Álvaro Sanz, IU Aragón
31 de marzo de 2021
Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón-Grupo Mixto, presentó y defendió en el Pleno de las Cortes de Aragón (sesión plenaria celebrada los días 25 y 26 de marzo), una Proposición no de Ley (núm. 126/21), sobre la reclamación de la titularidad del dominio y de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia.
La moción instaba al Gobierno de Aragón a que colaborara con el Gobierno de España y le instara a:
1. Trasladar a esta Cámara las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones) al amparo de los arts. 206 LH y 304 RH.
2. Ordenar, mediante la norma que corresponda, la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al art. 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH.
3. Habilitar los mecanismos oportunos para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público, establecer los procedimientos para su catalogación y registro, y posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares.
La moción, para la que solicitaría el Grupo Parlamentario del PSOE una votación por puntos -que no fue aceptada-, si bien aclarando que de rechazarse no modificaría su intención de apoyarla, fue rechazada por 34 votos en contra y 32 a favor: Cha, Podemos, PSOE e IU .
Vídeos
1.-Debate moción
Fuente: Mediateca Cortes de Aragón
2.- Votación:
Tras la votación explicaría el voto Izquierda Unida, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y Psoe
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Sobre el debate Álvaro Sanz escribía en Facebook:
Inmatriculaciones
Álvaro Sanz, Facebook
Ayer reclamamos que el estado, desde su administración general hasta la autonómica arroje luz, facilitando las notas simples de los bienes inmatriculados por la iglesia y actúe jurídicamente, para garantizar la nulidad se unas inscripciones en el registro amparados en una normativa que le otorgaba a la iglesia poderes de fedataria pública, es decir, sin necesidad de presentar ningún título de propiedad, como si fuese parte de la administración pública, especialmente aquellos que fueron inmatriculados después de la entrada en vigor de la Constitución, tal y como denunció el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
En Aragón son más de 2000 las inmatriculaciones de la iglesia efectuadas entre el 1998 y el 2015 hasta que se modificase la ley franquista que lo permitía. Es un escándalo democrático de primer nivel. Como siempre las derechas demostraron que nuestro país no ha superado el Antiguo Régimen. Lamentable escuchar en sus intervenciones parlamentarias alegatos en defensa de la iglesia y de la jerarquía católica propios de otros tiempos por boca de quienes debería defender el interés general, el dominio público, asumiendo los principios de aconfesionalidad del estado. El debate fue grotesco y lamentable. Especialmente curiosas las encendidas palabras de los que se reclaman liberales que luego defienden los privilegios de la iglesia o los derechos de cuna cuando hablamos de impuestos.
La propuesta, a diferencia de lo sucedido en otros parlamentos, no salió aprobada. Solo contó con los votos de Cha, Podemos, PSOE e IU.
En cualquier caso seguiremos reclamando esas notas simples y exigiendo que el estado actúe ante este monumental escándalo.
