Antonio Manuel, Facebook, 7 de febrero de 2020
Desde que denunciamos la inmatriculación sin título de la Mezquita de Córdoba en 2010 y se articuló la causa con la Plataforma a nivel local en 2014 y con la Coordinadora Recuperando a nivel estatal, hemos conseguido:
1. Recuperar el nombre de Mezquita para designar el monumento
2. La retirada de los folletos de naturaleza confesional en la que se la llamaba ‘intervención Islámica de la Catedral’ y la redacción de unos nuevos más ajustados a su realidad histórica.
3. La recuperación de su nombre en Google Maps
4. La publicación unilateral de las cuentas por el Cabildo, donde aparece que dedican más de 10 millones de euros a inversiones financieras
5. El reconocimiento administrativo de la necesidad de un plan Director del Monumento
6. El reconocimiento de que no son donativos sino entradas, con la posibilidad de pagar con tarjeta
7. La apertura al público del minarete
8. La declaración de nulidad del convenio de la visita nocturna
9. La retirada de la marca comercial de Mezquita por el Cabildo
10. Informe de la Comisión técnica municipal reconociendo la titularidad pública del monumento
12. La derogación de las normas que permitieron su inmatriculación en 2015
13. El listado de más de 200 bienes inmatriculados en la ciudad de Córdoba, con escándalos como la Plaza del Pocito en la Fuensanta o del Triunfo de San Rafael.
14. La devolución del kiosco de San Hipólito y la Ermita de los Santos Mártires
15. La proposición no de Ley en el Congreso para recabar el listado de bienes inmatriculados desde 1998
16. La resolución del Consejo de Transparencia obligando al Gobierno a divulgar la lista de casi 35000 bienes…
17. Y, sobre todo, la divulgación mundial y estatal que ha permitido asociar innatriculaciones a un escándalo de la Iglesia, sin duda, el mayor escándalo inmobiliario de la historia con la apropiación de 100.000 bienes de toda índole desde 1946, muchos de ellos de naturaleza pública y de valor histórico incalculable.
Nosotros no hemos cambiado un átomo nuestros argumentos desde el principio: la inmatriculación de la Mezquita es nula por utilizar normas inconstitucionales y contrarias a los derechos humanos; y porque la Mezquita siempre fue un bien de dominio público. En cambio, a pesar de los ataques irracionales que hemos recibido, el obispo ha tenido que rectificar en varias ocasiones, negando primero que la adquiriera por consagración, aduciendo después la usucapión y, al darse cuenta que no podía hacerlo sobre un bien público, inventando el mito de una donación para intentar privatizarla. De haber sido verdad, lo hubieran dicho desde el principio y, sobre todo, presentado el título en el Registro.
Todo lo conseguido ha sido posible gracias al esfuerzo, constancia y respaldo de la ciudadanía, desde el rigor y el respeto, dejando claro que no se trata de una cuestión religiosa sino de defensa de la legalidad constitucional y del patrimonio público.
