Un sector del Tribunal de Cuentas se alinea con la Iglesia para frenar la auditoría que destapa el descontrol de dinero público

Ángel Algarra, exmilitar vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, lidera la oposición a la auditoría preliminar adelantada por infoLibre. El informe, que ha suscitado críticas de la cúpula eclesial, queda fuera del orden del día del pleno de este jueves

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 27 de febrero de 2020

El sector del Tribunal de Cuentas más afín a las tesis episcopales mueve ficha contra las primeras conclusiones de la histórica fiscalización del dinero público y las exenciones fiscales que benefician a la Iglesia católica. Un grupo de consejeros, entre los que figuraÁngel Algarra, exmilitar y economista con una trayectoria vinculada a la Asociación Católica de Propagandistas, se han posicionado contra las conclusiones provisionales del informe, que han destapado descontrol y falta de justificación del dinero público y las ventajas fiscales, informan a infoLibre fuentes del organismo de fiscalización.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, no ha incluido este informe entre los asuntos a tratar en el pleno mensual de febrero, que reúne a los once consejeros –incluida la presidenta– y al fiscal jefe de la institución. Dicho pleno está programado para este jueves. El Tribunal de Cuentas señala que el “anteproyecto” todavía no ha pasado ni siquiera por la sección de fiscalización, requisito imprescindible para su paso por el pleno.

Otras fuentes del organismo fiscalizador vinculan este retraso con los desacuerdos en torno a las conclusiones y recomendaciones del informe preliminar, adelantadas por este periódico el pasado 31 de enero [ver aquí y aquí]. Está por ver si el texto que finalmente se apruebe queda diluido en comparación con el provisional, que ha encendido todas las alarmas en la cúpula de la Iglesia. Antes de la publicación de las informaciones por parte de este periódico, el Tribunal de Cuentas mantenía viva la posibilidad de una aprobación del informe en el pleno de febrero. Ahora, una vez evidenciadas las discrepancias en el seno del organismo, dicha aprobación se deja, si no hay nuevos retrasos, para el siguiente pleno, que se celebrará previsiblemente en la última semana de marzo.

Algarra, Mariscal de Gante y Suárez Robledano

El asunto está candente en el seno del órgano fiscalizador. Las posiciones de partida en torno al estatus económico de la Iglesia han sido dispares desde el inicio de la fiscalización, pero el conflicto se ha hecho evidente a raíz de la publicación de las conclusiones preliminares, informan fuentes del órgano fiscalizador.

Ángel Algarra, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y citado por estas fuentes como el baluarte de las posiciones más beligerantes contra el informe provisional, ha sido director de la escuela de negocios CEU Business School, impulsada por la institución benéfico-docente Asociación Católica de Propagandistas. Algarra cuenta con el apoyo de los consejeros Margarita Mariscal de Gante, exministra con José María Aznar (PP) y exdiputada, y José Manuel Suárez Robledano, ambos magistrados con trayectorias ligadas a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerados también miembros del sector más conservador del Tribunal de Cuentas, añaden las mismas fuentes. Suárez Robledano fue portavoz de la conservadora APM.

De diciembre de 2017 a enero de 2020

La fiscalización de la relación económica entre el Estado y la Iglesia es una demanda del movimiento laicista largamente desatendida. El pleno del Tribunal de Cuentas rechazó por última vez en diciembre de 2016 la inclusión de esta auditoría en su programa de fiscalizaciones. La decisión se adoptó con votos particulares en contra, que alimentaron los argumentos favorables a la fiscalización.

PSOE y Podemos empezaron a presionar a favor de que el Tribunal de Cuentas pusiera la lupa a los números de la Iglesia, que tiene un privilegiado estatus económico anclado en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976 y 1979. El clamor fue creciendo. Finalmente, en diciembre de 2017, el pleno aprobó la inclusión de lafiscalización de las relaciones con las confesiones religiosas –no sólo la católica, también la judía, la evangélica y la islámica– en su programa de 2018.Estamos ya en febrero de 2020 y todavía no se ha aprobado el informe. No está siendo un trabajo sencillo.

