Un exigente listado de promesas laicistas pendientes aguarda al Gobierno tras el hito simbólico del homenaje aconfesional

La Vicepresidencia de Carmen Calvo negocia con los obispos sobre fiscalidad, educación, inmatriculaciones y medidas contra los abusos

Funeral de Estado: Unidos en el recuerdo a las víctimas del covid-19

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 17 de julio de 2020

Pedro Sánchez ha marcado dos hitos simbólicos. El 2 de agosto de 2018, tras la moción de censura que envió a Mariano Rajoy de vuelta al registro de la propiedad, el líder socialista tomó posesión como presidente sin símbolos religiosos en la ceremonia, gesto imitado por el resto de su Gobierno. Los integrantes del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos lo volvieron a hacer, tras las elecciones de noviembre de 2019. Ahora Presidencia ha organizado el primer homenaje de Estado aconfesional a las víctimas de una tragedia, rompiendo con ello un hilo histórico de asimilación litúrgica Iglesia-Estado en ocasiones solemnes. Dos hitos, pues. Y reconocidos incluso por las organizaciones laicistas, tan minoritarias como poco dadas a la complacencia con las autoridades. Pero estos dos hitos están lejos –muy lejos, en realidad– de colmar la lista de tareas pendientes del Gobierno sobre la relación Iglesia-Estado.

Fue el propio Sánchez quien generó elevadas expectativas. El programa electoral del PSOE de 2016 incluía la “supresión de la referencia a la Iglesia” en la Constitución, que debía incluir el “principio de laicidad”. Ambicioso, sin duda. También recogía la “denuncia” de los acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, la retirada de exenciones fiscales para los bienes sin uso religioso o social y el avance hacia la “autofinanciación”, la “reclamación de la titularidad” de bienes inmatriculados… El documento de su candidatura en las primarias de 2017 sostenía que España debía “consolidar su condición de Estado laico“, mediante la derogación de los acuerdos de 1976-1979. “Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar”, señalaba. Había más en las resoluciones del 39º Congreso del PSOE, que recogían en la exclusión de la “religión confesional” del “currículo”. El congreso socialista también aprobó acabar con las exenciones, singularmente del IBI, cuando los bienes generen ingresos o no sirvan a finalidades sociales o de culto. A ello se añadió la aprobación en el Congreso, en febrero de 2018, de una proposición no de Ley (PNL) que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a “dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del horario escolar”, y a la “derogación” de los acuerdos con el Vaticano.

Sánchez ha rebajado la ambiciosa agenda con la que se aupó al liderazgo del PSOE, que incluía derogar los acuerdos con el Vaticano

Y llegó moción de censura. El poder y sus limitaciones. La aritmética parlamentaria. Sánchez, que nunca ha dispuesto de mayorías estables, no ha materializado la mayoría de sus compromisos laicistas. Su iniciativa tocante a la Iglesia más significativa fue sacar los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. De lo demás, se ha avanzado poco. Incluso ha ido bajando el listón. En las elecciones de abril de 2019 el PSOE borró de su programa la denuncia de los acuerdos con el Vaticano. El documento actual más vinculante es el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, con compromisos más escuetos que los de aquel Sánchez que hizo campaña puño en alto para ganar las primarias del PSOE. Ejemplos: no se mencionan los acuerdos de 1976-1979, ni el artículo 16.3 de la Constitución, ni la autofinanciación de la Iglesia, ni su fiscalidad…

¿Significa eso que son temas enterrados? No necesariamente. Los dos primeros –acuerdos con el Vaticano y Constitución– parecen inabordables ahora, pero los otros dos pueden tener cabida en el espacio de diálogo que ha abierto el Gobierno con la jerarquía católica. Tras la elección como presidente de la Conferencia Episcopal del cardenal Juan José Omella, de perfil aperturista y dialogante, se aprecia un tono diferente en el Gobierno, más confiado en el acuerdo. El Ejecutivo cree que los cambios de nombres son favorables. No sólo en la cúpula eclesial. También ha cambiado el hombre del Vaticano en España. El nuevo nuncio, Bernardito Auza, ha sido nombrado por Francisco, que lleva desde su elección tratando de cuajar en España una mayoría de dignatarios afín a sus tesis reformistas. Auza es tenido, al igual que Omella, por hombre templado. El anterior nuncio, Renzo Fratini, deja el recuerdo de su acusación al Gobierno de haber “resucitado a Franco” con la exhumación.

