Documentos: Proyecto de Ley e intervenciones en el Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados, esta mañana
17 de diciembre de 2020
… la eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica…
Al tercer intento de los últimos años y tras más de dos décadas de debate social y político, la eutanasia, su regulación, acaba de ser aprobada en el Congreso.
La regulación, para muchas personas que, ante sufrimientos que consideraron insoportables, reclamaron el derecho a poner fin a su vida sin éxito, llega tarde. Algunas hicieron públicos sus casos para impulsar este marco legal, que en los primeros meses de 2021 convertirá a España en uno de los pocos países del mundo en permitir la eutanasia.
VÍDEO Han intervenido a favor de la regulación de la Ley de Eutanasia: (Por orden de intervención) Néstor Rego (GPlu), Íñigo Errejón (GPlu), Sergi Miquel i Valentí (GPlu), Joseba A. Aguirretxea (GV (EAJ-PNV)), Pilar Vallugera (GR), Albert Botran (GMx), Iñaki de Pineda (GEH Bildu), Inés Arrimadas (GCs), Rosa M. Medel (GCUP-EC-GC), Maria Luisa Carcedo (GPSOE)
Desde que a mediados de los años 90 Ramón Sampedro le pusiera rostro, el de la eutanasia ha sido un debate recurrente en el Congreso, donde se ha ido colando con cierta frecuencia. Solo desde 2017 se han debatido tres proposiciones de ley, una de Unidas Podemos y dos del PSOE, junto a una cuarta del Parlament de Catalunya para modificar el Código Penal.
La lista de nombres (recordados hoy en el Congreso) que le han puesto voz a la batalla por la muerte digna es larga. El último caso fue el de María José Carrasco, la mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández, y al que ahora la Fiscalía pide seis meses de cárcel. Poco antes, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod, Luis de Marcos o José Antonio Arrabal murieron esperando una norma que parecía que no llegaba nunca. Este último, enfermo de ELA, hizo público el vídeo de su propio suicidio, en el que lamentaba tener que morir solo para evitar que condenaran a quien le ayudara “y en la clandestinidad”. Actualmente, el Código Penal contempla castigos que van de los seis meses a los seis años de prisión.
Miembros y familiares de la organización Derecho a Morir Dignamente celebran el ‘sí’ de la mayoría de la Cámara. Fernando Marín, su vicepresidente, apunta a que se tratará “de un hito” que ha costado conseguir porque “las tradiciones tan relacionadas con la moral católica que tenemos son como un lastre que impide abrir las ventanas para que entre el aire y la luz y veamos qué está pasando. No podemos seguir tapando esto detrás de una cortina que infringe un derecho fundamental, que es decidir hasta cuándo estás dispuesto a aguantar”.
Luis Montes, recordado hoy en el Congreso
Así será el proceso tras las revisión de la propuesta
Tras las revisiones y enmiendas de los diputados, la ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Deberá, además, pasar por varios filtros.
El primero será el de su médico responsable, que tendrá que dar el visto bueno. A los 15 días debe volver a formular la solicitud. Es decir, el paciente trasladará su petición por escrito y en dos ocasiones, con una diferencia de dos semanas. Si la muerte o pérdida de conciencia es “inminente”, el plazo puede acortarse. Tras la primera solicitud, ambos empezarán un “procedimiento deliberativo” sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Deberá entregarle esta información por escrito. Tras la segunda petición, se retoma el proceso y a las 24 horas, el solicitante debe confirmar si quiere continuar o desistir.
Posteriormente, el médico tiene que consultar a un segundo doctor que corroborará que se cumplen los requisitos en diez días y elaborará un informe que puede ser recurrido en caso de denegación. Después, el caso pasará a un siguiente estamento: la Comisión de Garantía y Evaluación, cuyos miembros se consensuarán entre los gobiernos regionales y Sanidad y que hará un control previo. Dos miembros, un profesional médico y un jurista, verificarán si concurren los requisitos y en siete días emitirán un informe. La decisión final debe pasar al presidente de la comisión y éste informar al sanitario responsable del paciente para proceder a realizar la eutanasia.
Este último, el control previo en la comisión, es uno de los puntos de la ley que preocupa a la asociación Derecho a Morir Dignamente y a algunos grupos políticos como Unidas Podemos, Bildu o ERC, que advierten de que puede convertirse “en un obstáculo”. “Sabemos que el razonamiento es hacer una ley muy garantista, pero creemos que con los filtros anteriores es suficiente”, explica Marín. El “riesgo” es que en algunas comunidades gobernadas por la derecha, prosigue, este organismo tenga “un perfil ideológico” y se base “en el prejuicio de que la eutanasia es mala y cuantos menos casos haya mejor. Estaremos vigilantes porque es una forma de boicotear la ley”.
Una vez concedido el permiso, el paciente tendrá derecho a elegir cómo se le ayuda a morir. El proceso podrá llevarse a cabo tanto en el hospital como en casa, y tanto si se administran los fármacos directamente como si se preparan para que el propio paciente los tome, los sanitarios asistirán y apoyarán a la persona hasta que fallezca.
La ley establece también que puedan alegar objeción de conciencia de forma anticipada y por escrito, y la administración establecerá un registro de objetores para excluirlos de estas prácticas.
La oposición ultracatólica
VÍDEO: (por orden de intervención) En contra José I. Echániz (GPP), García Adanero (GMx), Lourdes Méndez Monasterio (GVOX)
El PP y Vox son los dos únicos partidos que se oponen frontalmente a la ley y que ya en el debate de la semana pasada lanzaron duras acusaciones al resto de grupos. Los populares consideran que se trata de una norma “injusta e inoportuna” que “no responde a una demanda social” y que opta por “elegir provocar la muerte”, mientras que los diputados de la extrema derecha calificaron sus consecuencias de “aterradoras” y recordaron que la recurrirán al Tribunal Constitucional. Sus posiciones entroncan con la línea de las organizaciones ultracatólicas, que en las últimas semanas han desplegado en Madrid pancartas gigantes con calaveras contra la ley y se concentrarán frente al Congreso este jueves.
Con todo, la sociedad parece haberse adelantado ya a la política y respaldan mayoritariamente la legalización de la eutanasia. Según una encuesta de 2019 de Metroscopia, la apoya el 87% de la ciudadanía y otra de IPSOS de 2018 situaba el apoyo en una cifra similar, en torno al 85%. España se convertirá con esta ley en el cuarto país europeo en permitir la eutanasia, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo –en Suiza se permite el suicidio asistido–. Fuera del continente existe en Canadá y en Colombia, donde es un derecho, pero no existe una ley. En varios estados de Estados Unidos existen normas sobre el suicidio asistido y también en Victoria (Australia).
VÍDEO: Votación
Tras las votaciones de las enmiendas (todas rechazadas) y las de correcciones técnicas (2) presentadas por PSOE y Unidas Podemos, aprobadas, la sesión quedó suspendida hasta las 15:45, tras cuya reanudación se votó el Proyecto de Ley: 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones
Fuentes:
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Proposición de Ley de regulación de la eutanasia
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