El caso del cementerio de La Palma (Cartagena): una inmatriculación con dolo

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Cementerio de La Palma (Cartagena)

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Diego Jiménez, La Opinión de Murcia, 15 de febrero de 2022

En nuestro país, supuestamente aconfesional, pero con un gran peso todavía de lo confesional católico, la Iglesia vive hoy uno de sus momentos más delicados. A los numerosos casos de pederastia en el seno de esta secular institución hay que añadir el conflicto desatado a raíz de las inmatriculaciones.

En síntesis, el asunto es el siguiente. En 1998 José María Aznar reformó la ley hipotecaria, lo que daba potestad a la Iglesia Católica (y sólo a ella) para inmatricular lugares de culto y otras propiedades (pisos, garajes, parcelas, naves, etc.). Esa reforma, una ampliación de la ley franquista de 1946, equiparaba al obispo a un fedatario público, por lo que sólo su opinión bastaba para atribuirse la propiedad de esos bienes. Desde entonces, según datos que he recabado de la plataforma estatal Recuperando, y sin contar las ‘apropiaciones’ anteriores desde el fin de la Guerra Civil, sólo en el periodo 1998-2015 serían casi 35.000. Destacan monumentos que son patrimonio de la Humanidad, como la mezquita de Córdoba, pero también casas parroquiales, ermitas, cementerios, parcelas, parques… hasta 2015, año en que se cambió la ley hipotecaria, lo que impidió que los obispos pudieran seguir realizando nuevos registros.

Pero lo más llamativo es que la Iglesia no tenía por qué hacer pública la adquisición de esos bienes y, por supuesto, aquéllos estaban exentos de impuestos. Como es de suponer, todo esto ha generado un enorme conflicto de intereses y agravios que no está resuelto y que parece que va para largo, en opinión del Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP). Lo último salió a la luz en días pasados, cuando el episcopado reconoció que la Iglesia puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden (965), lo que habla a las claras que detrás de las inmatriculaciones hay bastantes trapos sucios que destapar.

El constitucionalista Javier Pérez Royo advierte de que esta facultad que se atribuye a la Iglesia católica no deriva de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de enero de 1979, ni tampoco encuentra su fundamento en ninguna Ley aprobada por las Cortes Generales, por lo que se trata de una ‘aberración jurídica’. Considera que únicamente las Cortes Generales pueden innovar el ordenamiento jurídico del Estado, por lo que todas las operaciones de registro de bienes con base exclusivamente en la firma del obispo de la diócesis correspondiente tienen que ser consideradas nulas de pleno derecho. El asunto es de tal gravedad que incluso ha motivado la posición contraria de las comunidades cristianas de base, alguna de las cuales, como Cristianos Siglo XXI, considera que los obispos creen más en la riqueza que en el Evangelio de Jesucristo.

La Iglesia Católica, que en su momento digirió muy mal que el artículo 27 de la Constitución republicana de 1931 decretase la jurisdicción civil de los cementerios, es propietaria de un buen número de camposantos, a veces, con la oposición vecinal. Como en el caso de los vecinos y vecinas del Paretón, pedanía de Totana: en acuerdo que se adoptó por unanimidad en la junta local vecinal del pasado 26 de abril de 2021, piden que el cementerio pase a ser de titularidad municipal.

En la diputación cartagenera de La Palma, la apropiación de tumbas, nichos y panteones del cementerio por parte de la Iglesia y su posterior inmatriculación se ha producido con unos métodos que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que predica el ‘no mentirás’ (octavo mandamiento), pues ha procedido dolosamente con propietarios y propietarias, unas 129 personas, pero incidiendo en unas 1.500. Por ello, el vecindario de ese pueblo del Campo de Cartagena anda litigando con el obispado de la Diócesis Cartagena-Murcia para recuperar sus propiedades en ese cementerio. Además, constituidos en asociación, los vecinos han recurrido al papa Francisco enviándole un dossier, que también ha sido entregado al nuncio apostólico en España, y contemplan interponer una demanda por la vía civil, una vez descartada la vía penal, desaconsejada por la jueza que instruye las diligencias previas.

