Aprobada la moción, con una transaccional, por la que se insta al Gobierno a impulsar los trámites y el procedimiento para modificar sustancialmente y en su caso derogar el artículo 525 del Código penal, relativo a ofensas al sentimiento religioso. (VÍDEO)
Imagen Religión Digital (la mostraría en su intervención José Manuel Marín (VOX))
Viernes 5 de febrero de 2021
Este pasado jueves se debatió en la Comisión de Justicia del Senado la moción, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Mès per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Común Podem), que insta al Gobierno a impulsar los trámites y el procedimiento para la derogación del artículo 525 del Código penal, relativo a ofensas al sentimiento religioso.
La moción, defendida por el senador de Compromís Carles Mulet y modificada con una enmienda transaccional de los grupos, pide al Gobierno un informe sobre el tipo penal y su adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “a la sensibilidad social del momento”, y reclama impulsar los trámites para “modificar sustancialmente y, en su caso, derogar la tipificación penal contra los sentimientos religiosos”.
La enmienda transaccional fue apoyada también por el grupo promotor de la moción aunque como aclararía Mulet en su segunda intervención (en el vídeo, a partir del min. 14:26), aún entendiendo que la moción presentada era mucho más explícita, se aceptó por llegar a un máximo consenso.
Los autores de la moción advierten en la exposición de motivos de que “en España, bajo la denominación eufemística de ofensas a los sentimientos religiosos, pervive la tipificación de la blasfemia“: el artículo 525 del Código Penal que piden eliminar establece penas de multa de ocho a doce meses para aquellos que “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan”.
Añaden que, aunque “prácticamente no hay condenas por delitos contra sentimientos religiosos”, la existencia de este artículo “sigue permitiendo que se presenten denuncias ante los tribunales contra quienes satirizan sobre asuntos religiosos, que se ven forzados a asumir la llamada pena de banquillo”
Se apoya la moción en informes europeos (Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, el Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y en el último pronunciamiento del Consejo de Europa tras el atentado contra el seminario francés Charlie-Hebdo en 2015 en el que se afirma que “el uso de la sátira, la información o las ideas que puedan ofender, chocar o perturbar, incluida la crítica religiosa, están amparadas por la libertad de expresión”.
La moción, con la transaccional, fue aprobada por 18 votos a favor y 10 en contra
Vídeo debate Senado, Comisión de Justicia
Fuente: Comisión de Justicia del Senado
De la información se hace eco, entre otros medios, Religión Digital, que hace referencia también a intervenciones de los portavoces
El Senado quiere sacar la blasfemia del Código Penal
La Comisión de Justicia del Senado ha pedido al Gobierno elaborar un informe sobre el delito de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal para, en su caso, derogarlo o modificarlo sustancialmente de acuerdo a la jurisprudencia europea.
Todos los grupos, menos el PP y VOX, han votado a favor de una moción de la Izquierda Confederal para revisar el artículo 525, que pena con multa de ocho a doce meses a los que, “para ofender los sentimientos de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias”.
La moción, que ha sido modificada con una enmienda transaccional de los grupos, pide al Gobierno un informe sobre el tipo penal y su adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “a la sensibilidad social del momento”, y reclama impulsar los trámites para “la modificación sustancial o derogación del artículo”.
“Terrorismo judicial” de Abogados Cristianos
El encargado de defenderla ha sido el senador de Compromís Carles Mulet, quien ha denunciado que este artículo que regula la “blasfemia” es un “anacronismo” que sirve para que determinados grupos reaccionarios impartan el “terrorismo judicial contra quienes no piensan como ellos” y ha apostado por derogarlo.
Para Mulet, el artículo es “una rémora” que “no tiene sentido en un Estado aconfesional”, más propio de “un Estado teocrático”.
El senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha recordado que la Constitución ya protege el derecho a la libertad ideológica, con lo que no cree necesario que un tipo penal castigue “los insultos a los sentimientos religiosos”.
A su juicio, “la libertad de expresión no debe restringirse para proteger sensibilidades religiosas”, pero sí se debe castigar a quienes “de manera grave perturben el orden público y llamen a la violencia”.
Ciudadanos también ha votado a favor de la transacional, aunque no quiere derogar el artículo. Su senador Miguel Sánchez López, ha defendido “firmemente” la libertad de expresión, pero ha apuntado que “no debe amparar determinadas conductas ofensivas contra los sentimientos religiosos”.
Libertad de expresión y faltas de respeto
Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, Josep Maria Cervera ha defendido que la penalización “choca contra la libertad de expresión” y, en nombre del PNV, Imanol Landa ha indicado que habría que revisar un tipo penal que tiene “un alto grado de subjetividad”, puesto que es “difícil objetivar la lesión de un sentimiento”.
En contra han votado el PP y Vox. La senadora popular Cristina Ayala ha denunciado las “frecuentes” faltas de respeto a la religión católica, y el de Vox, José Manuel Marín, ha afirmado que “si la blasfemia es libertad de expresión, entonces la corrupción es economía de mercado”.
Marín ha asegurado que “la identidad europea está estrechamente ligada al cristianismo” y ha considerado que el derecho a la libertad religiosa debe ser un límite a la libertad de expresión.
