La cúpula clerical descalifica sin argumentos ni pruebas el informe elaborado por EL PAÍS en torno a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia
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El País, 22 de diciembre de 2021
Matar al mensajero nunca ha sido la solución para atajar un problema y mucho menos uno muy grave. Pero esa es exactamente la estrategia que ha escogido la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante la investigación elaborada por EL PAÍS sobre abusos sexuales cometidos desde los años cuarenta por personas pertenecientes a la Iglesia española. En lugar de tomar cartas con seriedad, diligencia y transparencia en un asunto de extrema importancia, la CEE ha optado por descalificar, tanto desde la propia institución como a través de medios en cuyo accionariado participa, como la cadena Cope, el trabajo riguroso realizado por los profesionales de este periódico. La labor ha quedado plasmada en el informe entregado al papa Francisco quien, a diferencia de sus subordinados en España, sí ha dado pasos concretos que los segundos deberían haber emprendido hace décadas.
Tras día y medio de injustificado silencio, la CEE expresa en una nota aclaratoria —cuya elaboración responde a la publicación, el pasado domingo por parte de EL PAÍS, de la noticia de que el Vaticano supervisa todo el proceso tras el dossier entregado a Francisco con 251 nuevos casos de pederastia en nuestro país— que “sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor, ya que su contenido, de carácter muy dispar, hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación”. Se trata de una afirmación falaz. En la investigación realizada por los periodistas de este medio se ha aplicado un criterio restrictivo, es decir, se ha optado por descartar numerosos casos en los que pudiera haber no ya una duda razonable, sino circunstancias de cualquier tipo que llevaran la investigación de un caso concreto a un callejón sin salida. Ha primado la calidad de la información sobre la cantidad. Pero el organismo que representa a los obispos españoles se permite con una nota llena de retórica generalista arrojar la duda sobre una labor de años cuyo resultado constituye la única contabilidad de referencia existente en nuestro país de casos de pederastia cometidos por personas de la Iglesia, sin excluir los casos publicados por otros medios.
De hecho, esta labor nunca se hubiera producido si los obispos españoles hubieran reaccionado como debían ante las denuncias realizadas por las víctimas. Algunos casos pertenecen a un pasado remoto, pero tampoco lo han hecho con los menos lejanos en el tiempo a pesar de las instrucciones explícitas de la Santa Sede, a la que deben obediencia. En ellas se indica claramente que quien recibe la denuncia tiene el deber de iniciar una investigación. A la inacción pasmosa se suma un intento de descrédito. Ambos contrastan con la actitud adoptada tanto por el mismo Vaticano como por numerosas órdenes religiosas con presencia en España y en cuyo seno también ha habido denuncias de abusos sexuales.
La actitud de la CEE ante estas revelaciones lleva a la inevitable conclusión de que no está interesada en que se investiguen unos hechos terribles. Además del daño causado a las víctimas, lo ocurrido escandaliza a la sociedad española, incluyendo a los católicos. Los obispos de EE UU, Francia y Alemania decidieron libremente hace años encargar a organismos independientes la investigación veraz y acreditada que aquí ha asumido EL PAÍS.
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Editorial publicado en El País el pasado 19 de diciembre
Los abusos de la Iglesia
La Conferencia Episcopal está obligada a rectificar su inacción ante los casos de abusos sexuales perpetrados por eclesiásticos.
El sufrimiento que causan los abusos sexuales va unido a menudo a la incredulidad, el silencio o el rechazo por parte de las personas o instituciones a las que acude la víctima para denunciar la agresión. Es el caso en el que se encuentran numerosos ciudadanos cuyos agresores pertenecían a la Iglesia católica. Al acudir a su jerarquía han chocado sistemáticamente durante años con un muro de silencio o, en casos excepcionales, con buenas palabras y falsas promesas. El resultado de esta actitud obstruccionista ha sido, por un lado, una ausencia completa de justicia —y todavía menos de reparación— y, por otro, una impunidad práctica tanto para los agresores como para quienes les han encubierto.
En octubre de 2018, EL PAÍS comenzó a publicar la que es la mayor investigación realizada sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España y que abarca desde los años cuarenta hasta la actualidad. Un trabajo riguroso donde se ha aplicado un criterio restrictivo que se inició con la publicación de 34 casos y que, hoy en día, abarca ya más de un centenar. Este periódico ha puesto en marcha la única contabilidad de referencia de casos conocidos en España, también publicados por otros medios, y en este momento ascienden a 364 casos y 956 víctimas, 10 veces más que hace tres años. Durante este tiempo otros centenares de víctimas de abusos perpetrados por clérigos o en el entorno de la Iglesia se han puesto en contacto con este periódico a través de un correo electrónico habilitado a tal efecto. Personas, no necesariamente lectores, que han visto finalmente una instancia donde al menos poder ser escuchadas con objetividad y sin prejuicio alguno. Es un primer paso imprescindible que la jerarquía eclesiástica les ha negado sistemáticamente.
Bajo el principio de que la labor periodística es un servicio a la sociedad y ante la evidente pasividad demostrada hasta el momento por la jerarquía católica española, EL PAÍS ha hecho llegar directamente al papa Francisco —cuya condena tajante de los abusos ha sido explícita y reiterada desde el mismo inicio de su pontificado— un informe con otras 251 denuncias formadas por relatos verosímiles acompañados de indicios creíbles. La mayoría de las órdenes religiosas presentes en España, a las que se ha hecho llegar la documentación, han confirmado que abrirán investigaciones.
Es hora de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) adopte una actitud responsable y corrija su renuencia a encargar una investigación independiente de los casos que afectan a las diócesis. Un trabajo de estas características llevado a cabo por la misma CEE estaría marcado desde el principio por la sospecha inevitable de ser juez y parte. Así lo han entendido durante los últimos 20 años las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, Alemania o Francia que libremente han encargado a diversos organismos independientes un trabajo cuyo objetivo prioritario es hacer justicia a niños y adolescentes que vieron traicionada su confianza, primero por los abusos en sí mismos y después por el muro de incredulidad, silencio e incomprensión por parte de la institución a la que pertenecían los agresores y a la que acudieron buscando un amparo que nunca llegó.
