Aborto y objeción: los médicos pueden, los hospitales no

octubre 6, 2021

Antonio Martín Pallín, Abogado. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo

Un momento de la concentración ‘Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible’, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.- EFE/Víctor Lerena

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Antonio Martín Pallín, Público, 6 de octubre de 2021

Hace unos días saltó a los medios de comunicación lo sucedido a una ciudadana, que además es médico, cuando solicitó al Servicio de Ginecología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid una interrupción voluntaria del embarazo ante el catastrófico diagnóstico que le esperaba al feto, expuesto, si llegaba a término, a respirar pero no a vivir en condiciones aceptables para la dignidad de la persona humana. La respuesta negativa que recibió procede de un servicio médico de un Hospital integrado en el Servicio Público de Salud. Todos los  profesionales del Servicio se habían acogido, en bloque, a su derecho a la objeción de conciencia que les concede la Ley Reguladora de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley de 2010 no es, como predican algunos, una ley de aborto sino de reconocimiento del derecho inalienable de la mujer a decidir algo tan personal y con tantas vertientes emocionales, psíquicas y morales, como es poner fin a un embarazo, si se cumplen los requisitos y concurren las circunstancias que exige la ley.

La objeción de conciencia es un derecho individual de cada uno de los médicos, pero en ningún caso puede paralizar el funcionamiento de un servicio de un Hospital Público. En este punto la ley reguladora es tajante. La Sanidad pública no puede permitir, y así lo dice textualmente, que la calidad asistencial de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo pueda resultar menoscabada. Los profesionales del servicio que recibieron esta petición conocían perfectamente el diagnóstico sobre la viabilidad del feto debido a la concurrencia de circunstancias adversas.

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El presidente del comité público de bioética carga contra la Ley de Eutanasia desde un foro de la Conferencia Episcopal

septiembre 22, 2021

Federico de Montalvo acude a unas jornadas organizadas por la Pastoral de la Salud de la cúpula eclesial y afirma que la ley sobre la que informa al Gobierno es «bastante mala en su redacción» y puede suponer 20.000 muertes al año

Anuncio de las jornadas sobre «acompañar al que sufre», en la web de la Conferencia Episcopal. / IL

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Ángel Munárriz, Infolibre, 22 de septiembre de 2021

El presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, participó este martes en unas jornadas organizadas por la jerarquía católica sobre el acompañamiento al final de la vida y planteadas de una forma abiertamente contraria a la Ley de Eutanasia y su aplicación, a la que la Iglesia se opone incluso en sus centros concertados. De Montalvo participó en calidad de presidente del órgano público asesor del Gobierno, del que según su propio reglamento «ostenta la representación». Fue presentado con ese cargo en la web de la Conferencia Episcopal (CEE), cuyo departamento de Pastoral de Salud organizó las jornadas, y también en el propio acto, en el que tomó la palabra tras el obispo de Girona. De Montalvo, en su intervención, cargó contra la Ley de Eutanasia y defendió el derecho de la Iglesia a objetar institucionalmente, lo que supone la posibilidad de los hospitales católicos de imponer su ideario a todos los trabajadores, incluidos aquellos que quieran colaborar en la aplicación de la norma.

Se trata de una posibilidad, la imposición de la objeción, excluida por la ley y rechazada de plano por el Gobierno pese a la publicación de un informe a favor de las pretensiones de la Iglesia del propio Comité de Bioética. Este organismo, cuyo presidente ha participado ahora en las jornadas, ya fue criticado por el PSOE y la Asociación Derecho a Vivir Dignamente, en el primer caso por elaborar un dictamen basado en las «creencias» de sus miembros, en el segundo por ser una «herramienta» del episcopado.

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Los comités bioéticos de Cataluña y Andalucía rechazan la objeción en bloque a la eutanasia que pretende la Iglesia

septiembre 2, 2021

Los dos organismos autonómicos, en informes opuestos al del Comité de Bioética estatal, rechazan la posibilidad de una objeción institucional que pueda imponerse a los trabajadores de los centros sanitarios con un ideario

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(18/02/2021) Manifestantes se concentran a favor de la aprobación de la ley de eutanasia en la Puerta del Sol en Madrid / Andrea Comas, Fuente

Ángel Munárriz, InfoLibre, 2 de septiembre de 2021

El enfoque del Comité de Bioética estatal sobre la objeción de conciencia ante la Ley de Eutanasia no es, ni de lejos, unánime en el campo de la bioética. Al menos dos comités autonómicos, los de Andalucía y Cataluña, se oponen a la polémica objeción de conciencia en bloque –de carácter institucional y no de cada individuo– a la que pretende acogerse la Iglesia católica y que sí cuenta con el apoyo del comité estatal.

La Ley de Eutanasia, aprobada en marzo con el voto en contra de PP y Vox, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero recalca que es «una decisión individual». El manual de buenas prácticas del Consejo Interterritorial de Salud abunda en esa definición y añade que «no podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de objetor». El código ético de la Organización Médica Colegial también considera que «no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional».

