España un país extraño. La iglesia no investiga sus abusos sexuales

La Iglesia Católica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos.

Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española

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Cándido Marquesán Millán, Nueva Tribuna, 11 de noviembre de 2021

Esta España nuestra es un país extraño, un tanto peculiar. O si se quiere, se sale de lo común. Es un país excepcional. Me explicaré. En esta España nuestra existen un conjunto de instituciones intocables. No se te ocurra criticarlas, porque corres el peligro de ser acusado de antipatriota, o incluso, de ser llevado a los tribunales. Me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, el Ejército, la Judicatura, la Monarquía, los grandes poderes económicos, y algunos medios de comunicación. Tales instituciones perfectamente ensambladas se autoprotegen. Y cualquier conocedor de nuestra historia sabe que todas ellas han supuesto un grave impedimento para el progreso de este país. Algunas pruebas contundentes. El retorno de Fernando VII en 1814 según el historiador Juan Pro: “la opción de mantener a los Borbones demostró ser un suicidio político para cuantos luchaban por las libertades y por un estado representativo”.

La Iglesia católica española ha estado en contra, ya en democracia, del divorcio, del aborto y de la eutanasia. Fueron unos militares los que dieron un golpe militar en julio de 1936. La justicia, como explicaba en mi artículo anterior La justicia española nunca se depuró tras el franquismo, ha impedido la investigación de los crímenes del franquismo. En cuanto a los grandes medios, conocemos cómo se decantan mayoritariamente a determinadas opciones políticas, no en vano, están al servicio de los grandes poderes económicos. Desde que se inventó la imprenta, la ‘libertad de prensa’ es la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Ferreras e Inda a qué gran empresario deben su protagonismo mediático?

¿La Iglesia católica española ha criticado en algún momento las andanzas ejemplares del Emérito o algunos chats de miembros de jubilados del Ejército, en los que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles, además de instar a un golpe militar? ¿Cuántos empresarios han sido llevados a los tribunales de justicia por financiar la Caja B del Partido Patriota? ¿Alguna responsabilidad habrán tenido los gerifaltes de los Consejos de Administración de las grandes constructoras, que se llevaban las concesiones de grandes obras públicas? ¿Por qué algunos empresarios regalan yates al Rey? ¿Lo hacen por fines altruistas? ¿O es a cambio de algún beneficio por Oriente Medio? La Monarquía a través de nuestro actual Rey, Felipe VI, se decantó claramente por una determinada opción religiosa, el pasado 25 de julio, cuando dijo con extraordinario fervor: «Hoy, en la Catedral donde convergen todos los caminos y donde habita para la eternidad el Apóstol Santiago, renovamos la ofrenda de un pueblo que quiere ser agradecido”. Pero, vamos a ver, ¿Quién le ha dado permiso para hacer una ofrenda al Apóstol Santiago en nombre de todos los españoles, sean estos católicos, protestantes, musulmanes, ateos, agnósticos o mediopensionistas? Alucinante. Por lo menos yo no le he dado permiso alguno. Pues, ¿no estamos en un Estado aconfesional? Como decía el ya desaparecido profesor de filosofía Antonio Aromayona, luchador incansable por la consecución de la laicidad: “Voy a contar ahora un buen chiste: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» (Constitución Española, art. 16.3). ¿A que es muy gracioso, aunque tenga tan poca gracia? Podríamos poner más ejemplos de cómo se autoprotegen las instituciones citadas, que, además, por si no fuera ya suficiente, cuentan con el apoyo incondicional de las derechas españolas.

Pero, hoy voy a referirme a la Iglesia católica y a un tema muy escabroso y desagradable. A través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, la Iglesia católica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, una postura inquietante en un país en el que un millón y medio de niños estudian en escuelas concertadas de dicha confesión. Este posicionamiento lamentable contrasta con el reconocimiento que el papa Francisco ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, con su llamada a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas. Mientras en Francia la Iglesia católica reconoció la responsabilidad institucional y la dimensión sistémica de los ataques; ya que se vieron sometidos a abusos unas 330.000 personas por parte de unos 3.200 religiosos en los últimos 60 años. En Alemania la Iglesia financió un estudió que halló 3. 677 casos entre 1946 y 2014, y en Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes de los abusos. En España la Iglesia Católica apenas reconoce 220 episodios de abusos de este tipo de 2001 a la fecha. ¿Será por qué los religiosos españoles son más castos que los franceses, alemanes o norteamericanos?

En el caso de Francia la actuación ha sido realmente ejemplar a la hora de abordar estos abusos sexuales por parte de clérigos católicos. El Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric Moulins-Beaufort ha reconocido su responsabilidad institucional, y su culpabilidad por falta de control interno y el haber cerrado los ojos ante el problema. Por ello, afirma que es un deber de justicia una reparación. El episcopado francés, reunido en el santuario de Lourdes, un lugar emblemático para el catolicismo francés, ha declarado que venderán bienes mobiliarios e inmobiliarios de las diócesis, y si es necesario, se solicitarán préstamos para hacer las indemnizaciones que sean precisas. El contraste con la Conferencia Episcopal Española como vemos es brutal. ¿No tiene nada que decir en este tema tan escabroso la justicia española? ¿No debería actuar de oficio la Fiscalía? En este tema la actuación de la justicia es idéntica a la investigación de los crímenes del franquismo. 

¿La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar los delitos sexuales perpetrados por sus integrantes tiene algo que ver con su enorme poder económico e influencia política, mediática y social de que disfruta? En la misma pregunta está implícita la respuesta. No hay que olvidar que en España la Iglesia católica ha gozado siempre de grandes privilegios. Y hoy sigue la misma situación. Y además siempre se está lamentando. Nunca tiene suficiente. Está fuertemente subvencionada por el Estado, tanto directa como indirectamente: según Europa Laica, el pago de salarios y costos sociales de las 19.000 personas que imparten esta religión en los centros educativos (quienes son designadas por los obispados, pero pagadas por la Administración-yo nombro pero tú pagas, y si no me gusta, porque se ha divorciado, lo quito, incumpliendo toda la legislación laboral vigente-) asciende a 600 millones de euros anuales; si añadimos todas las subvenciones y exenciones fiscales, el aporte estatal asciende a 11.000 millones de euros al año, más de 1% del producto interno bruto. Más allá de lo financiero, su influencia entre la clase política es tal, que el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha sido el primero en prescindir de biblias y crucifijos en su toma de posesión como presidente del Gobierno.

La persistencia de estos subsidios, su actitud arrogante y displicente ante el sufrimiento de las víctimas de abuso sexual, y la pasividad de las autoridades políticas y judiciales que miran hacia otra parte, pueden leerse como ejemplos de una impronta de tiempos pasados, de triste recuerdo, que sigue viva en amplios sectores de la institucionalidad y la ciudadanía españolas.

Lo verdaderamente grave es que una parte importante de la sociedad española, despreciando la enseñanza pública porque acoge a muchos inmigrantes, entrega gustosamente sin cuestionarse la educación de sus hijos a una institución, que se niega a investigar todos esos abusos sexuales, que debía considerar, a ver si se entera, que no son solo pecados, sino que también son delitos penales. Y también, ante esta situación tan escandalosa, de una sociedad digna debería esperarse una respuesta contundente, ya que por las razones expuestas no cabe esperarla de las instituciones. Por eso, España es un país extraño, peculiar y excepcional. Somos así. Que le vamos hacer.

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