Perfiles distintos, entonces. Pero los temas son los mismos. Carmen Calvo y Omella, en su primer encuentro formal en junio, acordaron abrir un espacio de diálogo y negociación, para lo que el Gobierno ha nombrado como responsable a Antonio Hidalgo, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Los temas admitidos como parte de la negociación son: fiscalidad, protección de los menores, inmatriculaciones y educación. Pero hay más cuestiones de mutua incumbencia. infoLibre repasa los asuntos pendientes.

La auditoría del Tribunal de Cuentas amenaza el estatus económico de la Iglesia, favorecido por unas exenciones cuestionadas por la justicia

Privilegios económicos

Carmen Calvo ha sido la ministra que más ha hecho por mantener vivas las expectativas de cambio de la posición de la Iglesia. En octubre de 2018 mantuvo en el Vaticano una reunión con el secretario de Estado Pietro Parolin, en la que abordaron una posible reforma de la fiscalidad eclesial. Un tema mayor. La Iglesia no sólo conserva intactos los privilegios de 1976-1979. Es que, además, ha incumplido su parte del acuerdo, al no avanzar hacia la autofinanciación, un compromiso firmado pero sin fecha. La mejor prueba de que incumple este propósito es que el Estado le dedica cada año más de 250 millones de euros públicos directamente inyectados en las arcas de la Iglesia diocesana tras recaudarlos de los impuestos de todos los contribuyentes vía IRPF

La Ley de Mecenazgo de 2002 mejoró incluso su posición. ¿Por qué? La Iglesia se beneficia de una exención fiscal generalizada. En el caso del IBI, por ejemplo, la Iglesia se libra de pagar incluso cuando hace negocio con los inmuebles poniéndolos en alquiler. Esto ocurre con viviendas, hoteles y locales para todo tipo de negocios. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la Iglesia. Fue en 2018. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo obligó a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial. El fallo evitaba que una ventaja fiscal adulterase la competencia en el mercado.

Incluso el papa Francisco ha afirmado que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en casos en los que haya justificación religiosa o caritativa. Italia, de hecho, ya ha introducido reformas para que la Iglesia no pueda hacer negocio con ventaja fiscal. Calvo sostiene que el modelo italiano ofrece la pista adecuada para la solución. No sólo la voluntad del Gobierno amenaza la posición fiscal de la Iglesia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha rechazado una exención de un impuesto local de obras en un colegio católico en Getafe. En España también ha habido una sentencia que golpea a la Iglesia en este punto. El Obispado de Mallorca renunció en 2018 a recurrir un fallo que permite al Ayuntamiento de Escorca cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos. Como no hubo recurso, el tema no llegó al Supremo. De modo que, de momento, la jurisprudencia sonríe a la Iglesia. Pero la justicia europea es clara y es previsible que tarde o temprano el tema acabe dirimiéndose allí.

La rebaja de las exenciones fiscales no sería únicamente impactante por las cifras –que se desconocen, aunque se estima en 700 millones sólo en IBI–, sino porque un ajuste fino obligaría a la Iglesia y sus organizaciones a mayor transparencia patrimonial.

Autofinanciación

El diálogo sobre fiscalidad se desarrolla con una mirada de reojo al Tribunal de Cuentas, cuyo informe preliminar sobre los fondos públicos dedicados a la Iglesia desvelada descontrol y opacidad, como publicó infoLibre [ver aquí y aquí]. Está por ver hasta qué punto el informe final mantiene las primeras conclusiones, que eran durísimas. Ejemplos del informe. La memoria con la que la Iglesia explica qué hace con el dinero que recibe del Estado vía IRPF no tiene valor justificativo. El Gobierno no hace ningún seguimiento. El dinero dedicado por la Iglesia a la televisión Trece podría constituir una ayuda ilegal de Estado. La Iglesia no ha hecho avances hacia su comprometida autofinanciación. Como ha afirmado Alejandro Torres, profesor de Derecho Público de la Universidad de Navarra, la Iglesia “es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va de casa”. Calvo ha afirmado que sobre el IRPF hay “un espacio de reflexión” abierto, pero no hay concreción sobre si habrá cambios.