Todo ello choca con las pretensiones de la Conferencia Episcopal, que ha solicitado el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como «zonas libres de eutanasia». Se trata de un posicionamiento relevante. La última memoria de la CEE cifra en 878 las «casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad» y en 69 los hospitales de la Iglesia, sumando casi 850.000 usuarios. Además, cinco agentes católicos de peso en el mapa sanitario han suscrito un manifiesto de rechazo a la aplicación de la norma, que advierten no estar «dispuestos» a aplicar: la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer). Sólo la Fundación Lares aglutina más de 1.000 centros y servicios.

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El Gobierno rechaza la objeción en bloque de los hospitales de la Iglesia a la eutanasia avalada por el comité bioético

agosto 10, 2021

El Ministerio de Sanidad señala que la negativa a aplicar la ley por motivos de conciencia es por ley un derecho «individual, nunca corporativo»: «Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores»

Una manifestación a favor de la eutanasia en la Puerta del Sol de Madrid / EFE

Ángel Munárriz – J.E. Monrosi, InfoLibre, 10 de agosto de 2021

El Gobierno rechaza la objeción institucional a la que pretende acogerse la Iglesia para no aplicar la Ley de Eutanasia en sus centros y hospitales, recordando que se trata de un derecho «individual, nunca institucional o corporativo». En respuesta por escrito a infoLibre, el Ministerio de Sanidad es contundente: «Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia».

Como ha publicado este periódico, un informe del Comité de Bioética, organismo público que asesora al Gobierno, defiende que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción «institucional» de conciencia a la Ley. Dicho informe considera incluso que el «ideario» de los centros se puede «imponer» a los trabajadores, y que además se debe establecer una «garantía» de que no pierden sus conciertos públicos [ver aquí]. El comité, que ya se posicionó en contra del derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco «instituciones religiosas» que trabajan en el sector sanitario.

El comité se expresa con total rotundidad a favor del derecho a la objeción institucional en el caso de las «comunidades, entidades, congregaciones y órdenes religiosas u otras organizaciones o instituciones seculares» con un ideario contrario a la eutanasia, y sólo admite que «pudiera ponerse algo más en duda respecto de las sociedades mercantiles». Además, defiende que las entidades religiosas deben poder seguir recibiendo dinero público y trabajando con conciertos.

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El Comité de Bioética avala que la Iglesia declare «libres de eutanasia» sus hospitales sin perder los conciertos

agosto 9, 2021

El comité, que ya se posicionó en contra de el derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco «instituciones religiosas» que trabajan en el sector sanitario

Comité de Bioética España

Ángel Munárriz, InfoLibre, 9 de agosto de 2021

Un informe del Comité de Bioética, un organismo público que asesora al Gobierno, defiende que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción «institucional» de conciencia a la Ley de Eutanasia. Dicho informe considera incluso que el «ideario» de los centros se puede «imponer» a los trabajadores, y que además se debe establecer una «garantía» de que no pierden sus conciertos públicos.

El comité, que ya se posicionó en contra de el derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco «instituciones religiosas» que trabajan en el sector sanitario. Un voto discrepante en el informe aprecia «incoherencias» y pide contratos públicos «claros y públicos» entre el Estado y las organizaciones religiosas. Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, advierte contra la coerción a los profesionales de los centros católicos, más aún en un clima de «campaña contra la ley».

¿Individual o colectivo?

La Ley de Eutanasia, aprobada en marzo con el voto en contra del PP y Vox, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero recalca que es «una decisión individual». En julio el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un manual de buenas prácticas que insiste en que la objeción «no podrá ejercerse por una institución». Y añade: «No podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de objetor».

La ley y el manual chocan con las pretensiones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que en junio solicitó el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como «zonas libres de eutanasia».

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Ley de eutanasia, ¿pueden las instituciones sanitarias religiosas alegar objeción?

agosto 3, 2021
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El obispo Demetrio Fernández bendice la Unidad de la mujer del hospital concertado religioso San Juan de la Cruz, Córdoba

Francesc Borrell y Eva Peguero, Avances en gestión clínica, 3 de agosto de 2021

Recientemente se ha aprobado la ley orgánica para la regulación de la eutanasia en España. Se trata de una importante novedad que conllevará sin duda numerosos aspectos a considerar y debatir. Nos centraremos en el derecho de objeción que solo puede ser ejercido por los profesionales directamente involucrados en la asistencia del paciente que lo ha solicitado, pero no por parte de una empresa o institución.

Pero, desde el punto de vista de la bioética, ¿por qué no se reconoce este mismo derecho a una institución?

Las instituciones pueden tener un ideario y unos valores perfectamente formalizados y pueden solicitar al profesional que contratan que los conozca y respete. Sin embargo, ante una petición de eutanasia, no pueden obligar a este profesional a rechazar la petición de manera automática. Si ejercieran una objeción de tipo institucional sería algo así como cortocircuitar la deliberación moral que tiene que realizar el propio profesional. El profesional ha de considerar la petición seriamente, en un proceso deliberativo que finalizará con un informe favorable o desfavorable. La institución, por su parte, debe favorecer este diálogo sin interponerse. Solo así el profesional puede actuar en conciencia.

¿Puede una institución religiosa exigir a sus profesionales que formalicen la objeción de conciencia?

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