Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Recuperando escribe en El País (10/09/2018), sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica
Coches de caballos frente a la mezquita de Córdoba. ALEJANDRO RUESGA / El País
“Decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los olivos?”, preguntaba Miguel Hernández a los jornaleros de Jaén. La misma pregunta podría hacerse de las catedrales, de las iglesias, de las ermitas y de la generalidad de los templos en España. Y la respuesta también sería idéntica: “No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor”. Porque la inmensa mayoría de estos inmuebles de incalculable valor histórico y cultural preexistía antes de su afectación al culto católico o fueron construidos con el trabajo y el sudor del pueblo. Y, a pesar de ello, la jerarquía de la Iglesia se los ha apropiado utilizando normas franquistas que la equiparaban con la Administración pública, sin más prueba que la palabra del obispo que los registradores tomaron como dogma de fe.
Sirva como ejemplo la privatización de la Iglesia de San Juan de los Panetes, inmatriculada sin título de propiedad por el arzobispado de Zaragoza antes de que el presidente José María Aznar abriera las puertas del Registro a los templos de culto en 1998. Sorprende la falta de diligencia del registrador que, por su naturaleza arquitectónica evidente y por su enorme trascendencia patrimonial, sabía o debería haber sabido que tenía prohibida su inscripción al tratarse de un bien público. Pero sorprende aún más que no contrastara su condición jurídica con la Administración ni con nadie. Decía Max Planc que “para la personas creyentes, Dios está al principio; para los científicos, al final de todas sus reflexiones”. Y, en este caso, parece que el registrador actuó más como creyente que como jurista. Porque la Dirección General de Patrimonio ha dictaminado, tras la consulta elevada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que la Iglesia de San Juan de los Panetes está inventariada a nombre de la Administración General del Estado, afecta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 17 de noviembre de 1933. En consecuencia, no se trata de un error sino de una apropiación en toda regla. Tanto es así que cuando el arzobispado de Zaragoza tuvo conocimiento de la posible apertura de un expediente, compareció ante notario para prometer que la devolvería, sin que a fecha de hoy tengamos constancia de que se haya cancelado la inmatriculación.
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