. El pago de ambos impuestos, que desde hoy entra en vigor, afectará a las diócesis (70) y parroquias (casi 23.000), así como a las órdenes y congregaciones. En total serán más de 6.000 entidades las que tendrán que abonar los tributos, según datos del Registro.
La Iglesia seguirá sin pagar por sus inmuebles tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, Sociedades o los de donaciones y limosnas, tal y como acordó el Estado con la Santa Sede en 1979. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha resaltado que el trato a la Iglesia en materia fiscal será a partir de este momento “absolutamente idéntica y equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”. “Por eso hoy podemos afirmar que terminan sus privilegios fiscales”, ha querido subrayar. Es decir, tendrá el mismo tratamiento tributario que ONG como Médicos del Mundo o la Cruz Roja. “A partir de ahora la Iglesia pagará los impuestos en la misma medida, por las mismas causas y con las mismas exenciones, que las entidades sin ánimo de lucro”, ha enfatizado Bolaños. El Gobierno se llegó a plantear en 2018 modificar los Acuerdos con la Santa Sede y las leyes necesarias para acabar con la exención del IBI de que disfruta la Iglesia en sus edificios no dedicados al culto, una reclamación histórica de colectivos laicos y grupos de izquierda.
Se trata del segundo acuerdo que el Gobierno de Pedro Sánchez alcanza con la Iglesia. En el anterior, suscrito en enero del año pasado, la Conferencia Episcopal Española admitió que al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando la reforma de José María Aznar no eran suyos. Sánchez y Omella sellaron el acuerdo por el que se iniciaron los trámites para la devolución de ese millar de bienes a sus propietarios. En el comunicado conjunto con el Ejecutivo, la Iglesia reconoció que esas propiedades “pertenecen a un tercero o [a la Iglesia] no le consta la titularidad sobre el mismo”.
Los edificios inmatriculados, desde viviendas a colegios y terrenos rústicos y urbanos, están repartidos por toda España, aunque la mitad se concentran en Castilla y León (485 de las 965 propiedades indebidas reconocidas por la Iglesia). La siguiente era Cataluña con 101. Del listado, 208 eran inmuebles que pertenecen a otras personas —aun así la Iglesia los registró a su nombre— y 757 eran bienes que a la Conferencia Episcopal no le constaba que fueran suyos aunque figuren a su nombre en los registros. En el listado de bienes había 502 fincas rústicas, 151 fincas urbanas, 98 viviendas y 38 cementerios.
Aunque las inmatriculaciones reconocidas por la curia española como irregulares fueron únicamente el 2,8% de todas las realizadas, el Gobierno resalta el simbolismo que entrañó su aceptación por parte de la Iglesia. Lo mismo sucede ahora con la eliminación de la exención que disfrutaba la Iglesia en el pago de las licencias de obras y las Contribuciones Especiales. Una renuncia, la de la Iglesia, que La Moncloa pone en valor al tratarse de una institución con la que mantiene discrepancias en otros ámbitos. “Tenemos algunas diferencias, quién no las tiene, pero lo importante es que hemos puesto en el centro los acuerdos, el bien común y el interés general”, ha concluido Bolaños en una comparecencia a la que no ha asistido ningún miembro de la curia.
Una cortina de humo para Europa Laica
La Iglesia seguirá manteniendo exenciones fiscales en el pago, entre otros, del Impuesto de Bienes Inmubles (IBI). Ante esto, desde Europa Laica consideran que el anuncio es una «cortina de humo totalmente insuficiente que no entra en el fondo del problema». Juanjo Picó, representante de la organización, denuncia que se trata de «una contraprestación pobre si se compara con todos los privilegios fiscales que tiene la Iglesia».
Para Picó, «el meollo» son los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, entre los que se incluyen la asignación tributaria a través de la casilla en la declaración de la renta o la exención en impuestos de calado como es el IBI, incluso en el caso de los edificios con rendimiento mercantil: «También habría que hablar de las inmatriculaciones de la Iglesia», explica.
De acuerdo con los datos de Europa Laica, estos diferentes acuerdos permiten a la Iglesia católica en España ahorrar unos 2.000 millones de euros al año. Ante esto, aseguran que el acuerdo supondrá un desembolso mínimo para la institución religiosa y piden al Gobierno que dé los datos exactos. En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la eliminación de ambas exenciones supondrá más de 16 millones de euros para los ayuntamientos cada año.
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Nota conjunta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Conferencia Episcopal Española
Ministerio de la Presidencia
Fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación.
Hoy se hace efectivo dicho acuerdo mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica.
