Europa Laica: Propuesta de ley del derecho a la libertad de conciencia

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TÍTULO II

De las Administraciones Públicas

Artículo 7. Deberes de las Administraciones Públicas.                                                                            

1.-Las administraciones y poderes públicos velarán para que el derecho indivisible e irrenunciable a la libertad de conciencia pueda ser ejercido, individual o colectivamente, por todas y cada una de las personas, en plenas condiciones de igualdad, evitando cualquier forma de privilegio o de discriminación. En consecuencia, serán responsables de garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en esta Ley.

2.-Las personas y cargos representantes de los poderes públicos actuarán, en el ejercicio de sus funciones, como representantes de toda la ciudadanía y no de sus convicciones particulares, absteniéndose de cualquier implicación, en condición de tales, en cualquier acto de culto, que sea identificativo o que llame a confusión, promovido por cualquier confesión religiosa u otra convicción particular.

3.-Los cargos y empleados públicos deben garantizar la neutralidad jurídica y de trato en el desempeño de sus funciones. En consecuencia, tienen la obligación de observar la debida reserva de sus convicciones ante la ciudadanía a la que presten su servicio, absteniéndose de toda acción directa o indirecta de proselitismo y propaganda en el ejercicio de su función.

4.-La relación que las administraciones públicas puedan establecer con las entidades de esta Ley se regirá por la normativa común aplicable a cualquier otro tipo de organizaciones de distinta naturaleza. Esta relación estará referida a asuntos de interés general, en condiciones de igualdad y libre concurrencia, sin que ninguna opción de conciencia particular suponga una posición de privilegio.
Las relaciones que se puedan establecer con las confesiones religiosas no tendrán como objeto cubrir actividades propias de su funcionamiento interno, proselitistas, litúrgicas o de culto.  

Artículo 8. Establecimientos públicos.

1.-Los edificios de los centros escolares, universidades, hospitales, cuarteles, lugares asistenciales, centros penitenciarios y otros espacios de titularidad o sostenimiento público, estarán libres de denominaciones, símbolos, iconos y ornamentos propios de cualquier convicción particular.
La simbología religiosa de valor artístico o patrimonial que pueda existir en estos edificios o espacios, será trasladada, respetando su integridad, a espacios museísticos apropiados. Las administraciones públicas determinarán las condiciones para la cualificación y depósito de la simbología implicada.

2.-Los poderes públicos, en los establecimientos hospitalarios, cuartelarios, asistenciales, penitenciarios u otros que, por diferentes razones, conlleven limitaciones a la movilidad personal, facilitarán la asistencia espiritual, religiosa o no religiosa, libremente solicitada por cada persona, conforme a lo establecido en la Disposición adicional primera de esta Ley.  

3.-En periodo electoral los ayuntamientos facilitarán de forma preferente colegios o locales públicos para ejercer el derecho al voto. Si fueran espacios privados, se tomarán las medidas necesarias para que durante el desarrollo de la jornada electoral estén libres de simbología propia de cualquier opción de conciencia particular. 

4.-Los Ayuntamientos ofrecerán a la ciudadanía la posibilidad de realizar celebraciones cívicas laicas de paso para acogimientos en sociedad, matrimonios y defunciones, contando para ello con espacios públicos y protocolos apropiados.

5.-Los cementerios civiles serán de titularidad pública y no tendrán denominación ni simbología religiosa o propia de cualquier opción de conciencia en los espacios comunes. Así mismo, en los tanatorios se asegurará que todos los familiares de las personas fallecidas puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes, sin exclusión alguna por motivos de convicciones, sean de carácter religioso o no religioso. Ningún símbolo, icono o emblema de cualquier tipo, representativo de una opción de conciencia particular, podrá presidir estos espacios públicos, independientemente de la titularidad de los mismos, a excepción de los que a los familiares de la persona fallecida les parezca oportuno utilizar en el transcurso de las ceremonias y los que deseen exhibir en la sepultura propia.

Artículo 9. Actos y ceremonias oficiales.

1.-Los actos y actividades oficiales de las administraciones públicas, incluidas las ceremonias de toma de posesión de los representantes de los poderes públicos, estarán libres de denominaciones, símbolos, iconos y ornamentos propios de cualquier opción de conciencia particular. La fórmula de toma de posesión de cualquier clase de cargo o empleo público, incluido los que no sean electivos, no podrá utilizar el juramento ni cualquier otra expresión religiosa para manifestar su aceptación, prometiendo cumplir correctamente las obligaciones que conlleva su ejercicio. 

