La primera fiscalización a la Iglesia deja fuera la mayoría de sus ingresos y beneficios públicos

Los límites del Estado aconfesional…

Cardenales junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Casa Real/InfoLibre

 

Fuente: Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de marzo de 2018

♦ El Tribunal de Cuentas no escrutará la financiación por parte de comunidades, diputaciones y ayuntamientos, ni los conciertos educativos.
♦ La institución afirma que aún debe determinar si pone la lupa a las múltiples exenciones fiscales
♦ La actuación sí aumentará el control sobre el destino de los fondos entregados por la casilla del IRPF

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, da cuerpo en su libro La financiación de la Iglesia en España a uno de los elementos más llamativos del argumentario de la institución católica a la hora de hablar de dinero. La idea es ésta: en lo tocante a las cuentas, no hay una Iglesia, sino miles, cada cual con sus cuentas. Estaríamos ante una especie de Iglesia hiperfragmentada, por más que el Código de Derecho Canónico sea tajante en la descripción de la Santa Madre como una organización absolutista donde el papa de Roma ostenta un poder supremo e innegociable. Pero ello, según Giménez Barriocanal, es compatible con la extrema dispersión económica, que a su vez hace de la Iglesia una institución económicamente inescrutable. “Uno de los principales errores que existen a la hora de valorar la economía de la Iglesia Católica en España consiste en concebirla como una única entidad, una especie deholding o multinacional, con unidad de decisión en el ámbito económico. Nada más lejos de la realidad”, escribe.

Desde la Nunciatura Apostólica a la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), pasando por las 70 diócesis, las más de 20.000 parroquias, numerosas ONG, monasterios de clausura, órdenes y congregaciones, hermandades y fundaciones pías, hasta llegar a las universidades pontificias y colegios católicos, todo este conjunto heterogéneo sumaría –según explica Giménez Barriocanal– más de 40.000 entidades dentro de la Iglesia, que manejarían sus cuentas cada una de espaldas al resto. En la práctica, esta supuesta ausencia de ordenador centralha dificultado la adquisición de una visión de conjunto sobre la dimensión empresarial de la Iglesia. Al no ser una empresa, ni una suma de empresas, no presenta cuentas ante el registro mercantil. Pero esto no significa que no desarrolle actividades lucrativas. Lo hace. Lo hace el Cabildo de Córdoba, por ejemplo, con las entradas de la Mezquita de Córdoba, cuyos ingresos mantiene ocultos, al igual que hace la Iglesia con el resto de monumentos por cuyo acceso cobra. Lo hacen múltiples organizaciones alquilando sus inmuebles –exentos de IBI–. Lo hacen incluso las distintas organizaciones empresariales que realizan inversiones sobre las que no dan la menor cuenta. Esta innegable dimensión empresarial es compatible con múltiples vías de ingresos públicos, cuyo uso no es fiscalizado después por las instituciones civiles.

La Iglesia recibe unos 250 millones al año de las arcas públicas vía IRPF, en razón del acuerdo alcanzado por la Conferencia Episcopal y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Es un dinero que no aportan los fieles que marcan la X, sino todos los contribuyentes en función del número de X que se marquen.Y no es su único privilegio. Los profesores de Religión de los centros públicos son pagados también con dinero público. Los colegios concertados católicos reciben anualmente cantidades milmillonarias. Hay subvenciones estatales, autonómicas y locales. También se producen fuertes inversiones en patrimonio, a todos los niveles competenciales. Las ONG católicas se financian igualmente a través de programas públicos y de la casilla de fines sociales del IRPF. Y, en razón de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 –reformadores, no derogatorios, del Concordato de 1953–, la institución católica se beneficia de una amplia gama de exenciones fiscales. La asociación Europa Laica cifra en 11.000 los millones lo que anualmente recibe la Iglesia de las arcas públicas, si bien ahí está incluyendo por ejemplo el dinero de los colegios concertados, donde hay alumnos que de estudiar en la pública también supondrían inevitablemente un coste para las arcas públicas.

