El 100% de los recursos de apoyo social a los enfermos de salud mental están privatizados, desde centros de rehabilitación psicosocial o laboral hasta centros de día o minirresidencias. En la parte sanitaria, el Gobierno regional tiene 926 camas concertadas con el sector privado, y este año por primera vez ha externalizado una unidad de estancias psiquiátricas breves para niños y adolescentes.
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Manuel Rico, InfoLibre, 11 de octubre de 2021
La privatización de servicios públicos es una de las enseñas del PP de Madrid desde hace más de dos décadas. Y la salud mental no es un campo ajeno a esa política. Cada año, más de 120 millones de euros de dinero público terminan en manos privadas. Así lo demuestran los datos económicos de todas las adjudicaciones actualmente en vigor, que las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad facilitaron a infoLibre como respuesta a preguntas enviadas acogiéndose a la Ley de Transparencia.
El 40% del dinero lo reciben seis órdenes y fundaciones de la Iglesia católica y otro 16% va para tres empresas controladas por fondos de inversión, de forma que en conjunto obtienen más de la mitad del dinero de la sanidad mental privatizada.
En Madrid, al igual que en muchas otras comunidades, los cuidados de las personas con problemas de salud mental dependen de dos consejerías diferentes. Todo lo relacionado con las hospitalizaciones es competencia de Sanidad, mientras que la red de apoyo comunitario se encuadra en el departamento de Políticas Sociales.
Esta división tiene su origen en la gran reforma sanitaria que se hizo en 1986, durante el Gobierno de Felipe González (PSOE). Hasta entonces, lo habitual era que las personas con problemas de salud mental ingresasen en lo que se llamaban “manicomios”, donde a veces permanecían el resto de sus vidas. El objetivo de la reforma era que los pacientes recibiesen los cuidados en su entorno, sin romper con sus familias y sus rutinas, siempre que fuese posible. De esa forma se ponía en el centro la llamada “atención comunitaria”, lo que llevó a que las comunidades creasen las redes de apoyo social, donde los recursos estrella son los centros de rehabilitación psicosocial o laboral, los centros de día y los equipos de apoyo social comunitario.
Las adjudicaciones a la iglesia
En muchos puntos de España, las órdenes religiosas disfrutan de un papel hegemónico en la parte sanitaria, que obedece en buena medida a razones históricas. Ellas se encargaban tradicionalmente de administrar los “manicomios”, situación que se potenció más si cabe durante el franquismo, al igual que en otros campos asistenciales como las residencias de mayores. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, las Hermanas Hospitalarias y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se encargaban respectivamente de los grandes psiquiátricos femenino y masculino situados en el municipio de Ciempozuelos.
Ese papel preponderante de las entidades de la Iglesia en el campo de la salud mental, lejos de revertirse con la llegada de la democracia, se agrandó en muchas comunidades donde fueron acumulando adjudicaciones públicas. Y no solo en el área sanitaria, sino también en la red de apoyo comunitario levantada desde cero a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado.
Lo ocurrido en Madrid es ilustrativo. Un primer dato que llama la atención es este: toda la red de apoyo comunitario, que depende de Políticas Sociales, está privatizada. El cien por cien. No hay ni un recurso gestionado por empleados públicos. Pues bien, las entidades de la Iglesia recibirán en 2021 por esta vía 18,47 millones de euros, lo que supone el 26,4% de los casi 70 millones que inyectará Políticas Sociales en el sector privado de la salud mental. Las Hermanas Hospitalarias obtendrán la mayoría del dinero –14,14 millones–, mientras que los 4,33 millones restantes se los reparten entre otras cuatro entidades de la Iglesia: Fundación Buen Samaritano, Fundación Pilar de la Mata-Cáritas Madrid, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca y Fundación San Martín de Porres.
Un segundo ejemplo, este de la parte sanitaria. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido en 2021 privatizar una unidad de hospitalización psiquiátrica de corta estancia para niños y adolescentes, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora (las camas concertadas eran todas de adultos y en un 97,5% de media o larga estancia). Pues bien, el centro elegido para la externalización es la Clínica Nuestra Señora de la Paz, gestionada por la Orden de San Juan de Dios. Esta congregación es la que más dinero público recibirá este año de Sanidad –15,49 millones–, ligeramente por delante de las Hermanas Hospitalarias, que obtendrán 14,40 millones. En Sanidad, la hegemonía de la Iglesia es aplastante: seis de cada diez euros terminan en manos de las dos congregaciones citadas.
