«¿Justicia canónica? Será Justicia celestial, porque la eclesial no existe«. Ana Cuevas, la madre de Juan, víctima del ‘caso Gaztelueta’ y presidenta de la Asociación Infancia Robada, observa la sentencia canónica del caso de su hijo con perplejidad.
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Fuentes: Jesús Bastante, Religión Digital – El Diario/ El País, 3 de marzo de 2025
«Sentencia canónica fallida del ‘caso Gaztelueta’: el Vaticano se limita a expulsar del Opus Dei al pederasta condenado por el Supremo» titula El Diario la noticia. Y es que si bien el papa Francisco había ordenado reabrir el proceso interno de la Iglesia sobre el profesor condenado por la Justicia, la resolución se queda en la responsabilidad del docente y no en la de la Obra, que boicoteó el proceso e intentó desacreditar a la víctima, y tampoco aborda posibles indemnizaciones, señala Jesús Bastante. Una resolución criticada también por la familia de la víctima.
La sentencia, aunque en la práctica se ‘revoca’ la declaración que hizo en su día el ex prefecto Luis Ladaria, llamando a “reponer” el buen nombre del profesor “falsamente acusado”, el decreto no entra en el asunto de la actuación del Opus ni habla de indemnizaciones.
“Los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado, constituyen una causa grave que justicia la expulsión de la Prelatura”, según el artículo 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei. Esta es la conclusión de la sentencia del ‘caso Gaztelueta’, firmada por el delegado pontificio, José Antonio Satué, y el notario José Luis Perucha, y a la que ha tenido acceso RD. La expulsión de Sanz del Opus es la única medida que se toma: no se establecen indemnizaciones, ni hay órdenes ejecutivas contra la Obra o contra los otros participantes en el proceso.
Aunque en la práctica se ‘revoca’ la declaración que hizo en su día el ex prefecto Ladaria, llamando a «reponer» el buen nombre del profesor «falsamente acusado», el decreto no entra en comunicaciones posteriores, que tendrán que proceder directamente de Doctrina de la Fe.
Una sentencia que considera probados los abusos contra la víctima por parte de José María Sanz, pero que no aborda condena alguna para la Obra, más que la obligación de expulsar al docente, hasta la fecha numerario del Opus Dei, y que pese a estar lista antes de Navidad (fue entregada al nuncio el 18 de diciembre), se ha retrasado hasta que, ayer, el obispo de Teruel “ha podido liberarse de otras obligaciones no delegables e inaplazables”.
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En el procedimiento, de 14 páginas y al que ha tenido acceso RD, se constata cómo ni el Opus Dei ni el acusado quisieron colaborar en el proceso. De hecho, relata Satué, “el Sr. José Martínez Sanz mantuvo esta decisión de no comparecer ante el Delegado durante todo el proceso”. Uno de los letrados del acusado llegó a abandonar el proceso en mitad de éste.
El escrito también da cuenta de los sucesivos intentos por parte de Sanz de boicotear el proceso, llegando a solicitar la recusación del delegado de la Santa Sede, algo que fue desestimado en varias ocasiones por Roma. Tras varios cambios de abogado, el 18 de junio del pasado año, los asesores del delegado pontificio le comunicaron su valoración final. Satué tardó seis meses en comunicarla al Vaticano, y otros tres en enviarla a las partes.
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Entre los hechos probados, “la credibilidad subjetiva” de la víctima, que sufrió abusos y ciberacoso, así como la “persistencia en la incriminación”, con un relato “uniforme y coherente” por parte de Juan Cuatrecasas Cuevas.
Así, se lee en el escrito, “declaramos que se prueba que el preceptor preguntó indebidamente sobre cuestiones sexuales”, aunque no “una ridiculización pública grave” por parte de Sanz (sí puntuales). También se considera probado que Sanz “mostró” a la víctima en su despacho “imágenes de mujeres ligeras de ropa” y que “Juan Cuatrecasas Cuevas sufrió tocamientos por parte del Sr. José María Martínez Sanz en diversas partes del cuerpo, incluidas sus partes íntimas”.
También se prueba que Sanz “exigió” a la víctima “posturas impropias”. En cambio, como sucedió en la sentencia final del Supremo, que confirmó la condena a dos años de cárcel por pederastia contra el numerario del Opus Dei, no se consideran suficientemente probados “los hechos narrados con posterioridad, referidos a masturbación y penetración anal del bolígrafo”.
En conclusión, culmina Satué, “los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado, constituyen una causa grave que justifica la expulsión de la Prelatura”, según el artículo 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei.
“Los hechos probados revisten una especial gravedad, teniendo en cuenta la relación asimétrica que se establece entre docente y estudiante, entre el preceptor, que acompaña la vida académica y personal, y el alumno acompañado”, finaliza la sentencia, que ya ha sido enviada a las partes y de la que se ha informado tanto al Papa Francisco (que se recupera en el Gemelli de su neumonía bilateral) como al prelado del Opus Dei.
