Saúl Castro, autor del libro ‘Ni enfermos ni pecadores’ sostiene que “en España, los principales perpetradores de las llamadas ‘terapias de conversión’ para homosexuales son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución” y clama por llevarlas al Código Penal
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Fuentes: Infolibre (Sabela Rodríguez Álvarez) / El Diario (Jesús Bastante), 8 de julio de 2022
Cuando Carlos (nombre ficticio) creyó que algo en él iba mal, hizo lo que muchos hoy acostumbran a hacer: buscar soluciones en internet. Criado en un entorno conservador de profunda raíz católica, el joven vivía en constante conflicto. “Era gay, no había salido del armario y no sabía qué hacer. Mi fe me decía que aquello no podía ser”, dice al otro lado del teléfono. En su desesperación, encontró una página web con una suculenta promesa: curarse. No fue hasta muchos años después que pondría nombre a aquello: terapia de conversión.
Las terapias de conversión pueden asemejarse a una historia de ficción o quizá a una práctica remota, por desfasada y por geográficamente lejana. Son cosas que ya no pasan, o si acaso ocurren en otros países, pero no en democracias avanzadas. Carlos fue entrando de lleno, casi de manera rutinaria, en la red de las terapias de conversión. Primero a través de una asociación bien arraigada en suelo español, Es posible el cambio, que pautaba los pasos hacia su supuesta curación. Lectura de textos, contacto con otras personas de su mismo perfil y encuentros grupales en distintas ciudades. “Decían que en un máximo de tres años no tendría ningún tipo de ansia“, recuerda en conversación con infoLibre. Fue a raíz de esos encuentros que le invitan a “entrar en una comunidad”, ligada a la Parroquia San Juan Bautista, en Madrid. Carlos habla del control extremo al que estaba sometido por el grupo e incluso recuerda la celebración de exorcismos.
El último escalón al que llega tiene nombre propio: Enrique Rojas. “Ahí empezó lo peor”, reconoce el joven. El psiquiatra le trata durante ocho años que transcurren entre medicación –fundamentalmente ansiolíticos, pautados para controlar farmacológicamente la libido–, culpa y absoluto aislamiento. Nadie de su entorno lo sabía: él ni siquiera había salido del armario y el psiquiatra insistía en que era fundamental no contar nada a nadie. A través de dos cuadernos, el paciente debía anotar las veces que se masturbaba y recoger las frases motivacionales que le dictaba el sanitario. “Llevaba una goma en la muñeca de la que tenía que tirar cuando tenía algún impulso”, relata el joven. Técnicas que no solo no tenían ningún resultado, sino que le hacían entrar en un bucle de culpabilidad. “Estaba muy reprimido, cuando no podía más explotaba y entraba en una espiral, salía a ligar… volvía a la terapia y me hacía sentir peor”.
Rojas llega a recomendarle el ingreso en una clínica, uno de los centros que gestiona la orden San Juan de Dios. “Me fiaba de él y acepté”. Estuvo dos días enclaustrado hasta que pidió el alta voluntaria, pero decidió seguir con la terapia. Para entonces ya estaba completamente devastado: “Había dejado de lado a mis amigos y a mi entorno, no tenía trabajo y después de ocho años me deprimí mucho, no podía salir de la cama… me quería morir“. Carlos estima haberse dejado unos 30.000 euros en los años de terapia.
Quién es quién
Saúl Castro, presidente de No Es Terapia, es autor del libro Ni enfermos ni pecadores (Sinequanon, 2022), donde desentraña el papel de algunos obispos –Reig Pla, Munilla, Iceta o Demetrio Fernández– para bendecir estas prácticas: “La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución”, relata Castro en base a la investigación que ha plasmado en su libro.
Quienes perpetran estas denominadas terapias, explica Saúl Castro, se clasifican en varias tipologías. Por un lado, se trata de “profesionales que se dedican a sacar réditos económicos”. Por otro lado, existen “agrupaciones y asociaciones que sin ánimo de lucro ofrecen itinerarios y acompañamiento”, casi siempre desde una perspectiva marcadamente religiosa. Todos ellos comparten elementos comunes: un uso muy claro de las nuevas tecnologías, a través de webs, foros, grupos de telegram… cuestiones que, expone Castro, “dificultan la ubicación de los servicios”. Utilizan además “lenguaje medicalizante para confundir y dotar de legitimidad a sus discursos”.
