Europa Laica: Propuesta de ley del derecho a la libertad de conciencia

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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.

En relación al artículo 8.2, el acceso presencial a los establecimientos mencionados de las personas que vayan a realizar las tareas de asistencia espiritual deberá atenerse a las normas y funcionamiento propios establecidos por la dirección del centro, sin que este asuma otra gestión o responsabilidad distinta sobre esta asistencia.  

Para tal fin, estos centros podrán disponer de espacios comunes de reunión adecuados, de libre acceso a las personas internadas, acompañantes y quienes les asistan. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2, en ningún caso las personas encargadas de estas labores asistenciales tendrán carácter de funcionarios o de empleados públicos, ni serán remuneradas por la administración, ni tendrán participación alguna, en su calidad de tales, en comités consultivos de ética u órganos con capacidad de decisión.

Disposición adicional segunda.

Los comités de ética de los hospitales públicos y las universidades u otras entidades Públicas que cuenten con este tipo de órganos, así como los claustros de los centros de enseñanza públicos y privados sostenidos con fondos públicos, no contarán en su composición o funcionamiento con personal representando a ninguna entidad u opción de conciencia particular.

Disposición adicional tercera.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1, incisos m) y n), y de acuerdo a los términos que se establezcan en las leyes, se garantiza el derecho particular a la anticoncepción, a la interrupción voluntaria del embarazo y a la eutanasia. El ejercicio de estos derechos evitará todas las actuaciones o procedimientos administrativos que supongan una limitación o demora en poder llevarlos a cabo. Estos derechos serán reconocidos y garantizados como un servicio público en los centros de salud de titularidad pública o que estén sostenidos, subvencionados o amparados con fondos públicos. 

La administración velará para que la objeción de conciencia por parte del personal sanitario o implicado en las unidades destinadas a llevar a cabo estos derechos no interfiera en la garantía de su ejercicio. 

Se tipificará penalmente el acoso individual o colectivo a las personas que ejerzan estos derechos, así como sobre los profesionales, instituciones o entidades autorizadas que los lleven a cabo.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno desarrollará las disposiciones reglamentarias necesarias para su completa aplicación. 

En el mismo plazo tendrá lugar la creación, organización y gestión del Registro Público de Entidades, de carácter especial, previsto en el artículo 6.1 de esta Ley, incluyendo la normativa para la inscripción de las entidades correspondientes.

Disposición transitoria segunda.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de esta Ley, enviará un Proyecto de Ley que elimine de la legislación fiscal vigente cualquier exención o bonificación aplicable a las entidades que sea incompatible con el derecho del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Disposición transitoria tercera.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley para la adecuación o supresión de los artículos 522, 523 y 524 del Código Penal para evitar que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión pueda verse constreñido por cualquier acusación por supuestos delitos de blasfemia y ofensa a los sentimientos religiosos, en cualquiera de las motivaciones que se puedan aducir, según lo estipulado en el artículo 3.1, inciso g), de esta Ley. 

En el mismo plazo, se modificará el artículo 510 del Código Penal, adecuándolo a la Decisión Marco del Consejo Europeo, especialmente en lo referido a la supresión o modificación de los términos de incitación indirecta y hostilidad.  

Disposición transitoria cuarta.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 

1.-El Gobierno publicará el listado exhaustivo de los bienes inmatriculados por la iglesia Católica entre los años 1946 y 2015, acompañado de la totalidad de las notas simples correspondientes.

2.-Serán declaradas nulas de pleno derecho, por inconstitucionalidad sobrevenida, las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia Católica desde la promulgación de la Constitución de 1978 haciendo uso del privilegio registral con certificación eclesiástica de la Ley Hipotecaria de 1946. 

3.-El Gobierno presentará un Proyecto de Ley que restaurará la situación registral de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1946 a su situación anterior, a la vez que todos los bienes de interés histórico, artístico o cultural de raíz religiosa serán inventariados y afectados al Estado y al patrimonio histórico español, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de esta Ley. 

Disposición transitoria quinta.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno publicará un “Reglamento de laicidad del Estado” que establezca un marco de referencia de aplicación general y obligatoria sobre el funcionamiento y comportamiento de las instituciones y cargos públicos a fin de hacer efectivo el artículo 16.3 CE, regulando lo que en este sentido se establece en esta Ley. Este Reglamento deberá contemplar su aplicación y particularidades a nivel estatal, autonómico y municipal.

