Así lo afirmó la Consejera de Hacienda a pregunta de la diputada de IU Ángela Vallina
Ana Cárcaba, Consejera de Hacienda de Asturias / J.L. Cereceido
La Voz de Asturias, 9 de marzo de 2021
La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, ha dicho que el Ejecutivo autonómico está consultando y revisando el informe sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica que recientemente ha hecho público la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.
En el pleno de la Junta (celebrada esta mañana), Cárcaba ha afirmado que el Principado está comprobado si alguno de esos bienes es de su titularidad. «Si eso pasa se estudiarían las acciones pertinentes», ha indicado.
La dirigente del Gobierno asturiano ha sido preguntada por este asunto por la portavoz de IU, Ángela Vallina, quien se ha mostrado decepcionada por el Gobierno de España porque no revierte unas inmatriculaciones que han supuesto «equiparar a obispos con notarios» a a la hora de certificar la titularidad de determinados inmuebles.
Cárcaba ha explicado que están pendientes de recibir también el listado de bienes registrados con anterioridad a 1998. Todos los datos se van a cotejar. La consejera se ha comprometido a informar a la Junta General de cualquier novedad.
El monumento prerrománico de San Miguel de Lillo durante una nevada.
Prerrománico asturiano
Sobre el prerrománico asturiano Ana Cárcaba ha señalado que el Gobierno asturiano ha pedido al Colegio de Registradores de Asturias hace unas semanas información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia antes de la reforma hipotecaria de 1998 y sigue «analizando y examinando» la situación de los bienes incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano, como San Julián de los Prados o San Miguel de Lillo o San Miguel de Valdediós.
La información que se obtenga será trasladada puntualmente a la Junta General del Principado, según ha señalado hoy la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, al responder en el pleno del parlamento autonómico a una pregunta formulada por la portavoz de IU, Ángela Vallina, a raíz de la publicación del listado de los bienes que han sido inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.
El listado, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados el pasado febrero, incluía cerca de 35.000 templos, dependencias complementarias, terrenos, viviendas, solares o locales en todo el país, 549 de ellos ubicados en Asturias.
Según Vallina, el Gobierno asturiano tiene que tomar el toro por los cuernos para recuperar su patrimonio, empezando por el prerrománico ya que, según ha señalado, «no consta título alguno que pueda acreditar la titularidad y en ese caso gana lo público».
Cárcaba, por su parte, ha señalado que desde la Consejería de Cultura se ha informado en varias ocasiones sobre la posible inmatriculación de bienes incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano y que se ha tratado de cotejar por una doble vía: los certificados catastrales y las notas simples de los registros de propiedad y que «se seguirá analizando y examinando la situación de esos bienes».
Ante la publicación del listado por parte del Gobierno central, Cárcaba ha señalado que el Ejecutivo asturiano está « revisando su contenido para determinar si alguno de ellos se corresponde con algún bien cuya titularidad sea del Principado» y que si es así «se estudiarán las acciones pertinentes».
El Grupo Inmatriculaciones Asturias ha pedido que se recopilen y hagan públicas todas la notas registrales simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 en las que se aportó unicamente una certificación eclesiástica así como la anulación de todas las inscripciones realizadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida amparándose en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que cuestiona una norma «arbitraria».
Asimismo, reclaman que se anulen las inscripciones de lugares de culto realizadas antes de la reforma hipotecaria de 1998 y la elaboración de una Ley de Patrimonio que establezca que el patrimonio histórico y cultural inventariado de raíz religiosa, con independencia del uso litúrgico a que se destine, quede afecto al dominio público como sucede en países como Francia o Portugal; según informó EFE