“La Iglesia tiene un compromiso de autofinanciación. Claro, no puso fecha, pero ya va siendo hora de que el Estado de la exija. La ciudadanía no tiene por qué pagar las creencias religiosas de nadie. Es fundamental eliminar las dos casillas [la de la Iglesia y la de fines sociales] de la declaración de la renta. Es injusto que los católicos marquen la casilla sin que les cueste nada pero el dinero que se detraiga de la bolsa común de todos”, señala Asunción Villaverde, filóloga y activista del movimiento laico. A su juicio, el modelo justo sería el alemán: el que marca la equis aporta de más de su bolsillo.

Los avances en la ampliación del plazo de prescripción de los abusos contrastan con la demora en el cumplimiento del compromiso sobre inmatriculaciones

Inmatriculaciones

Una asignatura suspendida hasta la fecha por los Ejecutivos de Sánchez, que se puso a sí mismo la tarea y no la sacado adelante. El Ministerio de Justicia anunció en el verano de 2018 la publicación de un listado de bienes inmatriculados. En agosto, hace ya casi dos años, el Gobierno aseguraba que estaba “procesando los datos”. Y todavía nada: ni listado, ni fecha. Ahora Justicia remite al Ministerio de Presidencia, que lleva las relaciones con las confesiones religiosas. Y en el departamento de Calvo se limitan a señalar que el tema está sobre la mesa.

La idea de una reversión de las inmatriculaciones de bienes públicos, alentada por el propio Gobierno y que le deparó numerosos titulares, se ve hoy lejana. El programa de PSOE y Unidas Podemos prevé “modificaciones legislativas” para “facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Es difícil saber cuántas de las decenas de miles de inmatriculaciones se verían afectadas. En marzo, el Gobierno volvió a negar el listado de bienes inscritos, en este caso al senador de Compromís Carles Mulet, explicando que el informe “se está elaborando”.

Las inmatriculaciones son un problema serio para la Iglesia, tanto para su imagen como –si llegara a haber reversiones– para su patrimonio. No obstante, es difícil que sea desposeída de los bienes inmatriculados. Se trata de una batalla larga y de final incierto que, si la Iglesia no colabora, debería dirimirse caso a caso en los tribunales. Sin acuerdo con la Iglesia, incluso la más modesta pretensión del Gobierno podría convertirse en un calvario judicial.

“Lo prioritario es publicar el listado, porque rompería la columna vertebral de opacidad que reina sobre todo este asunto”, señala Andrés Valentín, portavoz del movimiento contra las inmatriculaciones en Navarra, donde se destapó el caso. Valentín expresa el temor a un pacto discreto sobre 3.000 bienes “negociables”, que acabe dejando en nada o casi nada la reversión. “Y no nos olvidemos de los bienes ya vendidos, que son irrecuperables [ver aquí un caso].

El jurista Antonio Manuel Rodríguez ha realizado una triple propuesta para encauzar el problema. 1) Que las inmatriculaciones sean entendidas nulas, de modo que se regrese a la situación anterior a las inscripciones y, desde ahí, la Iglesia pudiera registrar sólo aquello de lo que puede aportar documentación acreditativa, y no sólo la firma del obispo; 2) Un pacto de Estado entre España y el Vaticano que establezca los límites de la titularidad de los bienes, preservando el carácter estatal de los más relevantes, como los templos; 2) Una solución legislativa propia ad hoc.

Abusos

Vuelta a la reunión de Calvo con Parolin. La vicepresidenta anunció entonces a las autoridades pontificias la adopción de medidas para la imprescriptibilidad de los abusos sexuales. La iniciativa se ha empezado a concretar con la aprobación en junio en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de protección de la infancia, que extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores modificando el día de comienzo de cómputo del plazo. Se contará, si se aprueba, a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años. Se trata de una medida en línea con las reclamadas por las asociaciones de víctimas de pederastia, un fenómeno que lleva más de una década sacudiendo de arriba a abajo a la Iglesia, y que está incluida en la mesa de negociación entre el Gobierno y la CEE.

La CEE no responde a las preguntas de este periódico para este artículo. La Iglesia se encuentra ahora mismo en proceso de aplicar las instrucciones del papa y su política de tolerancia cero, entre ellas la apertura de oficinas de apoyo a las víctimas y la aplicación de protocolos reforzados en cada una de las 70 diócesis. No obstante, las asociaciones de víctimas elevan el listón. Organizaciones como Ending Clergy Abuse e Infancia Robada han apuntado a tres obligaciones que, a su juicio, la Iglesia debe asumir el clero: indemnizar a las víctimas, establecer la denuncia automática de los casos y expulsión inmediata de todos los abusadores.

