El diputado Rafael Palacios pide al Gobierno que tome medidas en aras a la transparencia
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Juan A. Ardura, La Nueva España, 8 de marzo de 2022
El Colegio de Registradores lleva más de un año sin dar respuesta a una consulta formulada por el Gobierno asturiano para conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Asturias con anterioridad a 1998, año en el que se modificó la Ley Hipotecaria. El diputado autonómico de Podemos, que ha solicitado esa información y también la de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia asturiana desde 1946, pedirá explicaciones de esa tardanza al Ejecutivo regional, al que también reclama una postura más proactiva “en aras a la transparencia”.
El parlamentario Rafael Palacios considera “muy importante” la información relativa a las inmatriculaciones “para saber la totalidad de los bienes”, ya que una información inicial, recabada a través del citado colegio, “tenía un listado incompleto y, además, estuvo un tiempo en un cajón del Gobierno”.
Ante esta situación, el diputado de la formación morada volvió a dirigirse al Ejecutivo regional, a través de la Junta General, para saber si había recibido alguna contestación a la nueva petición de información al Colegio de Registradores. La información de la Viceconsejería de Justicia fue que se había dirigido en dos ocasiones al decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad pero “no le consta” haber recibido respuesta. “La primera de ellas, el 5 de febrero, con motivo de una petición de representantes del Grupo Inmatriculaciones Asturias y del colectivo estatal Recuperando, dirigida a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la Junta, sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia con anterioridad a 1998”, precisó la viceconsejera Encarnación Vicente. Mientras que la segunda ocasión en la que se digirió a la misma entidad ha sido en noviembre del pasado año, para dar cumplimiento a una proposición no de ley de los grupos parlamentarios de IU y Podemos, en la que se pedía la remisión de todas las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1946.
“Vamos a pedir que se tomen las medidas correspondientes y también que el Gobierno se lo tome más en serio porque la ciudadanía tiene derecho a acceder a esa información”, afirmó el diputado Rafael Palacios.
