Presenta una PNL en el Parlamento que contempla la petición de un plan director para el monumento, además de requerir a la Junta “un listado real” de bienes inmatriculados en Andalucía
Ana Naranjo y Martina Velarde ante la Mezquita-Catedral de Córdoba / ÁLEX GALLEGOS
Carmen Reina, Cordópolis / Europa Press / Diario de Córdoba, 2 de junio de 2021
Unidas Podemos por Andalucía llevará a debate este miércoles al Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) sobre las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia y, en el caso, de que esta iniciativa prospere, pide a la Junta de Andalucía que, “en el plazo improrrogable de tres meses” desde la aprobación de la PNL, inicie “conversaciones con el Obispado de Córdoba” para negociar el retorno de la Mezquita a dominio público.
En caso de no alcanzarse una “solución negociada”, reza el texto, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía deberá “emprender acciones impugnatorias de la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba ante los Tribunales de Justicia”.
Así lo han dado a conocer este martes, en rueda de prensa junto a uno de esos bienes, la Mezquita-Catedral, la parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía, Ana Naranjo (IU), y la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional por Córdoba, Martina Velarde, detallando cómo, mediante dicha PNL, se insta al Ejecutivo andaluz “al inicio inmediato de conversaciones con el Obispado de Córdoba, a fin de acordar una solución que permita el retorno de la Mezquita de Córdoba al dominio público”.
Unidas Podemos por Andalucía presentará la “Proposición no de Ley en Comisión relativa a recuperación de la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia” en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía en la que se insta al Gobierno andaluz de PP y Cs a “iniciar cuantas acciones sean necesarias, incluyendo el recurso a los Tribunales de Justicia” para recuperar para el dominio público andaluz los bienes “indebidamente” inmatriculados por la Iglesia, según han explicado la parlamentaria por Córdoba, Ana Naranjo, y la diputada en el Congreso, Martina Velarde.
Córdoba es la provincia andaluza más afectada con al menos 399 bienes inmatriculados, entre ellos la Mezquita de Córdoba, “uno de los monumentos que mejor simboliza el expolio infringido al Patrimonio Histórico de Andalucía, poniendo en peligro su propia integridad como Patrimonio de la Humanidad y supeditando su potencial como factor de desarrollo local y regional a la explotación mercantil del Obispado de Córdoba”.
Martina Velarde y Ana Naranjo han subrayado que “no podemos permitir que nuestro patrimonio sea expoliado y robado” y que “son las instituciones públicas las que tienen que velar por él”.
Listado de patrimonio inmatriculado
Así, la propuesta de Unidas Podemos plantea desde la creación por parte de la Consejería de Cultura de grupos de trabajos mixtos que, con la participación de las entidades locales y las asociaciones patrimonialistas, trabajen para identificar y documentar el patrimonio público indebidamente inmatriculado en favor de la Iglesia en Andalucía, elaborando un inventario que recoja todos los bienes inscritos, incluidos los anteriores a 1998, hasta la negociación del Gobierno andaluz con el Obispado de Córdoba para la reversión de la inmatriculación de la Mezquita.
Desde la formación han destacado la importancia de construir un inventario “fiable y completo” de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia ya que, han explicado, “aunque sabemos que oficialmente el total de bienes inscritos en Andalucía asciende a 2.111, sospechamos, y así lo vienen denunciando también distintos colectivos sociales, que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que no conocemos con certeza el número de inscripciones anteriores a 1998”.
También quieren en Unidas Podemos que el Ejecutivo andaluz, “a su vez, inste al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley, o dictar norma de rango suficiente, que mándate la cancelación de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica, por ser nulos de pleno derecho, y que se retrotraiga la titularidad de todos los bienes inmatriculados por ese procedimiento a su anterior situación registral, medida que permitiría sustanciar la recuperación para el dominio de aquellos que procedan, o a quienes otros correspondan con título fehaciente”.
En ningún caso se pretende, han señalado, “desposeer a la Iglesia de sus derechos legítimos, pero entendemos que, como cualquier otra persona o entidad, la Iglesia tiene que demostrar por los medios de prueba admitidos en derecho, sin privilegios, la titularidad de cualquier inmueble. No es de recibo que la Iglesia haya inscrito, por ejemplo en Córdoba, al menos 399 bienes sin aportar en la mayoría de los casos documentación que acredite su propiedad sobre ellos”.
“Inacción de la Junta”
En este sentido, la diputada andaluza de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha criticado la inacción de la Junta de Andalucía, “que no puede permanecer impasible a la espera de las actuaciones que acometa el Gobierno central”, ya que, ha recordado, tanto “el Estatuto de Autonomía en su artículo 68.3.1º, como la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía establecen su responsabilidad y su deber a la hora de garantizar la tutela, proteger y conservar el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, monumental y científico de Andalucía”.
Como quinto punto de la PNL y además del ya mencionado referido de forma específica a la Mezquita de Córdoba, se incluye que el Ejecutivo andaluz “cuantifique y detalle las inversiones realizadas por la comunidad autónoma de Andalucía en bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica, entre los ejercicios 1999 a 2020, ambos incluidos”.
Por su parte, la también diputada de Unidas Podemos en el Congreso y secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha señalado que en la actualidad el Gobierno central “está buscando encaje legal a la recuperación de los bienes inmatriculados”, una cuestión que “está plasmada en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE”, en concreto “en el punto 5.11 del acuerdo, donde se dice que se harán todas las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.