2.-Los actos o conmemoraciones propias de las entidades de esta Ley no tendrán la consideración de oficiales por parte de las administraciones públicas, que no las organizarán ni promoverán. Estos actos se llevarán a cabo cumpliendo con la misma normativa y tramitación que corresponda a cualquier acto civil promovido por cualquier organización de otro tipo, especialmente en lo relativo al uso de espacios físicos de carácter público.

3.-En los actos promovidos por los poderes públicos, el clero o dirigentes de las confesiones religiosas podrán estar presentes como miembros de la sociedad civil, pero en ningún caso participando como autoridades religiosas ni ocupando lugar de privilegio.

4.-Los funerales y ceremonias de Estado tendrán carácter civil, sin que puedan acompañarse de ningún rito que represente a cualquier opción de conciencia particular.

5.-Las administraciones públicas, incluidas las Universidades Públicas y sus centros asociados, no tendrán patronos de carácter religioso o representativos de alguna opción de conciencia particular, ni se encomendarán a imágenes, rituales, advocaciones, votos públicos o referencias religiosas. Los referentes deben ser alusivos a acontecimientos, fechas o personalidades relevantes en su ámbito, dentro del marco democrático y de los valores constitucionales. 

Artículo 10. Régimen económico, fiscalidad y recursos públicos.

1.-Ninguna administración pública podrá destinar recursos públicos otorgados de forma directa, indirecta o en condición de privilegio a las entidades a que se refiere esta Ley, para promover o favorecer su creación, desarrollo o proselitismo, ni a financiar su viabilidad y sostenimiento, sea mediante subvenciones, asignaciones tributarias, convenios de colaboración, encomiendas o cualquier otra figura jurídica con efectos equivalentes. Las autoridades y funcionarios que vulneren esta prohibición incurrirán en responsabilidad contable por el destino dado a los fondos públicos a su cargo, que será exigible ante el Tribunal de Cuentas.

2.– En el caso de las confesiones religiosas, el Estado no financiará su estructura organizativa, el funcionamiento interno, el culto, el clero ni sus actividades, propaganda y proselitismo. Los ministros de culto, dirigentes, capellanes o propagadores de cualquier confesión religiosa no adquirirán en virtud de esas funciones la condición de funcionarios o de empleados públicos. Tampoco aquellos miembros de las mismas dedicados a impartir adoctrinamiento religioso en la escuela o asistencia espiritual de personas en establecimientos que supongan limitación de la movilidad personal.

3.-La fiscalidad, Régimen de Seguridad Social y relaciones laborales de las entidades a que se refiere esta Ley serán conformes al ordenamiento común, de acuerdo con los principios de igualdad y justicia.

4.-Las entidades de esta Ley podrán concurrir a las convocatorias de subvenciones de carácter finalista que no entren en contradicción con los fines indicado en el punto 1 de este mismo artículo, en las mismas condiciones de igualdad, sin privilegio y bajo la normativa común aplicable a cualquier otro tipo de asociación, presentando la actividad de interés general susceptible de ser subvencionada y justificando ante la administración correspondiente su realización efectiva. El Tribunal de Cuentas, o el organismo que corresponda, fiscalizará estas subvenciones y llevará una contabilidad consolidada de las cantidades que cada una de estas entidades haya recibido por cualquiera de las administraciones públicas.

5.-El monto de las subvenciones públicas a entidades privadas de carácter no lucrativo que atiendan servicios de Asistencia Social estará limitado por ley a un porcentaje máximo de su presupuesto, con un valor común para todas ellas. En todo caso, estas subvenciones deberán someterse a lo estipulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo referente a la limitación de las ayudas de Estado para actividades de carácter económico desarrolladas en régimen de competencia. Las entidades de esta Ley pertenecientes a confesiones religiosas podrán solicitar subvenciones en las condiciones mencionadas solo en libre concurrencia pública, para proyectos finalistas de interés general y siempre que no sean de carácter proselitista.  