La inclusión de la fiscalización de la confesiones religiosas en el programa de actuaciones del Tribunal de Cuentas de 2018 despertó por todo ello notables expectativas. ¿Al fin el Estado le iba a poner la lupa a las cuentas de la Iglesia? ¿Quedaría aclarado si esa idea de que la Iglesia vive de la generosidad de sus fieles ante el cepillo es cierta o en realidad lo hace de las aportaciones del Estado? El Tribunal de Cuentas siempre había rechazado fiscalizar a la Iglesia, cuya memoria anual sobre el uso dado al dinero del IRPF carece del detalle mínimo necesario para una inspección rigurosa, que por otra parte el Gobierno renuncia a practicar. Así que el cambio de criterio del Tribunal de Cuentas, instado a su vez por el Congreso, podría suponer un punto de inflexión, la oportunidad de una mirada a fondo a la bimilenaria institución y a sus vías de financiación pública.

Lo cierto, según ha comprobado infoLibre, es que el grueso de los ingresos y beneficios públicos de la Iglesia y sus miles de instituciones se librarán de la lupa de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Esto es lo que dice concretamente su programa de actuaciones: “Fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017″.

Lo que se queda fuera

Es decir, la actuación afecta a católicos, musulmanes, judíos y evangélicos. Y deja fuera todo el dinero –presupuestos, subvenciones…– que le llega a la Iglesia de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Todos los conciertos económicos educativos de orden autonómico –incluidos los de colegios que segregan por sexos–, así como el sueldo de los profesores de Religión en los centros públicos de las comunidades que se hacen cargo de ellos, quedan lejos del ámbito de aplicación del acuerdo. También lo estarán el dinero público recibido por las ONG católicas.

Una de las vías de ingresos más opacas de las instituciones eclesiales es la venta de entradas para los monumentos. Ahí tampoco llega la fiscalización. Podría alegarse que son aportaciones de los fieles –en realidad más bien de los turistas–, pero lo cierto es que la Iglesia se beneficia de exenciones fiscales y de un amplio margen de discrecionalidad en el manejo de estos ingresos.

Las exenciones también quedan fuera del ámbito de fiscalización del Tribunal de Cuentas, al menos según la previsión actual de la institución recogida en el programa de 2018. No obstante, el Tribunal aclara que podría entenderse que, pese a estar fuera de programas presupuestarios, las exenciones constituyen un “menor ingreso” y no un “gasto fiscal”. Ello se determinará con precisión en la elaboración de las directrices técnicas, que aún no está terminadas. Anteriores actuaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas ya han puesto de relieve el descontrol de las exenciones tributarias en España, de las que la Iglesia esprincipal beneficiaria en base a un estatus particular con raíces en su papel preeminente durante el régimen nacionalcatólico franquista.

Directrices concretas

Especialistas en cuestiones fiscales y presupuestarias consultados por este periódico coinciden en que, a falta de la concreción de las instrucciones técnicas precisas para la fiscalización, la redacción de los planes apunta a un reducido número de fuentes de gasto público: el dinero del IRPF –sobre el que la Conferencia Episcopal ya realiza una escueta memoria– y partidas comorestauración y conservación de monumentos o atención religiosa en hospitales y cárceles.

Volvemos al libro de 2007 de Giménez Barriocanal, que dice así: “Contrariamente a lo que algunos piensan, la Conferencia Episcopal Española no tiene ninguna competencia ni capacidad de decisión sobre los bienes y recursos de las diócesis españolas, que no tienen ni siquiera obligación de rendir cuentas a la misma”. Esta posición habilita a la Conferencia Episcopal para evitar pronunciarse sobre las actividades económicas de las diócesis y los cabildos, que es donde se cuecen muchas de las decisiones clave sobre dinero. El vicesecretario de Asuntos Económicos añade: “Hablar genéricamente de ‘los dineros de la Iglesia’, intentando descubrir una unidad de decisión, carece de todo sentido. Sería tan incorrecto y absurdo como hablar del ‘dinero de los funcionarios’, ‘de los albañiles’ o, simplemente, del ‘dinero de las 40.000 familias residentes en una ciudad'”.

Es previsible que la actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas haga poco por comenzar a deshacer la falta de claridad que implica este concepto de sí misma de la Iglesia, que se ve como un caleidoscopio imposible de abarcar de una sola mirada.

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