La educación y los Concordatos con el Vaticano

El gobierno de coalición, llamado progresista por unos, y social comunista por otros, no tiene la valentía política necesaria para derogar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, continuistas de los que la dictadura mantuvo desde 1953.

El primer Concordato entre España y la Santa Sede se firmó en el Vaticano el 27 de agosto del 1953.

Concordato entre España y la Santa Sede firmado en el Vaticano el 27 de agosto del 1953

Teresa Galeote, Nueva Tribuna, 26 de diciembre de 2020

La nueva ley de educación Celaá  confirma, una vez más, que la religión seguirá dentro de la escuela, aunque no contará en las notas. Con dicha decisión, se constata el maridaje que mantiene la Iglesia Católica con los diferentes partidos que han gobernado en España. El gobierno de coalición, llamado progresista por unos, y social comunista por otros, no tiene la valentía política necesaria para derogar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, continuistas de los que la dictadura mantuvo desde 1953.

Además se asumen los conciertos educativos  con la escuela privada, sabiendo que gran parte está en manos del OPUS. La media de la Educación Pública en Europa es del 81% siendo en España del 62%, y la guinda del pastel la pone la comunidad madrileña, con el 49%.

¿Cuándo comenzó el idilio de Estado-Iglesia? Hace siglos que existe, pero si nos remontamos al S. XIX, la desamortización de Mendizábal, de 1836, la Iglesia Católica pierde parte de sus bienes, al igual que numerosos ayuntamientos. Años más tarde, bajo el reinado de Isabel II, el gobierno de Bravo Murillo firma un Concordato con la Santa Sede, en 1851, por el cual la Iglesia Católica recupera gran parte del poder ideológico y social que había mantenido antes de la disolución de las órdenes religiosas masculinas. En 1856, la desamortización de Madoz vuelve a restringir parte del poder a la Iglesia que el Concordato de 1851 le había otorgado.

Tras el breve paréntesis de la I República, 1873/1874, la restauración de la monarquía borbónica, en 1875, vuelve a ser un terreno abonado para la Iglesia. Bajo el reinado de Alfonso XII se entrega la gestión de cárceles, hospitales, cementerios, moral pública y privada y, sobre todo, colegios de primera y segunda enseñanza serán gestionados por la Iglesia Católica. En el reinado de Alfonso XIII, al ambiente eclesiástico que ya existía se suman las órdenes religiosas que llegan desde Francia, tras la reforma educativa que introduce en el país la Ley Ferry, al suprimir la religión de la escuela. Con la Dictadura de Primo de Rivera, de 1923, el catolicismo se convirtió en uno de los pilares del régimen. El lema de la Dictadura fue: Patria, Religión y Monarquía.

En 1931 llega la II República Española, la cual considera que no puede mantenerse el oscurantismo e ignorancia en la que se encontraba en el pueblo. Fue en dicho momento histórico fue cuando Manuel Azaña expresó, “España ha dejado de ser católica”, en el discurso que pronunció en las Cortes españolas, en 1931:

“Cada una de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español”

“Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer” (…).

“En realidad, la cuestión apasionante, por el dramatismo interior que encierra, es la de las Órdenes religiosas: dramatismo natural porque se habla de la Iglesia, se habla del presupuesto del clero, se habla de Roma; son entidades muy lejanas que no toman para nosotros forma ni visibilidad humana; pero los frailes, las Órdenes religiosas, sí”.

“En este asunto, señores diputados, hay un drama muy grande, apasionante, insoluble. Nosotros tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente, sin exceptuar la libertad de la conciencia cristiana; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado. Estos dos principios chocan, y de ahí el drama que, como todos los verdaderos y grandes dramas, no tiene solución. ¿Qué haremos, pues? ¿Vamos a seguir (claro que no, es un supuesto absurdo), vamos a seguir el sistema antiguo, que consistía en suprimir uno de los términos del problema, el de la seguridad e independencia del Estado, y dejar la calle abierta a la muchedumbre de Órdenes religiosas para que invadan la sociedad española? No. Pero yo pregunto: ¿es legítimo, es inteligente, es útil suprimir, por el contrario, por una reacción explicable y natural, el otro término del problema y borrar todas las obligaciones que tenemos con esta libertad de conciencia? Respondo resueltamente que no. (Muy bien, muy bien.) Lo que hay que hacer –y es una cosa difícil, pero las cosas difíciles son las que nos deben estimular–; lo que hay que hacer es tomar un término superior a los dos principios en contienda, que para nosotros, laicos, servidores del Estado y políticos gobernantes del Estado republicano, no puede ser más que el principio de la salud del Estado”. 

La II República asumió la función educadora en valores cívicos e igualitarios y, por tanto, la educación tenía que ser Pública y Laica. La religión solo debía darse en las parroquias y en los hogares donde las familias fueran creyentes. La Constitución de 1931, en el artículo 3, estableció: “España no tiene religión oficial”, y en el artículo 26, entre otras cosas prohibía los colegios de las Órdenes religiosas, normativa desarrollada por La Ley de Congregaciones Religiosas de 1933.

Y la ira eclesiástica se desató para condenar a la joven República. El Papa Pio XI, asumió una de las encíclicas de su antecesor, Pío X, llamada Pascendi, cuyos postulados indican que las nuevas ideas debían ser combatidas. Durante su pontificado la Iglesia Católica se fortaleció, tanto en los aspectos religiosos como en los políticos. En 1931 se inauguraron las transmisiones de Radio Vaticano, a través de las cuales la Santa Sede mundializó sus mensajes en diversos idiomas. Hoy, su servicio diplomático tiene una dimensión semejante a la de Estados Unidos.

Y vuelta a empezar. La historia se repite en España, sin que los gobiernos de turno se atrevan a tocar el Concordato con la Santa Sede; éste sigue vigoroso y su consecuencia más visible es la religión en las escuelas.

En un estado de derecho, ¿es propio mantener un Concordato con un Estado que condena la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, condena la homosexualidad, el aborto y la libertad de conciencia?

¿Por qué España continua el amoroso idilio de siglos pasados?

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