Tal y como ha relatado en ‘La primera llamada del día’ de SER Navarra, Cristina Contreras, «es una reivindicación con un cierto sentido de humor, pacífica por supuesto, para decir que el tema de las inmatriculaciones no está terminado, no está arreglado y queremos la devolución de todo este patrimonio público que está en manos privadas».
El 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, debería ser un día para reflexionar sobre ésta y otras anomalías que en ella se contienen y no se corresponden con la realidad
Acto día de la Constitución | Dani Duch _____________________
Cada 6 de diciembre España celebra la Constitución de 1978 como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías; una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido para ninguna otra entidad privada.
En el día en que se celebra institucionalmente la Constitución española, la Coordinadora Recuperando explica el porqué de “los bienes inscritos al margen del marco constitucional por la Iglesia católica española gracias a un privilegio hipotecario”
a Seo de San Salvador de Zaragoza, inmatriculada por la Iglesia católica _____________________
Cada 6 de diciembre el Estado español, el Reino de España, celebra la Constitución de 1978 “como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías, una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo”, explican desde la Coordinadora Recuperando.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia católica española ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo de turno que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido jamás para ninguna otra entidad privada.
La Coordinadora RECUPERANDO insta al Gobierno a cumplir la PNL de 2017 sobre bienes inmatriculados. Pide a Pedro Sánchez una solución de Estado al expolio de los bienes inmatriculados
Imagen base, Religión Digital ____________________
El 30 de noviembre de 2025, la Coordinadora estatal RECUPERANDO ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su preocupación por la apropiación masiva de bienes comunales y de dominio público inmatriculados por la Iglesia católica, y para reclamar una respuesta de Estado a este problema.
El escrito parte de los últimos avances en Navarra, donde una investigación impulsada por el Gobierno foral, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ha dejado claro que la Iglesia ha inscrito a su nombre un número muy significativo de bienes de naturaleza comunal y pública.
RECUPERANDO subraya que no se trata de casos aislados, sino del resultado de un mecanismo legal e inconstitucional —la certificación eclesiástica— que durante décadas permitió registrar bienes sin título escrito y sin control imparcial.
El pasado 26 de noviembre el Grupo Parlamentario Sumar, por iniciativa de la Coordinadora Recuperando, registró preguntas al Gobierno relativas a la reiterada negativa del Gobierno a facilitar la información completa necesaria para identificar las fincas regístrales inmatriculadas por la Iglesia Católica con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, para su respuesta por escrito[1]
Tras la exposición de motivos, en el escrito registrado por el diputado Rafael Cofiño y los portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Sumar Enrique Santiago y Jorge Pueyo, se planteaban dos cuestiones:
«¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha cumplido aún con la PNL 161/001437, aprobada por el Congreso en 2017, y no haya facilitado la totalidad del informe emitido por el Colegio de Registradores, incluida la información de las fincas registrales inmatriculadas por la Iglesia Católica, con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria?»
«¿Por qué el Gobierno no facilita las Notas Simples Regístrales que, tal y como especificó el Colegio de Registradores en su comunicación al Ministerio de Justicia el 21 de diciembre de 2017, acompañaron al Informe del Colegio de Registradores sobre los bienes que desde 1998 inclusive hubiesen sido matriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica, a pesar de tratarse de información pública que obra en poder del Gobierno y de que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno haya avalado su entrega a cualquier persona interesada?
A propósito del registro, el Grupo Parlamentario emitía hoy, 2 de noviembre, una nota de prensa:
Tras más de un año de investigación identifica 79 fincas comunales apropiadas por la jerarquía católica, aunque la cifra final puede alcanzar varios cientos. La coordinadora Recuperando aplaude la iniciativa del Gobierno foral y reclama al Ejecutivo de Sánchez que tome medidas en la misma dirección
En Navarra, se está consolidando, por primera vez, a escala autonómica, una línea de trabajo pública y sistemática para identificar y recuperar bienes comunales o de titularidad pública inmatriculados por la Iglesia.