Educación

La educación está en la mesa de negociación. Tiene dos frentes: 1) La asignatura de Religión. 2) La concertada. El programa de PSOE y Unidas Podemos señala lo siguiente: “La asignatura de Religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable”. La Ley Celaá, que intenta sustituir a la Lomce y está en tramitación, así lo establece. En cuanto a la concertada, se concitan más intereses. Más del 60% de la concertada –privada financiada con fondos públicos– es de la Iglesia, que viene compensando en las aulas la secularización de la sociedad. La Ley Celaá no se opone formalmente a la concertada, pero tanto la CEE como los grupos de presión católicos están alerta. Tienen motivos. PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a eliminar la “segregación escolar“, un fenómeno que todos los estudios vinculan a al boom de la concertada. El Gobierno también quiere eliminar la financiación pública de colegios que segregan por sexos, una medida que afecta al Opus Dei.

Habría que eliminar los conciertos a los colegios religiosos. Un Estado aconfesional no puede estar subvencionando una escuela confesional. Es perverso”, señala Asunción Villaverde. Jorge García, presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, cree que un gobierno progresista tiene que apostar fuerte por “una escuela pública bien dotada económicamente y laica”, que deje la religión en el ámbito familiar.

Libertad de Conciencia y Eutanasia

PSOE y Unidas Podemos acordaron aprobar una Ley sobre Libertad de Conciencia “que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad”. La norma recoge el testigo del frustrado proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, que guardó su proyecto en un cajón en su segunda legislatura. La actual ley es de 1980. A juicio de Jorge García, lo idóneo sería la derogación de los acuerdos con el Vaticano y, a partir de ahí, reconstruir la relación Iglesia-Estado desde una perspectiva aconfesional y acorde a la secularización social. ¿Es verosímil esta posibilidad? Hay que considerar que una medida así requiere su aprobación por las Cortes y, previsiblemente, un problema diplomático con el Vaticano. Difícil. Más factible se antoja una Ley de Libertad de Conciencia que, al menos, “dé contenido al artículo 16.3 de la Constitución, que ahora mismo no lo tiene”, señala Jorge García. Y lo explica: “La Constitución dice que somos un Estado aconfesional, para a continuación decir que hay que cooperar con la Iglesia. Al final es un marco que se ha quedado al albur interpretativo, generando en la práctica una confesionalidad“.

“¿En qué se traduce para la Iglesia esa ‘cooperación’. En todo. Exención de impuestos, etcétera, etcétera”, apunta Villaverde, que también cree que sin modificación del artículo 16.3 y derogación de los acuerdos con la Iglesia los cambios serán insuficientes. “Mi opinión es que deberíamos decir claramente que España es un país laico y que no tiene religión oficial como decía el artículo 3 de la Constitución de 1931: ‘El Estado Español no tiene religión oficial‘. Así de fácil. Evitaríamos interpretaciones malintencionadas”.

La Ley de Libertad de Conciencia no forma parte del catálogo de asuntos sobre la mesa de negociación del Gobierno y la Iglesia. Lógicamente. Tampoco la Ley de Eutanasia, otro proyecto en trámite que puede erizar las relaciones del Ejecutivo con la jerarquía y los sectores católicos más duros. Pero eso no significa que no tengan relevancia en la negociación. Hay numerosos autores que han estudiado la meticulosa arquitectura político-jurídica de las relaciones modernas entre el Estado y la Iglesia. Son destacables el trabajo del catedrático Alejandro Torres; de Ángel Luis López Villaverde, que ha buceado en los orígenes históricos de su acceso a “las llaves de las almas, las aulas y las arcas”; y Alberto de la Hera, que ha examinado la transición desde el statu quo nacionalcatólico al aconfesional. De sus aproximaciones se concluye algo: en las complejas relaciones Iglesia-Estado aspectos inconexos se acaban afectando entre sí. ¿Y si una solución acordada a los temas pendientes entre la Iglesia y el Gobierno acabase con la primera visita a España del papa Francisco?

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