Las directrices técnicas fueron aprobadas en febrero de 2019. En octubre del pasado año, el Tribunal de Cuentas aún trabajaba con la posibilidad de una aprobación antes de final de año. No fue posible. El informe preliminar con las conclusiones y recomendaciones fue firmado el 22 de enero de 2020. Y ese es el documento que ha provocado el terremoto.

Conclusiones provisionales

Dichas conclusiones provisionales ponen de relieve la opacidad en las exenciones fiscales, la entrega y seguimiento del dinero vía IRPF –más de 250 millones de euros al año directamente salidos del presupuesto público– y otras áreas de la relación económica del Estado con la Iglesia.

El informe sitúa además a la Iglesia bajo sospecha de vulnerar la legislación europea sobre ayudas de Estado al dedicar el superávit que obtiene gracias a la casilla de la Iglesia a sociedades mercantiles como 13TV. El Tribunal de Cuentas también desmiente que la Iglesia haya avanzado hacia la autofinanciación y deja igualmente claro que el dinero que recibe vía IRPF es fondos salidos del presupuesto.

La cúpula eclesial

Se trata de un documento que amenaza el estatus económico de la Iglesia y golpea con dureza elementos clave de su discurso. El contenido del informe preliminar ha causado malestar en la Conferencia Episcopal Española (CEE). La cúpula eclesial no se ha molestado en disimularlo. Las críticas a dicho documento han sido públicas.

El secretario general de la CEE, Luis Argüello, y el portavoz de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, comparecieron el viernes para presentar los ingresos vía IRPF del último ejercicio. Y salió a colación, a preguntas de los periodistas, el informe del Tribunal de Cuentas. Aparte de derivar toda posible responsabilidad de cualquier deficiencia en el funcionamiento del sistema de asignación de recursos públicos a los gobiernos, los responsables episcopales mostraron su oposición a las conclusiones provisionales. Y Giménez Barriocanal dejó un mensaje elíptico encima de la mesa: “Conozco otros documentos que dicen lo contrario de las cosas que se han publicado”. Otros documentos que, a tenor de las palabras del hombre de los números de la Iglesia en España, chocaban con las conclusiones provisionales del Tribunal de Cuentas.

Un “documento de alegaciones”

El pasado fin de semana, tras la rueda de prensa en la sede de la CEE, ABC publicó el contenido de un documento en la línea que indicó Giménez Barriocanal el viernes. Se trata de un “documento de alegaciones” realizado en un departamento del Tribunal de Cuentas ajeno a la elaboración del informe preliminar, según ABC. Dicho documento, presentado durante el trámite de dictámenes y observaciones –en el que se da traslado del informe preliminar a todos los consejeros para que realicen sus aportaciones–, realizagraves consideraciones sobre el trabajo de los tres ponentes, según el diario.

Las observaciones presentadas señalan que el informe preliminar “excede” el ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas, así como algunas de sus normas, como la“objetividad” y la “imparcialidad”. Más en concreto, reprocha que el informe realice “interpretaciones” sobre el contenido que debería tener la memoria justificativa de la CEE sobre el destino dado al dinero público recibido.

El documento coincide con argumentos ofrecidos por la CEE para oponerse al informe preliminar. Por ejemplo, recuerda que los sucesivos gobiernos no han presentado “ninguna queja” sobre las memorias y defiende que el dinero ingresado vía IRPF no es una subvención, lo cual rebajaría las exigencias de justificación. Finalmente, este documento también señala que el desvío de dinero llegado vía IRPF directamente desde la CEE a 13TV no presenta ningún tipo de problema.

Hay que tener en cuenta que la Conferencia Episcopal, al no formar parte de la Administración pública, no es propiamente una entidad fiscalizada. El Tribunal de Cuentas le remitió su informe preliminar, pero no ha tramitado su respuesta como alegación. El “documento de alegaciones” publicado por ABC permite que las posiciones episcopales queden perfectamente recogidas.

infoLibre solicitó al Tribunal de Cuentas dicho “documento de alegaciones”, sin éxito. El organismo afirma que no facilitará información ni comentará los trabajos hasta que esté aprobado el informe.