En definitiva, sumadas las adjudicaciones de las dos Consejerías, las entidades de la Iglesia percibirán este año 48,37 millones de euros, un 40,14% de todo el dinero destinado a la sanidad mental privatizada por parte del Gobierno de Ayuso. Es cierto que una parte de esas adjudicaciones tienen un origen histórico, pero muchas otras son prueba de cómo las entidades de la Iglesia han ido ampliando su papel en este sector.
El negocio de los fondos
Junto a la Iglesia, el otro sector que está incrementando su negocio de manera significativa en la Comunidad de Madrid es el de las empresas controladas por fondos de inversión. Como desveló infoLibre a finales de septiembre, las cuatro principales empresas de salud mental en España tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo. Se trata de Grupo 5, Mentalia, Hestia Alliance e Ita Salud Mental. Las tres primeras tienen adjudicaciones del Gobierno madrileño, aunque en esta región la gran favorecida con diferencia es Grupo 5. De hecho, en 2021, esta compañía se ha convertido en la que más dinero recibe de la Consejería de Políticas Sociales, con 15,65 millones de euros.
El flujo de dinero público hacia la caja de Grupo 5 es creciente y cada vez más acelerado. En 2021, por ejemplo, esta compañía se ha hecho con la gestión de cuatro centros de rehabilitación en la Comunidad (La Elipa, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz), que hasta ahora estaban en manos de otras empresas. Y, por contra, solo ha perdido la gestión de uno de los centros que administraba (el Pedro Zerolo). El saldo es que ingresará 1,6 millones de euros más cada año.
En total, entre centros públicos y concertados, Grupo 5 gestiona 49 recursos de la red creada por la Consejería de Políticas Sociales: 7 centros de rehabilitación psicosocial, 6 de rehabilitación laboral, 7 centros de día, 7 minirresidencias, 8 equipos de apoyo social comunitario y 14 pisos tutelados en nueve municipios diferentes, incluida la capital.
El propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es el fondo Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIV G5 Holding SL. Corpfin fue creada hace tres décadas por Felipe Oriol –consuegro de Esperanza Aguirre–, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que levantó y, según explica la compañía en su propia web, ahora está en la “fase de desinversión”. En otras palabras: venderá Grupo 5 en cuanto reciba una oferta económica atractiva.
La salud mental no es el único negocio que ha hecho Corpin con el Gobierno regional del PP. Como desveló en su díainfoLibre, el fondo creado por el consuegro de Aguirre se benefició de una polémica operación pilotada desde la Comunidad de Madrid en época de Aguirre con una empresa de gimnasios relacionada con Ignacio González, expresidente madrileño y presunto capo de una organización criminal desarticulada en la operación Lezo.
Otras dos empresas controladas por fondos también reciben dinero público de la Comunidad destinado a salud mental. Se trata de Hestia Alliance, que se embolsa anualmente 2,7 millones, y de Mentalia, que recibe 1,32 millones. La primera compañía pertenece al Orpea y la segunda a DomusVi, que son también los dos principales grupos de gestión de residencias de mayores tanto en Madrid como en el conjunto de España.
Entidades del tercer sector
El panorama de la gestión privada se completa con las entidades del tercer sector. Se trata de asociaciones y fundaciones que nacieron en su mayoría en los años ochenta y noventa, impulsadas por profesionales de diversas disciplinas relacionadas con la salud mental y por familiares de pacientes, que buscaban crear una alternativa a la visión que se ofrecía en los centros de las órdenes religiosas. Las dos más potentes en la Comunidad de Madrid son Fundación Manantial, creada en 1995, e Intress, surgida en Cataluña y que gestionó su primer servicio público en el Ayuntamiento de Barcelona en 1988.
Fundación Manantial percibirá este año 14,69 millones de euros, lo que la convierte en la segunda entidad que más dinero recibe de Políticas Sociales. No obstante, este año el Gobierno regional le quitó la gestión de un centro de día, un centro de rehabilitación psicosocial y otro de rehabilitación laboral en Torrejón de Ardoz, que pasaron a manos de Grupo 5. Intress, por su parte, ingresará 7,29 millones por la gestión de recursos de la red de Políticas Sociales.
En el siguiente gráfico, se detalla cómo se distribuyen los más de 120 millones de euros de la sanidad mental privatizada, entre las 26 empresas y entidades que tienen algún contrato con la Consejerías de Políticas Sociales o de Sanidad. La primera tiene 220 recursos y todos ellos están privatizados, lo que le supondrá transferir este año al sector privado 69,96 millones de euros. La segunda ha realizado 32 adjudicaciones públicas, con un importe total de 50,56 millones.
