Obispos rebeldes ante la Justicia

septiembre 4, 2018

¿Es posible un pacto educativo sobre la enseñanza de la religión (o de las religiones) en las escuelas sin reformar o anular lo concordado con el Vaticano en esa materia por el entonces dirigente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Marcelino Oreja, que actuó entonces más como súbdito del Vaticano que como ministro de Exteriores en el Gobierno de Adolfo Suárez?

Adolfo González Montes, obispo de Almería / Foto El Plural

Juan G. Bedoya, El País, 4 de septiembre de 2018

Si los obispos creen que seleccionar a los profesores de catolicismo en todas las escuelas españolas es como “la elección de un párroco o decidir el horario de las misas” (así ha opinado el de Almería durante 17 años, empecinado en incumplir leyes y sentencias españolas), prepárense quienes vayan a negociar, más pronto que tarde, el necesario pacto educativo. La idea de la Conferencia Episcopal es que quien manda en la enseñanza religiosa escolar, tan conveniente para acabar con el analfabetismo religioso de los jóvenes, es el Estado vaticano y que sus docentes, escogidos por cada obispo pero contratados y pagados por el Estado (se gasta cada curso en pagarlos 700 millones), deben someterse a sus caprichos, sin derechos laborales y, por tanto, susceptibles de ser despedidos por irse de copas, presentarse a las elecciones por un partido de izquierdas, vivir con un hombre que no es su marido y casarse por lo civil. O porque sí.

Miles de profesores han sido enviados al paro por motivos tan extravagantes o sin motivo alguno, y cuando los tribunales declaran nulos esos despidos, la jerarquía católica no hace caso de las sentencias. Docentes hay que suman una docena. Lo extravagante es que quien paga las indemnizaciones no es la Iglesia romana, sino el Ministerio de Educación o las correspondientes consejerías autonómicas, allí donde la materia ha sido transferida. Este es el punto del conflicto que le ha parecido “surrealista”, textualmente, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando anuló por cuarta vez el despido de la profesora Resurrección Galera, enviada al paro por casarse por lo civil, hace 17 años, con el exfuncionario del Parlamento alemán, Johannes Romes.

Comoquiera que sea, los obispos, al negarse a cumplir ocho sentencias que les obligaban a readmitir a Galera, abrieron un debate inevitable: ¿Es posible un pacto educativo sobre la enseñanza de la religión (o de las religiones) en las escuelas sin reformar o anular lo concordado con el Vaticano en esa materia por el entonces dirigente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Marcelino Oreja, que actuó entonces más como súbdito del Vaticano que como ministro de Exteriores en el Gobierno de Adolfo Suárez? Por cierto, la Constitución nada dice sobre que la religión confesional deba enseñarse en las escuelas. Afirma sólo lo lógico, en su artículo 27.3: que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Lee el resto de esta entrada »