6.-La Administración central, autonómica y municipal, tanto a través de organismos públicos como privados dependientes, está obligado a no vender, donar o ceder suelo u otro tipo de patrimonio de titularidad pública, o mediante permuta a favor de entidades religiosas ni a las organizaciones filosóficas o ideológicas reconocidas y registradas según el artículo 6 de esta Ley. 

7.-El Estado está obligado a no permitir que exista patrimonio muerto, no utilizado o enajenado indebidamente a favor de entidades religiosas o no religiosas.

Artículo 11. Patrimonio histórico, artístico y cultural.

1.-Los bienes culturales histórico-artísticos en posesión de instituciones eclesiásticas formarán parte del Patrimonio Histórico Español y estarán afectados al Estado pudiendo ser cedidos para su uso litúrgico o de culto a una confesión religiosa particular según el régimen y gestión que se establezca.

2.-La Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas es competente en la gestión cultural de los bienes del Patrimonio Histórico Español y responsable de su gestión, mantenimiento y conservación.

3.-Los bienes muebles o inmuebles declarados de interés cultural en posesión de instituciones eclesiásticas no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares o a entes mercantiles. 

4.-La aportación de recursos públicos por parte del Estado para la reconstrucción o el mantenimiento de bienes declarados de interés cultural de titularidad privada, incluidos los de raíz religiosa, tendrá prevista una fórmula de compensación adecuada en beneficio de la sociedad que se podrá concretar, entre otras formas, en la cesión de su uso y/o gestión a las instituciones públicas.

5.-Las deducciones fiscales que puedan corresponder por donaciones privadas en favor de los bienes culturales de raíz religiosa solo podrán satisfacerse cuando se realicen a través de las administraciones públicas, estando excluidas las que se hagan directamente a las instituciones eclesiásticas.

Artículo 12. Medios de comunicación públicos.                                                                                        

1.-Las administraciones públicas asegurarán la pluralidad ideológica, regularán la publicidad y velarán por los contenidos en los medios de comunicación, incluidas las redes sociales y nuevas tecnologías, con el fin de garantizar una efectiva neutralidad y libertad de conciencia y pensamiento en el marco de la legislación vigente. En los medios públicos, salvaguardando la libertad de expresión y opinión, no se permitirá la actividad proselitista de tipo religioso.

2.-Los medios de comunicación de titularidad pública, salvaguardando la libertad de expresión y opinión, no incluirán en su programación contenidos específicos de carácter religioso, así como el proselitismo de cualquier opción de conciencia particular.

TÍTULO III

De la libertad de conciencia en el sistema educativo

Artículo 13. Del sistema educativo general.

1.-Los poderes públicos son responsables de velar por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales dentro de los centros educativos de titularidad pública y privada, sean o no sostenidos con fondos públicos.  

2.-En consecuencia, todos los centros educativos estarán libres de cualquier ideario que coarte o ponga en peligro el desarrollo pleno y libre de la personalidad del alumnado, por lo que estarán libres de adoctrinamiento, simbología o actividad propia de opciones de conciencia particulares, y promoverán, en cambio, valores y currículos relativos a los derechos humanos, una ética civil laica y a principios democráticos de convivencia, siendo ello de aplicación en todos los centros de enseñanza independientemente del carácter propio que pudieran tener.

3.-El Estado no sostendrá con fondos públicos a los centros educativos privados de una opción de conciencia particular. 

4.-No podrá existir dentro del ámbito escolar selección del alumnado y profesorado ni segregación por razón de conciencia, sexo o cualquier otra condición personal o social.

5.-Los estudios y titulaciones de los centros escolares de enseñanza de titularidad privada, sea no universitaria o universitaria, deberán cumplir los requisitos que establezca la ley para su reconocimiento oficial.  

Artículo 14. Del sistema de universidades.

Además de las disposiciones del sistema educativo general, serán de aplicación las siguientes particulares para el sistema de universidades:

1.-Los currículos de tipo doctrinal de las religiones o de opciones ideológicas, así como el Derecho Canónico, no formarán parte de los estudios oficiales de la Universidad pública. Los estudios o actividades regladas podrán contemplar los aspectos históricos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, etc. de tales doctrinas en tanto contribución al acervo cultural universitario.

2.-Los estudios y titulaciones eclesiásticas o teológicas no tendrán reconocimiento oficial.

