¿Qué dinero destina a Cáritas la iglesia católica?

septiembre 29, 2018

La Memoria 2017 oculta el dato, aunque las cuentas apuntan a que la Iglesia da sólo el 2,3% de los 256 millones recaudados con la casilla de la Renta

Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago presentó la Memoria de Cáritas España 2017 / Imagen, Archidiócesis de Santiago

Ana Suárez, El Plural, 29 de septiembre de 2018

Cáritas presentó este 26 de septiembre la Memoria 2017*** en la que se detalla la actividad de las 70 Cáritas Diocesanas que han llevado a cabo los 84.000 voluntarios y más de 5.000 trabajadores. Esta Memoria recoge el destino de los 353 millones de euros que se han invertido en los diferentes programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, entre otros, tanto en España como en el extranjero.

Los datos revelan que 8,6 millones de personas padecen exclusión social en España. Además, seis años después de que empezara la crisis económica y tras cuatro años de supuesta recuperación, la exclusión social ha aumentado en un 40% y afecta a más de 4 millones de personas.

Jesús Fernández, responsable de Cáritas en la Comisión Episcopal de Pastoral Social, reconoció ante los medios el “apoyo privado al trabajo de Cáritas y del compromiso de las Administraciones Públicas”. A lo que seguidamente, Natalia Peiro, secretaria general, explicó las novedades que se detallan en los datos de la Memoria, como es la preponderancia de los fondos destinados a los programas de Empleo y Economía Social, que suponen el 21,3% del total de recursos y que, indicó, “reflejan la apuesta de Cáritas por las soluciones basadas en la autonomía de las personas y un modelo de economía circular”. Aunque no se queda atrás el 20,6%, que equivale a 72.964.971 euros, destinados a programas de Acogida y Asistencia. Pero, por contraposición, a programas relacionados con casos de Inmigración solo se ha destinado un 1,3% del total invertido. A Educación se le ha destinado 1,1% y al programa Integral de Inclusión Social le han atribuido un 0,3% de sus recursos. Lee el resto de esta entrada »


1, 1 millones de euros invertirá el Estado en la 2ª fase de restauración del Monasterio de Cornellana que la Iglesia cedió al Ayuntamiento por 50 años

septiembre 29, 2018

29 de septiembre de 2018

Monasterio de Cornellana, Salas

El monasterio San Salvador, una joya arquitectónica y cultural del siglo IX, fue fundado en el año 1024, en el siglo XII se cede el monasterio a la orden de Cluny. A partir de entonces pasa a ser uno de los monasterios más importantes del occidente de Asturias. En 1536 el Monasterio pasa a formar parte de la Congregación benedictina de Valladolid y comienza una larga reedificación de todo el complejo empezando por la iglesia para adecuarla a los nuevos usos.

A principios del s. XIX se inicia un periodo de decadencia con la ocupación francesa, cuyas tropas utilizaron el cenobio como caballerizas incendiándolo a su marcha, y la posterior desamortización de Mendizábal, suprimiéndose el monasterio en 1835, e instalándose en él una fábrica de manteca. En 1878 el Obispado compró el edificio de nuevo. Desde entonces ha estado en manos de la parroquia. Durante la Guerra Civil fue utilizado por ambos bandos como cuartel, almacén y prisión.

Tras la Guerra, el arquitecto Luis Menéndez Pidal restauró la iglesia, la torre románica y parte del claustro.

Es un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento desde el 30 de diciembre de 1993 (Boletí­n Oficial del Principado de Asturias, BOPA, 26-1-1994). Lee el resto de esta entrada »


Inmatriculaciones: 20 años de un regalo de Aznar a la Iglesia que pudo evitarse

septiembre 29, 2018

Giralda de Sevilla, uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia. / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 29 de septiembre de 2018

•La reforma para que las diócesis inscriban sin título templos de culto se aprobó y no fue recurrida pese a fallos anteriores contra este privilegio.
•En 1993 el Constitucional vio contraria a la ley la equiparación de Iglesia y Estado, base de las inmatriculaciones
•El Supremo observó en 1996 un posible “desajuste” con la aconfesionalidad del Estado.
•Nadie recurrió la norma del 98, que permitió inscribir miles de bienes de dominio público, iglesias y catedrales, y hoy ya es tarde para hacerlo

Las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, no pudieron ser más mesuradas. Tras tranquilizar al sector de la concertada –”no tiene nada que temer”–, se limitó a afirmar que el Gobierno tenía la intención de eliminar de la Lomce un criterio de asignación de plazas que favorece la expansión de la enseñanza privada subvencionada en las zonas de mayor renta. No parece una amenaza existencial a un sector, controlado en un 60% por la Iglesia, al que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. A pesar de todo, la reacción de los grupos de presión católicos y de la propia jerarquía fue furibunda. Amenazas de denuncia, un comunicado fulminante de la Conferencia Episcopal… “Vuelve la dictadura totalitaria”, clamó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Así es la jerarquía católica española: ante la menor amenaza al statu quo, brama como si fuera víctima de una brutal agresión; en cambio, cuando se apunta un logro o arranca una concesión del poder civil, calla. Jamás celebra, ni agradece. Cuanto mayor es el privilegio, más sepulcral su silencio. Por eso su silencio fue total y absoluto en septiembre de 1998.

Hace ahora veinte años, un 29 de septiembre, se publicó en el BOE una de las reformas legales más ventajosas para la Iglesia de todo el periodo democrático, y sin duda la más discreta: el real decreto del Gobierno de José María Aznar que permitió a la institución católica inmatricular templos religiosos, precipitando una histórica alteración del esquema de propiedad del patrimonio histórico en España. La reforma modificó la normativa hipotecaria franquista de los años 46 y 47, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: “Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción”. Lee el resto de esta entrada »