Preguntas sin respuesta en la Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal
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Enrique Ruiz, Observatorio del Laicismo-Europa Laica
Europa Laica, como todos los años, ha hecho un INFORME detallado (139 páginas) analizando la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica
Este informe, elaborado por el socio de Europa Laica Enrique Ruiz, como viene haciendo todos los años con las Memorias respectivas, viene a poner a lo claro y desmontar todo el ocultismo, incoherencias, ausencia de datos y falta de transparencia, sino simple publicidad eclesial y cortinas de humo, con que la Conferencia Episcopal no-justifica el destino de la Asignación Tributaria del IRPF a lo que está obligada a hacer.
La Iglesia católica ni cumple su compromiso de autofinanciación, ni el Estado y los gobiernos de turno se lo exigen ni tampoco sobre la necesaria y clara justificación de los dineros públicos que recibe por razón del IRPF en los Acuerdos de 1979.
Europa Laica, aun con nuestros limitados medios, aporta esta información a la sociedad como un ejercicio de denuncia a la vez que exigencia a las obligaciones de la Iglesia y del Estado.
En las conclusiones del extenso informe (que se puede leer y/o descargar desde la entrada), podemos leer:
Conclusiones
Responsable: el Estado.- De la lectura del presente informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 41 años: Felipe González concedió los conciertos educativos, la asignación tributaria, la exención del IVA o los acuerdos con las confesiones minoritarias; Aznar, el Plan de catedrales, la reforma de la Ley Hipotecaria, las dos casillas en el IRPF o la Ley de Mecenazgo; Zapatero, el acuerdo con la Ic para subir la financiación en el IRPF o la contratación indefinida de l@s “profesor@s” de religión; y Rajoy, la amnistía registral para las inmatriculaciones o la Ley Wert.
El problema sigue siendo la connivencia y el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las administraciones públicas. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho.
La memoria episcopal no cumple con el compromiso adquirido por la Ic.- Cabe concluir que con dicha memoria la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Asimismo, he demostrado que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.
Fiscalización de las cuentas de la Iglesia.- Es imprescindible que, a la vista del Informe definitivo del Tribunal de Cuentas, el Estado tome cartas en el asunto y se comprometa a crear las condiciones para controlar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic, como las exenciones de que se benefician, poniendo coto al presunto “enriquecimiento injusto” o a las cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios”, que sirven para financiar, tanto sus actividades económicas como las asistenciales, así como a su propia estructura organizativa.
Mucha propaganda y poca transparencia.- En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos sigue siendo puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.
Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los intereses clericales, justifican los “espectáculos confesionales”, las celebraciones y fiestas religiosas, por los supuestos beneficios económicos que originan y por la publicidad que procura a las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica, tan próximos al show bussiness, como Catolicircus.
Lamentablemente hoy, como en años anteriores, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado, en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1976,1979 y 2006.
Informe de Enrique Ruiz-Europa Laica en PDF
Observatorio del Laicismo
Preguntas sin respuesta en la Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal
Enrique del Rosal, Observatorio del Laicismo
Muchas son las respuestas que no encuentran respuesta en la Memoria de Actividades de la IC y que Enrique del Rosal nos plantea.