Una investigación[1]impulsada por el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha dado un paso decisivo: tras analizar 174 bienes de 26 entidades locales, se han identificado 79 bienes con base suficiente para reclamar su titularidad pública o comunal, y en 21 casos ya existen pruebas documentales para fundamentar acciones judiciales. El propio Gobierno de Navarra valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar esos 21 bienes.
Ante estos datos, RECUPERANDO subraya que si se han inmatriculado esta gran cantidad bienes públicos en Navarra, es más que razonable considerar que este mismo patrón puede haberse reproducido en otras comunidades autónomas.
Como viene siendo habitual desde hace casi veinte años, el pasado día 22 de noviembre, en el restaurante El Vallina, la Asociación Laica de Rivas, ha celebrado su encuentro anual con socios/as y amigos/as.
Una nutrida representación del estamento político de Rivas, del tejido asociativo, socios y simpatizantes, así como numerosos amigos y amigas que nos acompañan siempre, hemos compartido mesa y amena charla.
Al inicio de la velada y después de saludar a todos los asistentes, el secretario de la Asociación Antonio del Río enunció el desarrollo del encuentro. A continuación, el presidente Juan Ignacio Gómez, hizo un breve resumen de las distintas actividades que la Asociación ha venido desarrollando a lo largo del año. Seguidamente se sirvió la cena.
Coincidiendo con el 30 aniversario de la asociación, APUDEPA (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio) organiza en Teruel el próximo 29 de noviembre una jornada sobre El compromiso con el patrimonio cultural desde la sociedad civil
Con la colaboración de Recuperando y la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro (también con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel), APUDEPA organiza el 29 de noviembre, en el Casino de Teruel, una jornada de reflexión de 16:30 a 20:30 h. en que el debate con participación del público y la presentación de conclusiones pondrán punto final a la jornada.
La presentación correrá a cargo de Enrique Moradell, fiscal de Medio Ambiente, Patrimonio y Urbanismo de Teruel, y de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que también la presidirá, a la que seguirá las intervención de Belén Boloqui, presidenta de APUDEPA, que recordará los 30 años de ejercicio de la Asociación.
En la Jornada se presentarán distintas comunicaciones, entre ellas una ponencia sobre inmatriculaciones «Inmatriculaciones de la Iglesia en España: un expolio consentido», de Cristina Contreras, presidenta de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y de la Ejecutiva de RECUPERANDO.
Basta revisar los Registros de la Propiedad para comprobar hasta qué punto la herencia del nacional-catolicismo sigue intacta. El caso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es quizá el ejemplo más sangrante
El general Franco junto a su esposa y autoridades eclesiásticas saluda brazo en alto en la catedral de Santiago de Compostela en 1938 | Archivo EFE __________________
Se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco. Medio siglo después, España se reivindica como un Estado social y democrático de Derecho. Pero basta mirar hacia los Registros de la Propiedad para comprobar hasta qué punto la herencia del nacional-catolicismo ha estado intacta.
El caso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es quizá el ejemplo más sangrante. En 1975, cuando muere el dictador, el escándalo aún no es conocido. El mecanismo está oculto en la normativa hipotecaria: basta la “declaración” de un obispo para inscribir un bien a nombre de la Iglesia. Sin escritura, sin título de dominio, sin prueba alguna de su propiedad. La firma episcopal actúa como llave maestra del Registro.
Las entidades memorialistas recuerdan que el privilegio hipotecario de la Iglesia procede del nacional-catolicismo
Archivo – Algunas personas protestan frente al Congreso de los Diputados para denunciar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica | Ricardo Rubio / Fuente foto _____________________
La coordinadora estatal Recuperando ha reactivado su llamamiento para que el Gobierno afronte de manera definitiva el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, un mecanismo que permitió la inscripción de miles de bienes sin acreditar la propiedad.
La organización denuncia que este privilegio, ampliado en 1998 por el ejecutivo de José María Aznar, mantuvo su vigencia hasta 2015 y consolidó la apropiación de más de cien mil inmuebles en todo el país, muchos de ellos de titularidad dudosa
Las raíces de un privilegio heredado del nacional-catolicismo