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Jesús Bastante, Religión Digital
Ana Cuevas: «Son crueles (…), van a destrozar a Juan»
«¿Justicia canónica? Será Justicia celestial, porque la eclesial no existe«. Ana Cuevas, la madre de Juan, víctima del ‘caso Gaztelueta’ y presidenta de la Asociación Infancia Robada, observa la sentencia canónica del caso de su hijo con perplejidad. Pese a la expulsión de su abusador, pese a que se constatan los abusos al mismo nivel que lo hizo el Tribunal Supremo, Cuevas lamenta que «después de batallar 14 años, han tardado 11 años en dar una resolución canónica al caso. Esto ya de por sí es maltrato».
La sentencia no analiza la actuación del propio Opus Dei ni de las comunicaciones que se lanzaron desde la Obra para desacreditar a la víctima y su familia. «Son crueles, no mencionan la actuación de Silverio Nieto, de Ladaria y del Opus de encubrimiento, complicidad y persecución a la víctima y a su familia», cuestiona Ana, quien insiste en que la sentencia «no reconoce que hubo errores en la investigación, algo que reconocieron públicamente en su día».
«Nos han destrozado la vida y no les importa. Algún día lo pagarán, en esta o en otra vida. No tienen principios ni valores, no les importan ni los pobres, ni las mujeres, ni las víctimas de pederastia eclesial», subraya, tajante, Ana Cuevas.
«Hacen mucho daño. Seguiré creyendo en Dios, pero en la Iglesia ya no», recalca, sabedora que esta noticia «va a destrozar a Juan». «No reconocen las agresiones mas graves que sufrió mi hijo, porque no pudo contarlo desde el inicio, aunque desde el inicio quedó grabado que había mucho más y que en ese momento no podía contarlo»
Por su parte, el padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, califica el resultado de la investigación canónica de “infamia”. Así lo explica en conversación con este periódico: “Es revictimizante y la única conclusión a la que llegan es expulsar al profesor del Opus Dei. Si este fuera un ente transparente, tendría que haberle expulsado de oficio hace años. ¿Qué responsabilidad tiene el colegio¿ ¿Y el Opus, que dio cobertura al colegio?”. El Opus Dei, preguntado por El País, asegura que “en estos momentos no está en disposición de hacer comentarios”.
La familia del menor, que lleva buscando justicia desde 2013 [su hijo les relató los hechos en 2011], denunció en su momento que la investigación eclesiástica, que en 2015 archivó la denuncia, fue “negligente, tramposa y totalmente incoherente con lo que predica la Iglesia”. Antes del verano de 2022, la escribió al Papa para pedirle que reabriera el caso y el Pontífice le respondió con una carta de puño y letra, fechada el 12 de agosto [la adelantó el eldiario.es], en la que fue muy contundente: “Ya se terminó el estudio de todo el material que había aquí. Por lo que aparece a primera vista es necesario abrir el proceso. Se hará una reunión para decidirlo. Luego nombraré el tribunal que llevará adelante el juicio. Te tendré informado”. Los abusos comenzaron en 2008, cuando la víctima inició la secundaria en el centro concertado. El condenado, además de ser su profesor de Religión y Lengua, era su tutor y con frecuencia le citaba en su despacho por esa razón, donde, durante dos años, abusó de él.
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El profesor José María Martínez, miembro del Opus Dei, fue condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años por abusar sexualmente de este alumno en los cursos 2008-2009 y 2009-2010, cuando el menor tenía 12 y 13 años. Luego el Supremo rebajó la pena a dos años, entendiendo que los hechos más graves descritos por la víctima –prácticas sexuales explícitas– no resultaban probadas. Ya en 2018 el colegio se cerró en banda y el director, Imanol Goyarrola, se negó a aceptar la sentencia: “Se me dice que tengo que pedir perdón, pero no puedo”. “No comparto la sentencia”, dijo. “El relato del menor no es creíble”. La justicia eclesiástica archivó el caso y la Obra siempre ha defendido la inocencia de Martínez. Esta ha sido siempre la tesis del Opus Dei, sostenida en la decisión de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el órgano disciplinario vaticano, presidido por el jesuita español Luis Ladaria, que en 2015 cerró el caso. El Papa, sin embargo, intervino en agosto de 2022 y pidió que el caso se reabriera y lo investigara un obispo que no fuera de Opus.
El Opus Dei nunca ha pedido perdón por los abusos a la familia, ni siquiera tras la sentencia definitiva del Supremo. Cuatrecasas se lo exigió formalmente, con la sentencia en la mano y, dando la vuelta a las conclusiones del Vaticano, para reponer el buen nombre de su hijo. Pero el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, le respondió por carta que “tanto el colegio Gaztelueta, como un representante de la Santa Sede (el prefecto Ladaria), sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil”. Por esa razón siguió sin pedir perdón y se limitó a decir: “Una vez que la justicia civil se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial, sin más consideraciones”.
