Las protestas contra las inmatriculaciones de la Iglesia llegan a la puerta del Congreso

La coordinadora estatal ‘Recuperando’ se moviliza este miércoles con el objetivo denunciar los “incumplimientos” por parte del Gobierno a la hora de tratar de recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.

Juan José Omella, presidente de la CEE, durante la reunión de la Comisión permanente el 28 de septiembre / Carlos Luján – Europa Press

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Danilo Albin, Público, 6 de octubre de 2021

La campaña para tratar de poner fin a uno de los grandes privilegios eclesiásticos se dejará sentir este miércoles fuera del Congreso. La coordinadora estatal Recuperando, impulsada con el objetivo de lograr la reversión de los bienes inscritos por la Iglesia católica, se movilizará frente a la sede parlamentaria para pedir que el Gobierno de coalición se atreva a avanzar a esa materia. 

La jornada de “denuncia del incumplimiento del Gobierno para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica” que se celebra este miércoles tiene como una de sus convocatorias principales la concentración que se realizará a la 12.00 ante el Congreso. Luego, a las 18.00, habrá una mesa redonda en la sede del sindicato CCOO, donde la coordinadora informará sobre las propuestas legislativas realizadas en el ámbito de las inmatriculaciones.

En febrero pasado, el Gobierno remitió al Congreso un informe en el que señalaba que entre 1998 y 2015, al calor de una ley del Gobierno de José María Aznar que permitió a la Iglesia registrar bienes en propiedad a través de una simple certificación eclesiástica, se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de dicha institución. 

“De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales”, dio a conocer entonces La Moncloa. Explicó además que “30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto”. 

La entonces vicepresidenta Carmen Calvo abrió la puerta a que se produjesen reclamos por parte de particulares “en caso de conflicto sobre su titularidad”, aunque el Gobierno remarcó al mismo tiempo que “las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal”. “Otra cosa es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente Aznar”, afirmó Calvo en febrero.

El portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, destaca que la cifra de bienes inmatriculados por la Iglesia crece considerablemente si se pone el punto de partida en 1946. Desde entonces, asegura, hubo más de 100.000 inmatriculaciones, “de las cuales 35.000 ya han sido identificadas”.

Tras conocerse ese informe, la coordinadora Recuperando calificó como un “absoluto insulto y una gran trampa que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia”. Entre otras cosas, el colectivo advirtió que miles de municipios de pocos habitantes podrían enfrentar serias dificultades “para litigar en procesos que se prolongan durante 20 años”.

Este asunto también ha servido para mostrar las diferencias que despierta en el seno del Gobierno de coalición. En mayo pasado, La Comisión de Justicia del Congreso rechazó una proposición no de ley de ERC y EH Bildu –apoyada por Unidas Podemos– que planteaba precisamente pedir al Gobierno el listado de bienes inmatriculados desde 1946, así como dar pasos para anular las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas desde la aprobación de la Constitución en 1978 “por inconstitucionalidad sobrevenida”. El PSOE votó en contra de dicha propuesta, impidiendo así su aprobación.

La jornada de “denuncia del incumplimiento del Gobierno para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica” que se celebra este miércoles tiene como una de sus convocatorias principales la concentración que se realizará a la 12.00 ante el Congreso. Luego, a las 18.00, habrá una mesa redonda en la sede del sindicato CCOO, donde la coordinadora informará sobre las propuestas legislativas realizadas en el ámbito de las inmatriculaciones.

En febrero pasado, el Gobierno remitió al Congreso un informe en el que señalaba que entre 1998 y 2015, al calor de una ley del Gobierno de José María Aznar que permitió a la Iglesia registrar bienes en propiedad a través de una simple certificación eclesiástica, se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de dicha institución. 

“De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales”, dio a conocer entonces La Moncloa. Explicó además que “30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto”. 

La entonces vicepresidenta Carmen Calvo abrió la puerta a que se produjesen reclamos por parte de particulares “en caso de conflicto sobre su titularidad”, aunque el Gobierno remarcó al mismo tiempo que “las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal”. “Otra cosa es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente Aznar”, afirmó Calvo en febrero.

El portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, destaca que la cifra de bienes inmatriculados por la Iglesia crece considerablemente si se pone el punto de partida en 1946. Desde entonces, asegura, hubo más de 100.000 inmatriculaciones, “de las cuales 35.000 ya han sido identificadas”.

Tras conocerse ese informe, la coordinadora Recuperando calificó como un “absoluto insulto y una gran trampa que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia”. Entre otras cosas, el colectivo advirtió que miles de municipios de pocos habitantes podrían enfrentar serias dificultades “para litigar en procesos que se prolongan durante 20 años”.

Este asunto también ha servido para mostrar las diferencias que despierta en el seno del Gobierno de coalición. En mayo pasado, La Comisión de Justicia del Congreso rechazó una proposición no de ley de ERC y EH Bildu –apoyada por Unidas Podemos– que planteaba precisamente pedir al Gobierno el listado de bienes inmatriculados desde 1946, así como dar pasos para anular las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas desde la aprobación de la Constitución en 1978 “por inconstitucionalidad sobrevenida”. El PSOE votó en contra de dicha propuesta, impidiendo así su aprobación.

“Problema de Estado”

“La solución que se ha dado desde el Gobierno ha sido dar por buenas las inmatriculaciones, y que aquel que quiera reclamar lo haga a título individual”, lamenta Picó, quien denuncia que el Gobierno de coalición “ha incumplido sus propios compromisos” en este asunto.

“Esto es un expolio monumental y un problema de Estado que, por lo tanto, requiere soluciones de Estado, no particulares”, afirmó el integrante de Europa Laica, quien llamó a participar en la movilización de este miércoles frente al Congreso para “denunciar este incumplimiento y exigir que los bienes de interés cultural de raíz religiosa pasen a ser de dominio público”.

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