El Estado español desde 2010 ha gastado 7,2 millones de euros para el culto católico en las cárceles

Desde 2010, se han transferido a la Conferencia Episcopal más de 7,2 millones de euros para las misas en los centros penitenciarios. En 2022, la aportación será de 792.640 euros. El gasto directo religioso en el proyecto de Presupuestos asciende a 1,56 millones de euros. A ello hay que sumar otras aportaciones «escondidas» dentro de la maraña de cifras que conforman las cuentas.

. Foto: Pxfuel

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Óscar F. Civieta, AraInfo, 14 de noviembre de 2021

Reza la más loada que cumplida Constitución en su artículo 16.3, que en el Estado español “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Ergo, que es un Estado aconfesional. Surge entonces una supina contradicción: ¿por qué se les da dinero público a las instituciones religiosas? La respuesta se encuentra en el mismo punto de la CE de 1978, pero unas líneas más abajo: “Los poderes públicos (…) mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Una suerte de ardid constitucional pintiparado para soportar el dislate del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.

¿Cuánto le cuesta al Estado el culto en los centros penitenciarios?

Asentado sobre esos santos pactos, cada año se produce un fenómeno cuasi espiritual que hace que, como en el caso de los gastos militares, el regalo de dinero público a las religiones (y, principalmente, a la Iglesia Católica) esté estratégicamente difuminado por casi la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero también hay partidas directas, claras. Meridianas. Que se encuentran sólo con inquirir ligeramente. Por ejemplo, la que se estatuye para financiar las misas en las cárceles.

Desde 2010 se han gastado 7,22 millones de euros con el concepto “Transferencia a la Conferencia episcopal para atención al culto en centros penitenciarios”. Si a ello se le suma lo que se le da “A la Comisión Islámica de España para la atención del culto en centros penitenciarios”, el coste total asciende a 7,42 millones de euros, que han salido (y salen) del Ministerio del Interior.

En el proyecto de Presupuestos para 2022, para el que, próximamente, el Gobierno de coalición tratará de conseguir la anuencia en las Cortes Generales, se establece una aportación para la Conferencia Episcopal de 608.500 euros y para la Comisión Islámica de 21.000 euros. 629.500 euros en total.

Es la misma cantidad que se destinó en 2021, y se repite respecto a 2020, 2019 y 2018, el trienio de los presupuestos prorrogados de Montoro.

El año de mayor aportación fue 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero como inquilino de la Moncloa. Entonces, se le dieron 777.940 euros a la religión católica y 41.080 euros a la islámica.

Las tres anualidades con menor gasto religioso fueron 2013, 2014 y 2015 (el presidente era Mariano Rajoy), cuando se le entregaron 309.500 euros a la Conferencia Episcopal y 3.930 euros a la Comisión Islámica, para un total de 313.430 euros.

Otros gastos religiosos en los Presupuestos

El de los centros penitenciarios no es el único gasto detectable con relativa sencillez. También del Ministerio español del Interior, y en el mismo programa que las aportaciones antedichas (el que se refiere a Centros e Instituciones Penitenciarias), se encuentra una entrega “A Cáritas Española para facilitar la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad”. De 2018 a 2022 se ha financiado este concepto con 54.000 euros anuales. Fueron 52.000 en 2017 y 2016; 27.000 de 2013 a 2015; 49.500 en 2012; 52.800 en 2011, y 60.000 en 2010. En total, 617.850 euros desde 2010.

Hay otra entrega directa a Cáritas, la que se contempla en el programa “Otros servicios sociales del Estado” del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En este caso, es de 792.640 euros y se destina al “sostenimiento económico-financiero de su estructura central”.

En la misma cuenta ministerial, pero dentro del programa “Atención a la infancia y a las familias”, se halla la dádiva de 54.000 euros “A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (creada en 1929 por la Iglesia Católica) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central”.

Y aún hay más. Esta vez, en las cuentas correspondientes al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Concretamente, en su apartado 141M: “Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”.

La aportación que emana de este programa es de 33.060 euros “A la Obra Pía de los Santos Lugares” y de 3.010 euros “A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio)”.

La Obra Pía, explican en la web del Ministerio, “contribuye al mantenimiento de la presencia histórica de España en Tierra Santa, mediante la realización de obras socioculturales y educativas, y la conservación del patrimonio propio tanto en el exterior como en España, destacando el complejo de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid”.

Desde 2010, a esta “entidad estatal de derecho público, sin fines de lucro” se le han asignado 501.900 euros. Siendo 2010 y 2011 los años más generosos con 69.120 euros.

En el caso de la Basílica romana, ha recibido 42.140 euros entre 2010 y 2022. La entrega anual ha sido siempre de 3.010 euros, excepto en el año actual, en el que el gasto ha ascendido a 6.020 euros.

1,56 millones de euros de gasto religioso directo

Sumando todas las partidas comentadas, la cantidad de dinero que, de manera directa, sale de los Presupuestos Generales del Estado para la religión es de 1.566.210 euros. No supone, empero, el gasto pecuniario total con fines religiosos, puesto que existen otras entregas perfectamente diluidas en el intrincado diseño de las cuentas.

Adicional a lo anterior, también redundan positivamente en el poder adquisitivo de la Iglesia las múltiples exenciones fiscales proclamadas por el Acuerdo con la Santa Sede de 1979 y que afectan a “la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas”.

Y se puede seguir sumando, por ejemplo, lo que se paga por entrar a templos (“donaciones”, lo llaman) que, en muchos casos, han sido irregularmente inmatriculados por la Iglesia Católico. Paradigmático (aunque, ni muchísimo menos, único) es el ejemplo de la catedral de La Seo (en Zaragoza), que cobra esa aportación, mientras recibe ingentes cantidades de dinero público para su restauración.

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