El informe fue presentado en rueda de prensa por la alcaldesa de Córdoba junto a los expertos que han trabajado en él durante un año y cuatro meses: Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO, Alejandro García Sanjuan, historiador y profesor de la Universidad de Huelva y Juan Bautista Carpio, historiador y experto en Historia Medieval

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, junto al presidente del comité de expertos, Federico Mayor Zaragoza, en la presentación del informe / Diario de Córdoba
Diario de Córdoba, 15 de septiembre de 2018
El informe de 20 páginas elaborado durante un año y cuatro meses por una comisión de expertos presidida por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza señala que el objetivo final de la actuación municipal debería ser revertir la situación en la que se encontraba la Mezquita Catedral antes de su inscripción a nombre de la Iglesia en el año 2006, al entender que tiene legitimidad para actuar en contra de dicha inmatriculación en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio. La vía propuesta por los expertos es la de acudir a los tribunales ordinarios, siempre sin reclamar la propiedad del bien y toda vez que no prospere un posible recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional, que se considera como la opción más adecuada.
Ante esta consideración, que figura entre las principales conclusiones del informe,la alcaldesa, Isabel Ambrosio, no ha querido precisar hoy cuál será la postura del Ayuntamiento a este respecto y si piensan acudir o no a los tribunales. En una rueda de prensa acompañada por los autores del documento, Ambrosio ha insistido en que no conoce en profundidad el texto y que en los próximos días será cuando analicen y valoren los pasos a seguir. Eso sí, ha asegurado que su intención es “revertir una situación en la que la ciudad no se sentía cómoda”, como es el hecho de que la Iglesia figure como propietaria de la Mezquita Catedral bajo el paraguas de una reforma de la ley hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar. Ahí, tal y como considera el informe, está el origen de una anomalía legal que permitió una inmatriculación que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que permite a la Iglesia inscribir sin presentar pruebas de la propiedad. “Sería una irresponsabilidad no hacer todo lo posible para revertir la situación y no llegar hasta el final”, ha sentenciado Read the rest of this entry »