3.-Las universidades públicas y privadas deben velar por que en sus instalaciones y programas académicos no se promuevan planteamientos anticientíficos o pseudocientíficos que se presenten como formas alternativas o equiparables a las científicas. 

4.-Las universidades privadas no podrán recibir financiación ni cualquier tipo de subvención pública, directa o indirecta, ni sus alumnos ser becados por la administración pública educativa. Se exceptúan los proyectos de investigación, que podrán presentarse a procesos de concurrencia competitiva.

5.-Las instalaciones universitarias, conforme al carácter laico inherente a la universidad pública, estarán libres de toda simbología, así como de capillas o centros de culto de cualquier opción de conciencia.

6.-La simbología religiosa de valor artístico o patrimonial que pueda existir en los edificios o espacios universitarios se trasladará, respetando su integridad, a espacios museísticos apropiados, observándose lo dispuesto en el artículo 8.1 de esta Ley.

7.-Las universidades públicas, sus órganos (facultades, escuelas, departamentos, etc.) y autoridades no promoverán, convocarán o participarán como tales instituciones en actividades, ritos o cultos de carácter religioso, tales como misas, procesiones, funerales religiosos y otros similares. No se podrán utilizar espacios públicos universitarios para la celebración de actividades de carácter religioso. De igual forma, en sus comunicaciones oficiales se abstendrán de incorporar referencias propias de cualquier opción de conciencia particular.

8.-Ningún templo, colegio mayor o espacio religioso podrá considerarse adscrito a una universidad pública, así como tampoco los centros de enseñanza privados religiosos.

9.-Las universidades públicas no otorgarán ningún trato que suponga privilegio a las asociaciones de estudiantes o de personal universitario que tengan carácter de una opción de conciencia particular. 

TÍTULO IV

De la objeción de conciencia y los acomodos razonables

Artículo 15. Derecho a la objeción de conciencia.

1.-El derecho individual al ejercicio de la objeción de conciencia para resolver conflictos de conciencia solo será el que se establezca en la legislación.
Las leyes que contemplen este derecho regularán la situación de la persona objetora, sin que su ejercicio pueda suponerle menoscabo en su dignidad ni en sus derechos personales o profesionales.

2.-No podrá alegarse objeción de conciencia de forma sobrevenida si no está contemplada tal posibilidad en la normativa correspondiente para cada caso.

3.-Las administraciones públicas garantizarán que la objeción de conciencia no sea obstáculo para que cualquier persona pueda llevar a cabo el ejercicio de sus derechos, ni suponga menoscabo en la prestación de los servicios públicos.

Artículo 16. Acomodos razonables.

1.-Las administraciones públicas podrán establecer excepciones puntuales al cumplimiento de la normativa común cuando esta entre en contradicción con la opción de conciencia personal o con preceptos de la entidad de pertenencia. Estas excepciones, denominadas “acomodos razonables”, en ningún caso se justifican cuando sean meras opiniones, gustos o preferencias personales.

2.-Los acomodos razonables se aplican a personas individuales ante situaciones concretas, y se solicitarán a las administraciones públicas en la forma que reglamentariamente se determine.
En el caso de opciones de conciencia de carácter religioso, los acomodos solo podrán referirse a cuestiones relacionadas con el día de descanso semanal, los horarios de los preceptos para el culto, los ritos funerarios, el tipo de alimentación ofrecida en los centros docentes públicos o concertados o en los lugares que conlleven limitaciones a la movilidad personal, y relativos a otras cuestiones de similar naturaleza.

3.-Las administraciones y empresas públicas comprobarán, en la medida de lo posible, la buena fe de la petición, valorando su naturaleza y la posibilidad y razonabilidad de poder acomodar su realización, resolviéndola de forma positiva, negativa o transaccional. En caso de conflicto entre los preceptos de conciencia invocados, la valoración de la petición y la normativa común, prevalecerá esta última.

4.-El ejercicio del acomodo razonable no supone obligación por parte de las administraciones públicas para consolidar derechos particulares por este motivo.

5.-Las empresas privadas, a iniciativa propia o del personal trabajador, podrán establecer en su funcionamiento interno medidas de acomodo razonable ante situaciones concretas, procediendo de forma similar a las administraciones y empresas públicas.

Siguen DISPOSICIONES ADICIONALES

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