El documento ignora en total más de 600 acusaciones conocidas y no incluye las denuncias recogidas por 39 congregaciones. Diócesis y órdenes han protestado por el blanqueo del estudio: “Muchos obispados están hartos de los fontaneros de la Conferencia Episcopal”
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Julio Núñez-Íñigo Domínguez, El País, 26 de febrero de 2024
El informe sobre la pederastia en la Iglesia que la Conferencia Episcopal (CEE) presentó en diciembre como “el más completo de los existentes” y llamado Para dar luz, en realidad está lleno de sombras, oculta información relevante, contiene numerosas incongruencias y hace más difícil saber la verdad sobre esta lacra. Un análisis detallado revela, de entrada, que contabiliza solo una lista de 806 casos de pederastia conocidos, una cifra que desinfla y contradice los ya admitidos por la propia Iglesia: excluye al menos 325 que ya han sido comunicados por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo, según se desprende del cruce de datos con el listado del informe de la entidad pública, presentado apenas mes y medio antes. Estos casos han desaparecido del informe de los obispos.
Consultada al respecto, la CEE responde que desconoce el motivo, “pero puede deberse a que se han pedido cosas distintas, en momentos distintos”. “Nosotros le dimos los datos al Defensor del Pueblo, pero él no nos los ha dado a nosotros”, explica su responsable de prensa, José Gabriel Vera, aunque el informe del Defensor es público desde octubre y la CEE ha asegurado que ha cruzado sus datos con él. Sobre los distintos informes publicados, añade: “Cada uno tiene su metodología y su criterio de actuación y podemos decir que son paralelos. Hemos detectado numerosos casos que aparecen en varios de ellos. Nosotros hemos ofrecido nuestra colaboración poniendo a disposición la información que disponemos, pero, aunque tenemos la voluntad de que nuestro informe no deje fuera ningún caso, no hemos recibido la información suficiente para poder hacerlo así”. No obstante, las órdenes y diócesis consultadas aseguran que han mandado la misma información al Defensor que a los obispos.
En todo caso, el número de denuncias ignoradas por la Iglesia es aún mayor, al menos 654, si se compara la cifra oficial de la CEE con los clérigos acusados que realmente se conocen: hasta el momento, 1.460, con al menos 2.608 víctimas, según la base de datos pública de EL PAÍS, la única que detalla todos los casos conocidos ―con iniciales del acusado, lugar y fecha de los hechos y fuente de la información― y recopila las que han salido a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión por parte de la propia Iglesia. Al desdeñar estos casos, la Iglesia española desobedece al Papa, que obliga a investigar cada posible abuso ante la más mínima información, incluida la de los medios. Sobre esto, la CEE replica que “no tiene acceso a la base de datos”, aunque es pública desde hace casi tres años en la edición digital del diario.
Además, la Iglesia olvida, en casi mil páginas de informe, detallar el número de víctimas. Solo cita una cifra de su último cálculo de junio de 2023, que hablaba de 927. En cambio, órdenes y diócesis sí comunicaron al Defensor al menos 1.385 víctimas. Desglosados los datos, hay al menos 39 órdenes que se han caído del informe Para dar luz: reconocieron casos al Defensor ―un total de 236 denuncias― y ni siquiera figuran en la lista de los obispos. Y no habría un error previo de números del Defensor, pues ninguna orden tuvo nada que decir a ese informe y CONFER, la organización que reúne a las congregaciones españolas, incluso agradeció a la entidad el trabajo realizado en una nota pública. Pero aún hay más órdenes que han desaparecido de la contabilidad del estudio, porque el propio documento detalla una lista de CONFER de congregaciones que han comunicado casos, y hay tres no registradas hasta ahora que en las tablas aparecen después sin ningún caso conocido o con la frase “no hay datos disponibles”.
El ejemplo más evidente de las lagunas del estudio de la CEE es que no figuran los maristas, la segunda congregación con mayor número de denuncias después de los jesuitas. Sin embargo, esta orden ya reconoció 130 al Defensor y tiene 137 en el recuento de este diario. Fuentes de esta orden afirman que enviaron a la CEE “todo lo que les pidieron” y que desconocen por qué no figuran en el estudio.
Además de las órdenes que no aparecen en el informe, 15 congregaciones y 10 diócesis enviaron más casos al Defensor ―un total de 89― de los que aparecen luego registrados por los obispos. Entre las órdenes, por ejemplo, solo figura una de las tres provincias de los escolapios con 8 casos, cuando la orden admitió 32 al Defensor, y consta con 45 en la lista de este diario ―es la quinta con más acusaciones―. En cuanto a las diócesis, la de Barcelona declaró 39 casos al Defensor, que bajan a 24 en el estudio de los obispos. La de Alcalá de Henares informó de 10 a la entidad pública, pero la CEE contabiliza solo tres. Cuenca admitió 10, pero luego figuran solo cinco. Cartagena, ocho, que después quedan en cinco. No obstante, también hay varios casos contrarios, de obispados que han revelado más casos a Para dar luz que al Defensor del Pueblo. De hecho, queda de manifiesto que varias diócesis le ocultaron información y no colaboraron con su investigación: los 70 obispados, salvo el castrense, figuran con casos en el informe episcopal, pero hubo siete que no comunicaron ninguno al equipo de Ángel Gabilondo.
