Cómo investigar los abusos en la Iglesia, según los expertos: indagar con paciencia, entrevistas a la carta y cuantificar el fenómeno

abril 4, 2022

El Defensor del Pueblo aún no ha aclarado cómo funcionará la comisión que indagará en la pederastia eclesial. Tres personas con experiencia en la materia opinan sobre equipos, reparación, plazos o metodología

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, la semana pasada en el Senado / FERNANDO ALVARADO (EFE)

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Emilio Sánchez Hidalgo, El País, 4 de abril de 2022

El Congreso de los Diputados aprobó el 10 de marzo, con el único voto en contra de Vox, encomendar al Defensor del Pueblo que investigue la pederastia en la Iglesia española. La proposición no de ley refrendada no explica cómo se debe emprender esta tarea. Requiere al Defensor que constituya una comisión independiente “con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. El texto aprobado detalla que el equipo de expertos “tendrá como objetivo contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención”. El responsable de este organismo, Ángel Gabilondo, dio algunos detalles más el 18 de marzo: dijo que le gustaría que la comisión de expertos esté compuesta para Semana Santa y con qué perfiles le gustaría contar (psicólogos, sociólogos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, expertos en derecho canónico, criminólogos, representantes de las víctimas y de la Iglesia…), pero no añadió nada más.

EL PAÍS ha pedido a tres expertos en abusos sexuales en la Iglesia que expliquen cómo creen que debería funcionar esta comisión. Son Gema Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, profesora de Política Criminal y Victimología en la Universidad del País Vasco (UPV) y coautora de una investigación universitaria pionera en España sobre el efecto de los abusos clericales en las víctimas; Josep Tamarit, coautor del mismo informe y catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); y María Teresa Compte, presidenta de Betania, asociación de asistencia a víctimas de abuso sexual en contextos religiosos. Los tres coinciden al señalar que, con la poca información que ha trascendido, es imposible conocer cómo operará la comisión del Defensor.

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Gijón con el Pueblo Saharaui

abril 4, 2022

Concentración de rechazo a la nueva posición del Gobierno sobre el Sáhara occidental: “Marruecos culpable, España responsable»

Foto de Marcos León – LNE

Asturias Laica, 4 de marzo de 2022

En una mañana de domingo, con la borrasca Ciril en todo su «esplendor», casi medio millar de personas se concentraron en los Jardines del Náutico de Gijón acudiendo a la convocatoria de la Plataforma Asturiana Paz y Justicia para el Pueblo Saharaui, de la que forma parte la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

Así lo describía esta mañana La Nueva España(1): Cuando más llovía y el viento apretaba más fuerte, ayer al mediodía en Gijón, una mujer cruzaba el Muro para llegar hasta los Jardines del Náutico. En una mano, la bandera del Sáhara. Con la otra, tiraba por el carrito. Caminaba acelerada para no perderse la concentración convocada por la Plataforma Asturiana Paz y Justicia para el Pueblo Saharaui, de la que forma parte la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Viva imagen de la resistencia de un pueblo gastado de tantas luchas. Pero que no se rinde. La cita, a pesar de la adversa meteorología, convocó a cerca de medio millar de personas.

El manifiesto de la concentración, convocada contra la última decisión de Sánchez para el Sáhara Occidental aceptando el plan de autonomía de Marruecos, fue leído por la escritora Pilar Sánchez Vicente. La música la puso la imprescindible Charanga Ventolín.

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Así era la Ley de Libertad de Conciencia que Zapatero guardó en un cajón

abril 4, 2022

El texto garantizaba la «neutralidad» de los cargos públicos ante el hecho religioso, la laicidad de los actos oficiales, el «no adoctrinamiento» en la enseñanza y un régimen fiscal de las confesiones, pero dejaba fuera la financiación y la igualdad.

Fotografía de octubre de 2011 del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que era presidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela, en una reunión en el Palacio de la Moncloa / José Oliva-Europa Press

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Aristóteles Moreno, Público, 4 de marzo de 2022

El 7 de mayo de 2008 María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, anunció en el Congreso de los Diputados la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, promulgada en 1980 por Adolfo Suárez. El anuncio se produjo apenas un mes después de la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero y en el marco de un nuevo impulso político que buscaba «alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado», en palabras de la vicepresidenta. Era el segundo mandato de Zapatero y su Ejecutivo se proponía, 28 años después, reformar aquella ley obsoleta aprobada por el primer Gobierno constitucional de la España posfranquista en el contexto de un país que aún se desperezaba del largo sueño nacionalcatólico y el poder omnímodo de la Iglesia.

El Gobierno socialista, ahora sí, parecía dispuesto a tocar una de las piedras angulares del viejo sistema. Por eso había que actuar rápido y con determinación. Si la ley no era aprobada antes del ecuador de la legislatura, estaba abocada al fracaso. Ningún presidente, por muy progresista que fuera, estaba dispuesto a enfilar la recta final hacia las elecciones generales con un conflicto abierto en carne viva con la jerarquía católica. La reacción de la prensa conservadora no se hizo esperar: el Gobierno del PSOE tramaba la implantación de una «religión de Estado» basada en el «laicismo radical».

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