En síntesis, el proceso comenzó en 2010, año en que el Parlamento Europeo advirtió a España de que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades tenía los días contados. El cura de la parroquia Santa Florentina de La Palma y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas que sus propiedades no podían estar a nombre de personas que, en algunos casos, ya habían fallecido y que por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad.

El dolo explicado en la Sexta, programa La Roca de 30 de enero de 2022

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En esa ‘actualización’ se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento por cincuenta años; en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior. Se denuncia que todo el proceso se hizo en un ‘clima de presión’ y con toda celeridad, designando a quiénes tendrían derecho de enterramiento, previo pago de 20 euros, y advirtiéndoles de que, si no procedían así, lo habrían de hacer ante notario pagando un mínimo de 100 euros.

Hay que aclarar que las personas propietarias compraron en su día la parcela a la parroquia y edificaron pagando todos sus gastos, incluido el permiso de obras, a la junta del cementerio. Otra vía para la adquisición de fosas, nichos o panteones fue la compraventa entre particulares. Pero en cualquiera de los dos casos, tras la compra se les otorgaba el título de propiedad a perpetuidad.

Estas actuaciones ‘irregulares’ por parte de la Iglesia tropezaron con sus primeros problemas cuando propietarios que acababan de edificar o, sencillamente, cuando la propiedad estaba a nombre de personas vivas se negaron a la ‘actualización’, hechos que no trascendieron socialmente. Solamente en un caso muy significativo: había que ejemplarizar lo que pasaría si te negabas a firmar, y ocurrió cuando falleció el padre de un vecino del pueblo que no había ‘actualizado’ el título. Se presentó parte de la junta del cementerio en el velatorio para decirle al hijo del difunto que horas después no iba a poder enterrar a su padre por el hecho de no tener los papeles en orden.

El presidente de la asociación de afectados, Paco Soto, recuerda que este hecho de 2018, tan irresponsable en esos momentos de dolor fue, en gran medida, el desencadenante de todo. Nos aclara que muchas de las familias, de arraigado sentido católico, no se niegan a que el cementerio sea de la Iglesia, aunque sí están dispuestas a recuperar las propiedades que, con dolo, les han sido arrebatadas, propiedades que, en algunos casos, tienen más de cien años de antigüedad.

Soto hace notar el hecho de que el derecho de enterramiento por cincuenta años reconocido en los documentos entregados a sus antiguos propietarios tiene un carácter discrecional: el párroco puede decidir el límite de familiares enterrados y quiénes pueden serlo. Lamenta, así mismo, que un burofax enviado al obispo de la Diócesis, Lorca Planes, haya obtenido la callada por respuesta, por lo que las familias afectadas están dispuestas a litigar por lo civil para recuperar sus derechos. Desmiente, así mismo, las declaraciones efectuadas a LA OPINIÓN el pasado 21 de enero por José Carrasco, ecónomo de la diócesis de Cartagena Murcia, en las que afirmaba que la diócesis cuenta con tres escrituras públicas que demostraban la titularidad de este camposanto, pues, como se ha dicho, están acreditadas las propiedades de enterramiento por parte de los vecinos y vecinas.

El enquistado conflicto del vecindario de La Palma con la jerarquía católica es una muestra más del enorme peso y privilegios que aún detenta la Iglesia en nuestro país y parece muy lejano aún el día en que el laicismo impregne la vida política y social.

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Julio de 2020: El juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha admitido a trámite la demanda presentada contra la diócesis de Cartagena por 129 personas que consideran que les ha sido arrebatadas con engaño la titularidad de panteones, nichos y fosas del camposanto ubicado en el centenario camposanto de la población palmesana de Cartagena.

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