Aunque la norma no menciona expresamente los abusos en el ámbito religioso, sí que forzará a todo representante de instituciones que trabajen con menores a que se pongan en contacto con las autoridades si se produce cualquier acto sospechoso

Fuente imagen
Jesús Bastante, Religión Digital, / Vida Nueva, 10 de junio de 2020
Después de muchos años, los niños y las niñas de nuestro país contarán con una protección especial, similar al de las mujeres maltratadas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Protección a la infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que se frenó con el abrupto cierre de la anterior legislatura.
La normativa, que no menciona directamente a la Iglesia ni al ámbito religioso (como sí hace con la violencia interfamiliar, educativa, sanitaria, ocio y deporte o las redes sociales), sí las afecta en la práctica, pues se establece “el deber de cualquier persona de comunicar situaciones de riesgo ante la autoridad competente, aunque no sea delito; un deber más exigente para los colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con los niños”, como es el caso de colegios religiosos, seminarios menores o el trabajo con menores en las catequesis de las 23.000 parroquias españolas.
“Nos parece positiva, un paso adelante, pues veníamos del desierto”, subrayan desde la asociación Infancia Robada, que sí apuntan que hubiera sido mejor una mención expresa a los abusos en el ámbito religioso, y creen que “la ley se queda corta en los plazos de prescripción y en algunas ayudas”. “Nos parece muy positiva, pero no definitiva”.
¿Cuáles son las claves de la nueva ley? ¿En qué afecta a la iglesia?
Estas son algunas de las principales medidas incluidas en un texto que, paralizado primero por las elecciones de 2019 y después por el estado de alarma, ahora está listo para iniciar su tramitación parlamentaria. Y Pese a no citarse a la Iglesia, como a ninguna otra institución, en la legislación, ¿en qué afecta en materia eclesial?
– Para evitar que muchos de los delitos más graves prescriban, ya que la mayoría de las denuncias se producen en la edad adulta, la ley modifica ese plazo para que empiece a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora. Lee el resto de esta entrada »