Nota de prensa Grupo Inmatriculaciones Asturias – Coordinadora Recuperando

José María Rosell
Grupo Inmatriculaciones Asturias – Coordinadora estatal RECUPERANDO
14 de diciembre de 2020

El Gobierno oculta las inmatriculaciones de la Iglesia …
… negocia en secreto con la Conferencia Episcopal …
… e incumple sus compromisos parlamentarios y su propio programa electoral.

El Grupo Inmatriculaciones Asturias, y otros colectivos patrimonialistas integrados en el Colectivo Estatal RECUPERANDO, vienen exigiendo desde hace años al gobierno español que recabe  la relación de bienes inmatriculados en los Registros de la Propiedad, mediante una simple certificación eclesiástica, por la iglesia católica.

El Ministerio de Justicia dispone, desde el 6 de febrero de 2018, de una relación de 34.984 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 mediante este procedimiento cuya constitucionalidad ha sido cuestionada incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta cantidad puede ser, simplemente, la punta visible de un iceberg mucho mayor, dado que en España la iglesia ha venido inmatriculando bienes inmuebles mediante este procedimiento desde la Ley Hipotecaria de 1946.

El Consejo de transparencia y Buen Gobierno ha instado al Ministerio de Justicia a hacer pública esta información, trasladándola a los grupos parlamentarios y a las partes que la han solicitado.

Sin embargo, en un alarde de falta total de transparencia, el gobierno ha optado por recurrir la resolución del Consejo de Transparencia y no facilitar la información de la que dispone, utilizando argumento falaces: (1) “la información está pendiente de elaborar” (falso: no hay nada que elaborar, se solicita exclusivamente la relación de que se dispone; no un informe al efecto) , o (2) “la situación socio-sanitaria retrasa la publicación del listado” (falso: basta con enviar unos correos electrónicos)

Resulta clara la intención que ha tenido el gobierno de ocultar el mayor tiempo posible esta información, para que no salga a la luz. Sin embargo, dado que se trata de un tema cada vez más conocido por la opinión pública, creemos que resultará inevitable su próxima publicación.

Ya ha quedado claro que el tema de las inmatriculaciones de la iglesia católica en España (que estimamos en unas 100.000) es un tema complejo; es un tema de Estado, que afecta a una muy gran parte del patrimonio arquitectónico y cultural de este país; desde la mezquita de Córdoba al arte prerrománico asturiano, pasando por la arquitectura mudéjar aragonesa. La solución corresponde, por tanto, al Parlamento y requerirá medidas legislativas.

Se está hurtando la información a los propios grupos parlamentarios y, por tanto, a que éstos puedan participar en la búsqueda de una solución que priorice la defensa del patrimonio público.

Sin embargo, las entrevistas y negociaciones con la Conferencia Episcopal han continuado; ocultas, sin transparencia alguna, al margen del propio parlamento. Pero un problema de Estado se trata en el Parlamento, no a hurtadillas con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, se están incumpliendo, incluso, los Programas Electorales de los partidos que conforman el gobierno actual, el Programa Gobierno de coalición PSOE – UNIDAS/PODEMOS y las propias palabras pronunciadas por el presidente Pedro Sánchez en su sesión de investidura.

El PSOE, en el apartado 2.3.1. de su programa electoral, establece la “recuperación de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.

PODEMOS, en el apartado 137 de su programa electoral, establece “Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo”.

El Programa del Gobierno de coalición PSOE – UNIDAS/PODEMOS (30-12-2019), en el apartado 5.11., establece “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

Y, por último, el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su Discurso Investidura (04-01-2020), nos decía “Señorías, en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad y por esa razón el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas -ya les anuncio- para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido in matriculados indebidamente por la Iglesia”.

Por ello, en aras de la transparencia que debe guiar toda sociedad democrática, solicitamos que:

  1. Se retire de inmediato el recurso presentado por el Ministerio de Justicia contra la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  2. Se traslade la información disponible (1998-2015) a todos los grupos parlamentarios y a aquellas entidades patrimonialistas que así lo hayan solicitado
  3. Se complete esta información recabando, por el mecanismo que se considere oportuno, las inmatriculaciones que faltan: las realizadas por la iglesia entre 1946 y 1998.
  4. Se obtengan las Notas Simples Registrales de la totalidad de las inmatriculaciones (1946-2015) dado que la información contenida es la que permitirá identificar claramente el bien y el mecanismo utilizado en su inmatriculación.
  5. Se dé respuesta a las solicitudes de reunión planteadas reiteradamente por RECUPERANDO para poder presentar  y debatir nuestro documento “INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA [claves jurídicas y propuestas de solución]”.

En todo caso, hay que partir de que todas las inscripciones realizadas con posterioridad a 1978 han de considerarse nulas de pleno derecho por utilizar un mecanismo (auto-certificación eclesiástica) que supone una actuación inconstitucional sobrevenida, ya criticado por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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