Desde su creación en 2008, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha iniciado más de medio centenar de procesos judiciales. Con ellos, buscan un altavoz mediático y debilitar a las organizaciones feministas y LGTBI, con menos recursos económicos

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos
Meritxell Rigol , CTXT, 26 de junio de 2021
La lista es larga: activistas que protestaron en la catedral de Alcalá de Henares contra terapias para “curar” la homosexualidad; el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, por acoger una exposición que incluía la imagen de un Cristo a la parrilla; educadoras que imparten talleres de educación sexoafectiva –según ellos, de “ideología de género”–, o incluso la directora de una escuela donde se realizan; feministas que convocan protestas “anticristianas”; el artista Drag Sethlas por recitar “frases blasfemas” en una actuación; alcaldes que colgaron la bandera LGTBI –un gesto que “no se puede permitir porque solo representa a una parte de la ciudadanía”–; los que han retirado cruces “utilizando como excusa la Ley de Memoria Histórica”; el artista Abel Azcona, por una obra que denuncia los abusos sexuales en la Iglesia católica; una veintena de clínicas en las que se practican abortos, a las que acusan de ofrecer publicidad engañosa que “incita” a abortar.
Desde su creación en 2008, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha iniciado ya más de medio centenar de procesos judiciales. No es la única, pero sí la principal organización ultraconservadora que recurre al sistema judicial para incidir en la vida pública. Aunque, en la práctica, lo consigue más a base de titulares que de sentencias favorables.
“En España vemos una especie de cruzada jurídica por parte de grupos próximos a la extrema derecha, vinculados a un extremismo religioso, para intentar imponer su visión del mundo, desde una posición de patrimonializar los derechos y las libertades, y poniendo en cuestión derechos de las mujeres y de las personas LGTBI”, advierte María José Fariñas, catedrática de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba.
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