Tienen nombres y apellidos
Tienen nombres y apellidos, algunos recogidos por el autor del libro. Por ejemplo, Elena Lorenzo Rego, creadora de lo que ella misma ha denominado “coaching de identidad” para prestar ayuda, dice, a personas con “AMS, atracción hacia el mismo sexo no deseada”. Por un módico precio: 80 euros la sesión, 300 euros cuatro sesiones y 560 euros ocho. En el listado está también Aquilino Polaino, licenciado en Medicina y en Psicología Clínica y miembro del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Pertenece también al Opus Dei y a la Academia Pontífica para la Vida. En 2005, recoge Saúl Castro en su libro, el psicólogo afirmaba contar con cuarenta años de experiencia en el tratamiento de homosexuales. Se dio a conocer cuando, invitado por el PP a la Comisión de Justicia del Senado, durante la tramitación de la ley del matrimonio igualitario, aseguró que la homosexualidad es una patología. Polaino reconoció practicar terapia para “corregir” a los homosexuales y “desde entonces, de forma subrepticia y sin anunciarse abiertamente, ha seguido haciéndolo”, señala Castro.
Entre las organizaciones detectadas está la ya citada Es posible el cambio, en ocasiones presentaba bajo el nombre de Es posible la esperanza o Juan Pablo II. “Estas agrupaciones, que pueden parecer distintas, son conocidas por todas las víctimas como EPE” y han atendido a “cientos de jóvenes”, sobre todo en Madrid, Cantabria y València, enumera el libro, para superar su “AMS no deseada, recuperar su masculinidad y, en caso de ser imposible, vivir en castidad y abstinencia permanente“.
Es posible la esperanza o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez –capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá–. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios”. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.
Verdad y Libertad es otra de las entidades que, desde una óptica religiosa, se sitúan en la cúspide de las terapias de conversión, con prácticas como convivencias de fines de semana, control obsesivo de la masturbación, pautas de abstinencia y rezos para poner remedio a la homosexualidad. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020, que desautorizó su actividad y animó a las víctimas a denunciar por la vía civil. “Desde el punto de vista canónico, nosotros no podemos frenar lo que hacen”. En diciembre de ese año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de cinco o seis obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà (ex obispo de Solsona), Arturo Pablo Ros Murgadas (obispo auxiliar de Valencia) o Francisco Javier Martínez Fernández (arzobispo de Granada)– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.
Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultraconservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de las víctimas que se recogen en el libro, prescriben fármacos previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros por sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.
Finalmente, Saúl Castro también pone el acento sobre la actividad de las organizaciones de “ideología transexcluyente”. Cita, en este punto, a la psicóloga Carolina López Moya, denunciada por “promocionar en sus redes intervenciones a personas trans contradictorias con su identidad de género”. En enero, la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía notificó que había acordado el inicio de un expediente sancionador contra la terapeuta, por su promoción de terapias contrarias a la Ley LGTBI andaluza.
Hacia la prohibición
¿No hay ningún mecanismo que investigue, sanciones y frene la actividad de estas organizaciones? Sí y no. Castro es muy crítico en este punto. “Hay ocho comunidades que prohíben y sancionan la práctica de estas terapias”, explica el también abogado en conversación telefónica. Sin embargo, se siguen “practicando de forma sistemática y en entornos apartados que dificultan mucho su investigación”. La futura ley trans prohibirá las terapias de conversión, pero siguiendo el mismo modelo que ya se aplica en las comunidades y que “se ha demostrado fallido”, a través de sanciones administrativas.
“Las consejerías tienen una agenda política” y su alcance “depende del partido que esté gobernando”, sostiene Castro. Además, tampoco tienen “facultades para investigar de forma integral la práctica”, en ocasiones porque es necesario “dictar órdenes o diligencias de intervención de comunicaciones, así como entrada y registro de instalaciones”. En marzo de 2022, concluyó sin ningún tipo de castigo la investigación al Obispado de Alcalá por impartir cursos para curar la homosexualidad, después de que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid considerase que no era “posible abrir un procedimiento sancionador”. A pesar de existir una ley en la región que penaliza estas prácticas. Castro es partidario, por ello, de perseguir las terapias a través del Código Penal, siguiendo ejemplos como Francia y Alemania. “La tendencia actual es la criminalización, no la sanción administrativa”.
No está de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su evaluación de la ley trans, el órgano de poder de los jueces se expresó contrario a prohibir por completo las terapias de conversión. Los magistrados son partidarios de mantener este tipo de terapias en “aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado“.
Para Saúl Castro, el consentimiento “no es libre ni válido, porque se obtiene con engaño y mediante el error”. Carlos es un claro ejemplo. Accedió, dice, de forma voluntaria, pero absolutamente condicionado por unas creencias ultracatólicas que enseguida serían reforzadas por las redes con las que se topó. “Yo quería dejar de ser gay, pero cuando busqué ayuda me tendrían que haber dicho que yo no tenía un problema”, admite y afirma que la única solución es prohibirlas. Recuerda aquellos años como algo “muy oscuro”, pero que también le hace sentir “vergüenza y culpabilidad”. A día de hoy, sus padres desconocen la odisea por la que tuvo que atravesar y solo ha hablado con dos personas de ello: el propio Saúl Castro y el psicólogo que le trata actualmente. “Tú eres la tercera persona a la que se lo cuento”, remata.