Otras fuentes del organismo señalan que el autor del documento es Ángel Algarra, al que atribuyen una reacción firmemente contraria a las conclusiones provisionales a raíz de la publicación de las mismas, reacción a su vez alineada con la de la CEE. Este periódico estableció contacto con Algarra para conocer su versión, tanto a través del Tribunal de Cuentas como de la Universidad San Pablo CEU. Algarra conoció el interés de este periódico, pero no respondió.

Este periódico también solicitó a través del Tribunal de Cuentas hablar con Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, sin resultado.

Los ponentes del informe preliminar

ABC, alineado con las tesis de la cúpula eclesial y que publica semanalmente unsuplemento editado por el Arzobispado de Madrid, lanzaba en su informaciónuna acusación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la de “usar al Tribunal de Cuentas para atacar a la Iglesia”. La prueba expuesta por el diario es que una de las ponentes del informe provisional, Enriqueta Chicano, considerada miembro del bloque progresista, es “amiga de Carmen Calvo”, vicepresidenta primera del Gobierno, en quienel diario personifica la autoría de la maniobra gubernamental. En otrainformación, ABC señala que el informe preliminar podría ser constitutivo de un delito de “prevaricación”.

El diario no cita a los otros dos ponentes de dicho informe preliminar. Sólo a Enriqueta Chicano, que ya fue una de las consejeras que en 2016, mediante un voto particular, se pronunció a favor de la fiscalización de la Iglesia. La identidad de los otros dos ponentes se aleja del perfil progresista de Chicano. El Tribunal de Cuentas confirma oficialmente que se trata de Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), y Javier Medina.

Fuentes del órgano fiscalizador adscriben a estos dos consejeros a una línea conservadora, si bien en el caso de Medina recalcan que tiene un perfil más técnico e institucional. Aznar, en cambio, ha sido señalado en diversos ámbitos como un consejero próximo a las tesis más conservadoras. El hermano del expresidente llegó a pronunciar en enero de 2017 una conferencia en la que defendía posiciones habituales de la jerarquía católica en relación con su economía, como que “la Iglesia católica es libre de distribuir la cantidad recibida [vía IRPF] entre sus distintas necesidades” o que el Tribunal de Cuentas es no es competente para su fiscalización. Ecclesia y El Español dieron cuenta de la conferencia.

El Tribunal de Cuentas aclara que Chicano, Aznar y Medina han actuado como ponentes a lo largo de toda la fiscalización. “El criterio que se sigue, respecto a la determinación de un/os ponente/s, es la competencia que pueda tener cada uno de ellos en la fiscalización”, añade el órgano fiscalizador. Otras fuentes contactadas coinciden en que, en efecto, los tres son ponentes por “competencia objetiva” y que no ha habido “componendas políticas”.

Chicano es consejera del Área Político-Administrativa del Estado; Aznar, del Área Económica; por último, Medina es presidente de la Sección de Fiscalización. Son sus competencias las que explican su condición de ponentes.

Mayoría y minoría

El papel de Medina y –sobre todo– de Aznar en el informe provisional debilita la posición de la ofensiva del sector más alineado con las tesis de la Conferencia Episcopal, al hacer menos defendible aún que se trata de una maniobra anticlerical impulsada por el Gobierno.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consideran que hay en marcha una “campaña” para rebajar al máximo las conclusiones y recomendaciones que finalmente sean aprobadas. No obstante, recalcan que, aunque puede haber cambios en la versión final que se aprueba, la posición del sector más alineado con las tesis episcopales está en minoría, al menos a priori. No sólo por los consejeros considerados del bloque progresista, como Chicano, María Antonia Lozano Álvarez, María Dolores Genaro o Felipe García, sino también por consejeros con un perfil más conservador pero no alineados con la cúpula eclesial.

Siempre queda la opción de que los consejeros en minoría emitan votos particulares, recalcan dichas fuentes, que señalan que la presidencia suele intentar, antes de eso, “pacificar” las distintas posiciones y limar asperezas.

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