En el plazo de un año a partir de la publicación de este Reglamentolas distintas instituciones y administraciones públicas, así como universidades públicas, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, etc., adecuarán sus reglamentos de Honores y Protocolo a lo dispuesto en esta Ley y a lo que resulte del mismo, debiendo quedar sin efecto, con carácter retroactivo, el otorgamiento de honores, condecoraciones, títulos, nombramientos de alcaldes/alcaldesas perpetuas, etc. a figuras del santoral, imágenes o símbolos religiosos o de cualquier otra opción de conciencia. Las administraciones públicas que no cumplan con esta disposición serán susceptibles de sanción.

Disposición transitoria sexta.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley por el que se modificará la Ley Orgánica 1/2002 de Derecho de Asociación para que todas las entidades se rijan por el derecho común y lo indicado en esta Ley, suprimiendo la excepcionalidad vigente para las confesiones religiosas.

Disposición transitoria séptima.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se suprimirán los espacios físicos destinados a capillas o para la realización de actividades religiosas en cualquier dependencia de las instituciones y administraciones públicas en el ámbito de centros escolares, universidades, juzgados, cuarteles, comisarías, embajadas y consulados. En el caso de los aeropuertos, se podrán habilitar salas de usos múltiples que satisfagan el derecho individual a la libertad de conciencia.

Disposición transitoria octava.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley por el que se modificará la ley educativa en vigor para adecuar todas las disposiciones que entren en contradicción con lo estipulado en esta Ley, estableciendo un plazo para la adecuación de las respectivas normativas autonómicas y un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Este plazo no podrá ser superior a un año a partir de la aprobación de la modificación de la ley educativa.

Disposición transitoria novena.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las administraciones públicas acordarán los cambios en la denominación de los cementerios, hospitales, centros educativos y cualquier otra institución o instalación que no se adecúen a lo establecido en esta Ley, estableciendo un régimen de sanciones en caso de incumplimiento.

Disposición transitoria décima.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno disolverá la Dirección de Asuntos Religiosos y otros organismos de la Administración relacionados con esta materia confesional, e iniciará los procedimientos para disolver o adaptar los estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y cualquier otro organismo cuyo objetivo, organización o funcionamiento no sea acorde con esta Ley. De igual modo, en el mismo plazo, las administraciones autonómicas deberán adaptar su estructura y organismos dependientes, o disolverlos en su caso.

Disposición transitoria décimo primera.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con lo indicado en el artículo 11 de esta Ley,

1.-Las administraciones públicas identificarán y harán públicos los bienes culturales históricos que forman parte del Patrimonio Histórico Español.

2.-Se creará un consorcio público con el fin de coordinar y gestionar el Patrimonio Histórico Español de raíz religiosa en el que estarán presentes los órganos competentes de la gestión cultural del Estado y de las Comunidades Autónomas.

3.-El Gobierno presentará un Proyecto de Ley para modificar la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por el que se añada un Título específico referido al patrimonio histórico de raíz religiosa para hacer efectiva la inexcusable naturaleza demanial de estos bienes, su protección, mantenimiento y conservación por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, así como su modelo de gestión cultural a cargo de las administraciones públicas. El uso de estos bienes se regirá por los acuerdos que las administraciones públicas puedan establecer con las instituciones eclesiásticas correspondientes. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición derogatoria primera.

Queda derogada la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, y cuantas disposiciones legales de inferior o igual rango se opongan a los preceptos de esta Ley.   

Disposición derogatoria segunda.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procederá de inmediato a interesar y promover la denuncia de todos aquellos tratados, convenios o acuerdos internacionales que se hayan incorporado a la legislación española y entren en contradicción con la misma. De igual forma, quedarán en suspenso aquellos instrumentos internacionales que se encuentren en proceso de firma, o de ratificación, o de incorporación de sus previsiones al ordenamiento interno.

Disposición derogatoria tercera.

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, ateniéndose a lo dispuesto en los artículos 94. 1, incisos c) y e), y 96 CE, solicitará a las Cortes Generales la autorización para la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede siguientes: Concordato con la Santa Sede de 1953, Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, firmado en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, y los Acuerdos del 3 de enero 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, asuntos económicos, enseñanza y asuntos culturales, y asistencia religiosa a las fuerzas armadas y servicio militar de clérigos y religiosos. 

Disposición derogatoria cuarta.

Quedan derogadas la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, que aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Evangélicas de España, la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, que aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, que aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España.

Disposición derogatoria quinta

Queda derogado el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa y anejo, firmado en Madrid el 21 de diciembre de 1994.

