Calvo y Omella acuerdan una agenda de trabajo para negociar la fiscalidad de la Iglesia, las inmatriculaciones o la reforma educativa

junio 24, 2020

Carmen Calvo y Juan José Omella se reúnen por primera vez desde la elección del presidente de la C.E.E. el pasado  mes de marzo. Durante la reunión, se ha constatado la “buena disposición de ambos interlocutores que han abordado sin restricciones cuestiones de interés mutuo”

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, conversa con Juan José Omella

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, conversa con Juan José Omella

Jesús Bastante, Religión Digital, 24 de junio de 2020

Se respira un aire de optimismo, tanto en la Conferencia Episcopal, como en el Gobierno, después del encuentro, de más de dos horas, que han mantenido el presidente de la CEE, Juan José Omella, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en el Palacio de la Moncloa.

Ambos, que ya habían entablado relación cuando en noviembre participaron de una cena con motivo de la consagración cardenalicia de monseñor Ayuso y Cristóbal López, han constatado las buenas relaciones y han acordado -como adelantó RD– una ‘hoja de ruta’ para debatir “asuntos como la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la educación”.

Así, según un comunicado conjunto de Moncloa y CEE,  Calvo y Omella han acordado “establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse y se han designado a las personas encargadas de ello”, que se darán a conocer en las próximas semanas. Al tiempo, se ha acordado “revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, prevista en los Acuerdos con la Sante Sede, como un espacio de trabajo y diálogo institucional que permita actualizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado a los momentos en los que vivimos”. Lee el resto de esta entrada »


El Congreso da el primer paso para una Ley de bebés robados en el Estado Español

junio 24, 2020

El Pleno del Congreso celebrado ayer martes, ha admitido a trámite la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado Español presentada, a iniciativa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, por los Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

El diputado del PSOE Antonio Hurtado interviene en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid.

El diputado del PSOE Antonio Hurtado interviene en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid / Foto InfoLibre

24 de junio de 2020

La Proposición de Ley, cuyo trámite ha sido aprobado por todos los grupos a excepción de VOX, plantea como objetivos

1. La presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

2. La presente ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira de forma expresa en los tratados internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos, declarando como principios inspiradores de su interpretación y aplicación:

a) La búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos.
b) La aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.
c) La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.
d) El establecimiento de garantías para la no repetición de los hechos ocurridos.

El texto de la proposición denuncia que en España “durante décadas, y hasta etapas muy próximas” se han sustraído “un número inmenso de niños” de “cárceles, clínicas y maternidades” sin que sus familias biológicas hayan podido conocer su paradero en ningún momento. Así, el texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial sobre bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en España. Incluye, además, medidas como la apertura de archivos (incluidos los de la iglesia católica), que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas y que se creen un banco de ADN y un censo únicos.

Y solicita que se ponga en marcha una Comisión por el derecho a la identidad y que las víctimas puedan acceder a la justicia gratuita y dispongan de apoyo y mediación psicológica y médica.

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