45 recomendaciones para “reparar” siete décadas de crímenes pederastas de la Iglesia francesa

Además de indemnizar a las víctimas, la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica propone profundos cambios que incluyen revisar el secreto de confesión o la obligación de celibato

Francois Devaux, fundador de la asociación de víctimas de pederastia de la Iglesia católica francesa Palabra Liberada en la presentación del informe que cifra en al menos 216.000 las víctimas de abusos sexuales de religiosos en Francia / THOMAS COEX (AP)

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Silvia Ayuso, El País, 6 de octubre de 2021

François Devaux eligió con mucho cuidado sus palabras durante la presentación en París del informe de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase) sobre las al menos 216.000 víctimas de religiosos pederastas franceses desde 1950 hasta hoy, entre las que se cuenta él. “Ustedes son una vergüenza para la humanidad y deben pagar por todos esos crímenes”, dijo, marcando cada palabra, el presidente de la hoy disuelta pero aún influyente asociación Palabra Liberada, la organización de víctimas de un cura pederasta en Lyon que, hace seis años, rompió el silencio de las víctimas de Francia y, con ello, destruyó la omertá que desde hacía décadas pesaba sobre estos crímenes en el seno de la iglesia gala, como antes ha sucedido en otros países (pero no en España). Pero, ¿cómo se “paga” por un crimen cometido —y silenciado— una y otra vez durante décadas y que ha destruido la vida de incontables personas?

Para Devaux, haría falta un concilio “Vaticano III” inmediato —”esta tarde, no dentro de diez años”, dijo a periodistas el martes tras la presentación del informe— porque la responsabilidad llega hasta un papa que hasta ahora ha estado “ausente”, y “hay que revisarlo todo, reorganizarlo todo” y se va a requerir “mucho dinero”. Sin ir tan lejos, las reformas que proponen los expertos de la Ciase en las 2.500 páginas de informe, elaborado en 32 meses de análisis e investigaciones, pueden remover algunos de los pilares de la Iglesia católica de Francia y allende sus fronteras, incluido el secreto de confesión o la cuestión del celibato.

Responsabilidad “sistémica”

La Ciase quiere que la Iglesia “reconozca” de una vez su “responsabilidad sistémica” y cree que “el peso social y espiritual de la Iglesia hace que pesen sobre ella una responsabilidad particular en la sociedad a la que pertenece”. Ello requiere, subraya en sus recomendaciones, que la jerarquía gala, que también debería reconocer la responsabilidad “civil, social y cívica” como institución más allá de las responsabilidades individuales de los religiosos pederastas, “examine los factores que han contribuido a sus fallos institucionales”.

En este sentido, la Ciase propone crear “dispositivos concretos de reconocimiento”, como ceremonias públicas, celebraciones litúrgicas en “memoria de los sufrimientos infligidos” o un memorial de las víctimas, puntos sobre los que ya se puso de acuerdo la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) en su reunión de primavera, donde propuso un “día nacional” en su memoria.

Definir el secreto de confesión, revisar el celibato

¿Y si el problema estuviera en conceptos y principios generalizados desde hace siglos en la Iglesia? Para la Ciase, todo puede ser cuestionado, revisado o, al menos, aclarado.

Como el secreto de confesión. La Ciase propone “transmitir un mensaje claro, indicando a los confesores y a los fieles que el secreto de confesión no puede derogar la obligación, prevista por el código penal (…), de señalar a las autoridades judiciales y administrativas los casos de violencias sexuales infligidas a un menor o una persona vulnerable”. Es una cuestión, reconoció el presidente de la Ciase, Jean-Marc Sauvé, delicada. “Somos conscientes de la gravedad de esta propuesta”, dijo. Pese a ello, agregó, “personalmente, la apoyo”. Porque aunque el secreto de confesión sea un secreto profesional, protegido por la ley, este no puede ser opuesto a la obligación de proteger a las personas, que es “una obligación del derecho natural de protección de la vida y de la dignidad de las personas”, defendió. Y la ley francesa, recuerda la Ciase, requiere que se denuncie todo abuso sexual contra un menor del que se tenga conocimiento. Varios responsables religiosos, incluido el otrora todopoderoso cardenal Philippe Barbarin, exarzobispo ya de Lyon, fueron llevados a juicio justamente por haber presuntamente silenciado casos que conocían.

