El nuevo dosier de EL PAÍS entregado a la Conferencia Episcopal contiene acusaciones contra 244 curas, religiosos y seglares, que elevan el número total de víctimas documentadas a 1.594
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La Iglesia española ha incorporado a la investigación de abusos de menores en el clero, iniciada en diciembre de 2021 a raíz de un informe de EL PAÍS, otros 278 testimonios de víctimas y testigos contra 244 clérigos y seglares que figuran en un nuevo dosier de este periódico, de 567 páginas. De ellos, 200 son nuevos acusados, desconocidos hasta ahora, y los otros 44, personas ya aparecidas en el primer estudio o en anteriores informaciones y que han hecho aflorar nuevos testimonios. En total, los relatos afectan a 282 víctimas —hombres en el 85% de los casos— que van desde 1941 a 2011. Una gran parte de los episodios sucedieron en los años sesenta y fueron cometidos en órdenes religiosas —un 86% del total—. Este segundo informe es una continuación del trabajo de investigación comenzado en 2018 por este diario, que parte del correo electrónico abierto entonces y al que han llegado ya más de mil mensajes de denuncia. De este modo, los casos que han salido a la luz en España se elevan a 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, según la contabilidad que lleva este periódico, la única existente ante la ausencia de datos de la Iglesia. Figuran en una base de datos pública que se actualiza periódicamente. Las cifras se han disparado desde 2018, cuando solo se contaban 34 casos conocidos. En tres años y medio los números se han multiplicado por 25. La Conferencia Episcopal confirmó ayer que investiga las acusaciones y “ya ha puesto en manos de las autoridades competentes, estatales y canónicas, la información recibida”.
En este segundo informe hay nuevas órdenes y diócesis afectadas. En esta ocasión son 22 obispados, que si se suman a los del primer dosier, supone que 42 de los 70 que hay en España tienen acusaciones de abusos. En cuanto a las órdenes religiosas, que acumulan la gran mayoría de los casos debido a que gestionan y han gestionado colegios durante décadas, las que más denuncias suman en este informe son los salesianos (30 casos), los maristas (26), los jesuitas (25) y La Salle (22). También son las cuatro que más casos reúnen en el número total registrado.
Pero en este nuevo estudio aparecen hasta 36 órdenes, grandes y pequeñas. Como en el caso de Antonio Sánchez, que con siete años tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas por secuelas de la polio. Por este motivo, en 1957 ingresó tres veces en el Hospital Infantil San Rafael, en Madrid, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ahora Sánchez tiene 71 años, y no hay día que pase sin recordar los abusos sexuales que sufrió allí a manos del Hermano Roque, fraile de la congregación. “Vuelvo al hospital cada día. Cuando leo, vuelvo al hospital. Cuando conduzco, vuelvo al hospital. Siempre vuelvo al hospital”, lamenta Sánchez, que vivía en Fuente del Maestre (Badajoz) y viajaba a la capital para las operaciones.
Reconoce que evita pensar en los detalles de aquella época, que pasó “escayolado desde el pie hasta la cadera”: “Solo recuerdo una habitación y una cama. Momentos yo solo y momentos con otro niño. El hermano Roque me decía que le hiciera esto, que le hiciera lo otro, que me pusiera encima de él, que me pusiera en su cara, que me pusiera en su cuerpo, que me moviera de tal manera… Yo tenía siete años y estaba confundido. No tenía claro qué pasaba”. Hasta los 18, Sánchez dice que no pensó mucho en el tema, que no le dio importancia. “A punto de cumplir los 19, me fui solo a Madrid a buscar trabajo. Cogí un autobús que subía por el paseo de la Habana, donde estaban las entradas al hospital. Pasé y me dio un vuelco al corazón. De repente, empecé a llorar”, relata Sánchez, que hasta hace muy poco no había contado a nadie su historia: “En las últimas dos semanas, se lo he contado a mi familia y a mis amigos más próximos”.
La Iglesia española, que hasta hace pocos meses negaba el problema y consideraba que había “muy pocos casos”, en palabras de Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), se vio obligada a cambiar radicalmente su postura a raíz del primer informe, que señalaba 251 acusados y 281 víctimas. La investigación que desencadenó fue supervisada por el Vaticano, aunque aún se desconocen sus resultados. En marzo, la CEE encargó una auditoría externa, algo que siempre había rechazado, al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Este segundo informe de EL PAÍS, con cifras similares al primero, constata el enorme número de víctimas que aún sigue oculto. En esta ocasión, a diferencia de la primera, la CEE asegura haber entregado el informe a la Fiscalía General del Estado, según anunció este viernes. En realidad, consultada por EL PAÍS, precisó que ha presentado también el primer dosier. Fuentes de la Fiscalía señalan que examinarán el contenido, en principio casi todo prescrito, y lo remitirán a las jurisdicciones correspondientes para la apertura de diligencias.
La CEE también ha enviado el estudio al Dicasterio de Doctrina de la Fe, el organismo del Vaticano que investiga la pederastia en el clero, y al bufete contratado que, por su parte, en estos meses ha recibido solo 60 denuncias, según la información que ha facilitado públicamente. Numerosas víctimas han criticado la elección de este equipo de letrados por estar dirigido por un miembro del Opus Dei y consideran que no tiene credibilidad. El impacto del primer informe de EL PAÍS fue decisivo en la vida pública, pues también forzó a actuar a las instituciones: el Congreso de los Diputados aprobó en marzo crear una comisión de investigación dirigida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que este lunes presentará su plan en sede parlamentaria.
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Este diario entregó su primer informe al Papa, y esta vez responsables de Doctrina de la Fe, han indicado a EL PAÍS que remita toda nueva información a los obispos españoles. En diciembre el dosier fue consignado también al presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y lo mismo se ha hecho en esta ocasión. El estudio fue entregado en el palacio episcopal catalán el pasado miércoles 15 de junio, con el compromiso por parte del diario de dar una semana de tiempo para que la CEE pudiera estudiarlo y darle la oportunidad de hacer una valoración que pudiera ser incluida en el artículo. La CEE, no obstante, hizo pública la entrega del informe al día siguiente. Añadió también que remitía a cada diócesis y orden religiosa involucrada la información que les afecta, pues es cada una por separado quien debe abrir la investigación correspondiente.
Es algo a lo que les obliga el código canónico, que ordena a cualquier responsable eclesiástico emprender una investigación ante cualquier indicio de abuso de menores, incluso un rumor o un anónimo. Las reglas del Vaticano, resumidas en el vademécum publicado en julio de 2020, son muy claras. La información de un caso, la notitia de delicto, es “toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo al Ordinario o al Jerarca. No es necesario que se trate de una denuncia formal” (artículo 9). Puede llegar de cualquier modo, también por los medios de comunicación (artículo 10). Incluso sin datos precisos debe ser estudiada y, si es verosímil, abrirse una investigación previa (artículos 13 y 16), que luego hay que enviar a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe (artículo 69).
La CEE añadió en su nota del jueves que “corresponde también a EL PAÍS facilitar ahora los datos que permitan conocer los elementos imprescindibles y los contactos para comenzar una posible investigación en cada caso”, si bien el informe consta de 567 páginas y contiene abundante información. De hecho, ocupa dos volúmenes y mayor extensión que el primero. Se debe a que en esta ocasión, para evitar reproches de falta de datos, como alegó la CEE con el primer informe, se ha optado por incluir testimonios más largos y completos, e incluso fotos en algunos casos donde el denunciante no recuerda el nombre del agresor, pero disponía de imágenes.
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