Disposición derogatoria sexta.

Quedan derogados los artículos 59, 60, 63 y 80 del Código Civil, en relación con la exclusiva validez jurídica del matrimonio civil, según lo estipulado en el artículo 3, inciso i), de esta Ley. 

Disposición derogatoria séptima.                                                                                                                   

Queda derogado el Articulo 525 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en relación con la tipificación como delito de ofensa a los sentimientos religiosos, según lo estipulado en el artículo 3.1, inciso g), de esta Ley.

Disposición derogatoria octava.

Queda derogada la Disposición adicional novena de la Ley de Mecenazgo 49/2002, de 23 de diciembre, por la que se establece el Régimen Tributario de la Iglesia Católica y Confesiones minoritarias.

Disposición derogatoria novena.

Quedan derogados de la Ley de Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo, los beneficios fiscales establecidos para las confesiones religiosas.

Disposición derogatoria décima.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley quedará derogada cualquier regulación existente en las leyes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas que contradigan el artículo 10 de esta Ley.

Disposición derogatoria décimo primera.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogados todos los puntos, disposiciones y decretos de desarrollo de la ley educativa estatal y de las leyes autonómicas que entren en contradicción con lo estipulado en esta Ley.  

Disposición derogatoria décimo segunda.

Queda derogada la Disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, por la cual se revisó el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, en el Proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presente ante el Congreso de los Diputados, conforme al artículo 134 CE, no se incluirá ninguna previsión relativa a la asignación tributaria a la Iglesia Católica, que dejará así de surtir efectos jurídicos. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria adoptará las medidas necesarias para suprimir dicha asignación en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.

La presente Ley tiene carácter de Ley Orgánica.

Disposición final segunda.

En relación con lo que se dispone en el artículo 4.3 de esta Ley:

Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se añadirá un apartado 1.a) al artículo 19: 

“Las personas menores de edad en régimen de tutela pública serán ubicadas preferentemente en residencias públicas. Las residencias privadas que acojan a personas menores tuteladas no podrán pertenecer a instituciones que profesen alguna opción de conciencia particular. En ningún caso, sea en acogimiento residencial o familiar, podrán ser adoctrinadas en ninguna opción de conciencia particular”.

Disposición final tercera.

Modificación Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  

Se añadirá un nuevo Capítulo IV BIS – DE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  

Artículo a) Las organizaciones religiosas, y en particular la Iglesia Católica, están obligadas a colaborar en las tareas de prevención de abusos sexuales en el interior de sus organizaciones, suprimiendo cualquier norma interna que pueda contravenir las disposiciones de esta Ley, y particularmente los denominados secreto de confesión y de oficio, haciendo públicos los protocolos de actuación.

Artículo b) Las organizaciones religiosas levantarán los secretos derivados de la investigación de las denuncias promovidas por interesados, aunque hayan prescrito, y establecerán un régimen sobre el monto y condiciones para el reparación patrimonial de las personas afectadas por los hechos reconocidos por las organizaciones religiosas, hayan o no sido sentenciados o prescritos. Este régimen será el que figure en la sentencia o, en su caso, el que acuerden las partes interesadas, no pudiendo en ningún caso ser menor al establecido como promedio en procesos judiciales similares.  

Artículo c) La prohibición taxativa de difundir entre menores cualquier tipo y forma de adoctrinamiento religioso en contra de la libertad e igualdad sexual y la diversidad afectivosexual de las personas; igualmente, quedan prohibidas las doctrinas homófobas. Será causa de disolución asociativa toda infracción de esta norma.

Disposición final cuarta.

En relación con lo que se dispone en el artículo 15.1 de esta Ley:

Modificación de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Se añadirá un artículo 19 Bis:

“Los soldados y militares profesionales podrán alegar objeción de conciencia y negarse a participar en las actividades ofensivas de los ejércitos que se produzcan al margen de las resoluciones de las Naciones Unidas, o cuando se utilicen armas de destrucción masiva o se realicen en contra del Derecho Internacional Humanitaria. En tiempo de guerra o de reclutamiento de la reserva, las personas civiles llamadas a filas podrán alegar objeción de conciencia para no enrolarse, y los soldados y militares no profesionales podrán alegar objeción de conciencia para no participar en actividades ofensivas de los ejércitos. Las personas objetoras no podrán sufrir un menoscabo en su dignidad y en los derechos personales o profesionales”.

Disposición final quinta.

Esta Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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