Otro tabú que se debería, cuando menos, analizar: el celibato. En la recomendación 4, se propone “identificar las exigencias éticas del celibato” y especialmente la “representación del sacerdote” que ofrece, o “el riesgo de conferirle una posición heroica o de dominación”. En este sentido, la Ciase anima a “evaluar, para la Iglesia en Francia, las perspectivas abiertas por las reflexiones del Sínodo de la Amazonia, en particular la demanda de que, ad experimentum, sean ordenados curas hombres casados que cumplen las condiciones que San Pedro demanda a los pastores en la Primera Carta a Timoteo”. La propuesta se ha topado con el recelo inmediato de la jerarquía católica. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, el problema no es el celibato, “sino la manera de vivirlo y cómo integrar la sexualidad” en un proyecto de vida como el de un sacerdote (o monja). “Los curas no son los únicos solteros en el mundo que no tienen una actividad sexual, y todos los que son solteros no son necesariamente depredadores sexuales”, recordó. Para Moulins-Beaufort, lo importante es buscar la “manera de integrar la sexualidad y hay que trabajar en ello, pero no se trata de cuestionar la castidad, que es una promesa de dedicación”, indicó a periodistas tras la presentación del informe.

En su recomendación 36, la Ciase también osa tocar otro tema delicado al proponer, “en vista del principio de dignidad igualitaria, reforzar grandemente la presencia de laicos en general y de mujeres en particular en las esferas de decisión de la Iglesia católica”.

Reformas al derecho canónico

Para la Ciase, el derecho canónico está “ampliamente inadaptado para el castigo de las violencias sexuales” y “no ha contribuido, como podría y debería haber hecho”, a un tratamiento adecuado de las agresiones sexuales, acotó Sauvé. Por ello, pide definir más claramente las infracciones y calificarlas, darle más espacio a las víctimas, “los grandes ausentes de estos procesos”, y aclarar responsabilidades, además de lograr una mejor articulación con la justicia penal civil y adaptarlo a las normas internacionales sobre un proceso justo, introduciendo, entre otros, “jueces laicos especialmente formados”.

Formar mejor a los religiosos, escuchar más a las víctimas

La Ciase lanza una serie de propuestas para mejorar la formación de los religiosos y del personal laico que emplea en materia de agresiones sexuales, además de pedir que se analicen los antecedentes judiciales de todo postulante. Asimismo, propone reformar, ampliar y mejorar las células de escucha para atender a las víctimas de posibles abusos, que deberían estar integradas por personas laicas con una formación específica y en contacto con asociaciones de víctimas.

Indemnizaciones, la gran cuestión

“Hay que reparar, en la medida de lo posible, el mal hecho”, dijo Sauvé en su presentación del informe. Y una buena parte de ello pasa por indemnizar a las víctimas, cuya vida —sexual, afectiva, pero a veces también social— en muchos casos se ha visto profundamente afectada por los abusos sexuales sufridos por religiosos pederastas. La Ciase recomienda “individualizar el cálculo de la indemnización a cada víctima”, para lo que se debería tener en cuenta “los prejuicios sufridos más que elaborar categorías de infracciones perpetradas”. El arbitraje debería estar en manos de una comisión independiente, “exterior a la Iglesia”, y la financiación de las indemnizaciones, la gran cuestión, debería realizarse “a partir del patrimonio de los agresores y de la Iglesia de Francia”, subraya la comisión, que pide “descartar un llamamiento a donaciones de fieles” con este objeto. La Conferencia Episcopal ya acordó en marzo proponer una “ayuda financiera” basada en las necesidades de cada una de las víctimas para superar los abusos y anunció la creación de un fondo de dotación de cinco millones de euros, cifra que claramente, como señalan víctimas como Devaux, apenas servirá para poner en marcha el procedimiento, no para pagar las indemnizaciones.

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Informe , vía Infolibre

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