Casos remitidos al Defensor del Pueblo, pero excluidos por los obispos en su informe
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| Obispado / orden religiosa | Entregados al Defensor | Admitidos por la CEE |
|---|---|---|
| TOTAL | 668 | 343 |
| Maristas | 130 | NO APARECE |
| Jesuitas | 119 | 115 |
| Salesianos | 74 | 73 |
| Barcelona | 39 | 24 |
| Escolapios | 32 | 8 |
| Córdoba | 27 | 25 |
| Dominicos | 20 | NO APARECE |
| Marianistas | 17 | 15 |
| Corazonistas | 11 | 10 |
| Legionarios de Cristo | 11 | 10 |
| San Viator | 11 | NO APARECE |
| Alcalá de Henares | 10 | 3 |
| Cuenca | 10 | 5 |
| Orihuela-Alicante | 10 | 8 |
| Religiosos Terciarios Capuchinos (Amigonianos) | 10 | 6 |
| Franciscanos | 9 | 7 |
| Cartagena | 8 | 5 |
| Carmelitas Descalzos | 7 | 5 |
| Paúles | 7 | 4 |
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Es más sorprendente aún que no figuren en el informe de la Iglesia órdenes con casos que han tenido un importante eco mediático pero parecen no existir para la Iglesia. Por ejemplo, los abusos en la Abadía de Montserrat, que el propio monasterio reconoció; o el caso del colegio San José de los menesianos de Bermeo entre los años setenta y ochenta, descubierto por ETB en 2022, aunque el acusado incluso admitió las acusaciones en un vídeo. Lo mismo ocurre con la orden de San Viator, que tiene uno de los casos más graves conocidos, el de José Ángel Arregui Eraña, detenido en Chile en 2010 y que había abusado de al menos 17 menores en colegios españoles. Esta congregación admitió 12 casos al Defensor, pero no consta en el informe de los obispos. En resumen, no solo es que no se hayan contabilizado casos del pasado, o los ocultos en los archivos, sino que se ignoran muchos que ya han aparecido en medios.
El caos del documento, revelan fuentes eclesiásticas, se debe en parte a la improvisación y las prisas para tener listo a tiempo un informe alternativo que eclipsara la auditoría encargada por la propia CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que señala muchos más casos, un total de 1.382, con 2.056 víctimas, y es crítico con la Iglesia. Es más, los obispos tuvieron un topo en la auditoría, que redactó un informe benévolo y que recortaba el número de casos hasta que fue despedido por el bufete, para ser fichado luego por la propia CEE. Los obispos hicieron públicos ambos informes, el suyo y el de la auditoría, de forma insólita: sin rueda de prensa ni responder preguntas, en la víspera de la lotería de Navidad y con pocas horas de diferencia entre uno y otro. Divulgaron primero el de la CEE y relegaron el del bufete, aunque les ha costado más de un millón de euros. Ambos estudios tenían un millar de páginas y los medios tuvieron que leerlo en unas horas, sin previo aviso. En ningún país católico la Iglesia ha desdeñado y ni siquiera presentado un estudio sobre los abusos encargado por los propios obispos.
Sin embargo, otras omisiones del documento no parecen resultado de errores, sino deliberadas, apuntan dos fuentes episcopales, y eso ha tenido consecuencias. Al menos una decena de diócesis y varias órdenes, señalan estas fuentes, han expresado su malestar a la CEE en las últimas semanas porque las cifras que han comunicado no se corresponden con las publicadas, han sido recortadas, y lamentan que puede dar la impresión de que han ocultado información, cuando la responsabilidad es de quien ha recopilado los datos. Obispados y congregaciones han comenzado a protestar en la CEE cuando han descubierto estos retoques de cifras, y algunas los han hecho a raíz de las consultas de este diario para conocer el detalle de sus casos. “Muchas diócesis están hartas de los fontaneros de la Conferencia Episcopal”, señala un alto cargo de una diócesis. “Han manipulado las cifras, no han sido errores con los números, el objetivo final es que salgan menos casos para ensombrecer la auditoría de Cremades”. Cree que se han utilizado como referencia los datos blanqueados del topo de los obispos en el bufete de abogados. “Lo único que hace esto es boicotear a las oficinas de las diócesis que están trabajando bien y se han comprometido en la lucha contra los abusos”, lamenta otra fuente episcopal.
Lo cierto es que, tras las quejas, la CEE ha ido corrigiendo el documento silenciosamente, con nuevas actualizaciones del PDF disponible en la web que iban borrando las anteriores. Este diario ha descargado al menos cuatro nuevas versiones que iban rectificando los datos. Es más, en la última ocasión, a finales de este mes, se hizo retroceder la fecha de corrección del documento al 1 de febrero de 2024. El autor de estos constantes retoques, según aparece en los metadatos del documento digital, es el director de prensa de los obispos, José Gabriel Vera.
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En Religión Digital se hacen eco de la información facilitada por El País: «Han manipulado las cifras, el objetivo final es que salgan menos casos»: los obispos taparon más de 300 denuncias de abusos ya reconocidas por diócesis y congregaciones
