Los límites del Estado aconfesional.
En abril del año pasado, en la Comisión de Justicia y presentada por el PSOE, resultó aprobada una Proposición no de Ley “Relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia”, y dos meses antes en la Comisión de Hacienda había resultado también aprobada otra Proposición No de Ley relativa a la financiación de la iglesia católica. presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Pues bien, como recoge el reportaje de Infolibre, un año después ambas PNLs se han convertido en «papel mojado»….
Justicia recuerda que la iniciativa aprobada para limitar el caudal de dinero público no es «vinculante»
El listado oficial de inmatriculaciones de la Iglesia, pendiente de un informe del Colegio de Registradores, no irá acompañado de una reclamación de titularidad
Fuente: Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de mrzo de 2018
El Congreso empuja, pero sin fuerza. Y el Gobierno no cede. Los privilegios económicos de la Iglesia católica han sido objeto de cuestionamiento en la presente legislatura, pero el recorrido de los intentos por limitarlos es escaso. Está por ver el alcance de la anunciada fiscalización de los recursos presupuestarios del Estado dedicados a las confesiones religiosas, que rompe con la histórica línea del Tribunal de Cuentas de quedarse al margen de las cuentas de la Iglesia. Lo que ya es posible asegurar es que las iniciativas parlamentarias para arrojar luz sobre los detalles de su particular estatus y poner coto a sus beneficios fiscales y legales se han quedado en nada, al menos de momento.
Según ha comprobado infoLibre, el Gobierno ha frenado las proposiciones aprobadas en la Cámara Baja. La coordinadora estatal Recuperando solicitó en enero del pasado año al Congreso que elaborase un listado de los bienes inscritos, invocando un fallo de la justicia europea a favor de una empresa ganadera en el caso de la inmatriculación de una Iglesia en Palencia. Dicha sentencia, según Recuperando, abre la vía a la posible nulidad de miles de inmatriculaciones. En la estela de esta petición, el Congreso aprobó en abril de 2017, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE que exigía al Gobierno elaborar en un plazo de seis meses un estudio con los bienes inmatriculados desde 1998 y «reclamar la titularidad» si la inscripción se hizo «sin título material». Hace casi un año de eso. El plazo está más que vencido.